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El juez federal del Distrito de Columbia Richard J. León detuvo por lo menos temporalmente una de las reglas más dañinas en contra de los derechos de los inmigrantes, el juez determinó que los cambios que limitan drásticamente el tiempo para presentar escritos legales en los casos y que también eliminan la autoridad y discrecionalidad de los jueces en algunos procedimientos es inconstitucional y quita a los inmigrantes el derecho a una audiencia completa e imparcial.

 

Además, “limita su derecho a presentar pruebas y a seleccionar un asesor legal de su elección, y elimina los medios esenciales para obtener ayuda migratoria” explicaron las organizaciones en un comunicado.

 

Esta regla era parte de la campaña de Trump en contra de los derechos de los inmigrantes.

 

El juez dijo que los inmigrantes tienen derecho al debido proceso y son severamente afectados por esta regla.

 

Esperamos que la nueva administración de Biden no dé continuidad a esta regla impuesta por el gobierno de Trump y probablemente se dé por finalizada, dejando    la ley anterior que por lo menos daba derechos y oportunidades más justas                      a los inmigrantes frente a las cortes de inmigración y la mesa de apelaciones.

 

En los próximos días tendremos noticias de cómo sigue esta demanda, pero esperamos que esta regla de Trump quede donde debe estar, en la basura, y  podamos regresar poco a poco a un sistema judicial más justo e imparcial para los inmigrantes.

 

TEXAS PRESENTA DEMANDA CONTRA GOBIERNO DE BIDEN POR ESTABLECER PRIORIDADES PARA DEPORTACIÓN DE INMIGRANTES

 

El abogado en general de Texas Ken Paxton involucrado en varios casos criminales en su contra, sigue promoviendo la política de Trump al atacar cualquier cambio           pro inmigrante presentado por Biden.

 

Hace dos días Paxton presentó una demanda ante la corte federal de Texas contra         el actual gobierno, por supuestamente permitir que ciertos inmigrantes con historial criminal sean liberados.

 

 

 

Texas y el estado de Louisiana están atacando al gobierno federal por usar la discreción al decidir a quién deportar o no, una decisión que siempre ha sido legal y constitucional en otra palabras el gobierno federal puede decidir a quién poner cargos criminales o cargos de deportación y siempre ha sido legal y no se puede demandar al gobierno por ello.

 

Cuando recientemente la administración de Biden publicó su famoso memorándum de las prioridades para limitar la detención y deportación de inmigrantes sólo a las personas con cargos criminales o felonías agravados, Paxton se molestó por que es muy diferente a la política de cero tolerancia de Trump que intentaba deportar a todos los inmigrantes, que no tienen un permiso para permanecer en Estados Unidos.

 

La mayoría de los expertos legales creen que esta demanda no progresara por que como lo mencione, es discreción del ejecutivo decidir a quién poner cargos criminales o deportar.

 

Paxton intenta usar esto como un arma política al decir que la administración de Biden está ayudando a criminales, a sabiendas de que la razón para establecer estas prioridades es  proteger los derechos de personas inmigrantes, que no molestan ni hacen daño a nadie y solo  tratan de mejorar su vida.

 

Lo injusto fue la política de cero tolerancia de Trump por la cual personas con 30 años viviendo en los Estados Unidos, con hijos, nietos, trabajos, negocios, pagando impuestos, etc. son deportados solamente por conducir con una licencia vencida.

 

Y cuando el gobierno de Biden trata de hacer algo justo como detener las  deportaciones masivas y usar la discreción, para enfocarse en deportar sólo a las personas con delitos graves, lo tachan de ilegal.

 

Debemos seguir luchando para que las deportaciones no sean masivas y que no lo usen como arma política para dividir el país y en lugar de deportar a más personas promuevan programas para legalizar a los inmigrantes, mejorar la economía y el sistema de justicia de los Estados Unidos.

 

También debemos seguir luchando por que haya cambios permanentes en las leyes de deportación y protección para los inmigrantes, a través del Congreso y no solamente programas ejecutivos.


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