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Que en Bolivia se juzgue a los culpables

 

Tras las elecciones de octubre del 2019, Bolivia despertó de pronto con protestas callejeras, atizadas por grupos de la extrema derecha que se resistían a la idea de haber perdido las elecciones ante un presidente que odia como el diablo a la cruz.  Estos sectores de clase alta, nunca vieron con buenos ojos que un campesino cocalero, como Evo Morales, los gobernara aunque ellos mismos habían sido beneficiados de los frutos de su administración.

Durante los 10 años de Morales, Bolivia pasó de ser el segundo país mas pobre del hemisferio al de mayor crecimiento económico sostenido en la región.

Pero en Estados Unidos gobernaba Donald Trump, un millonario que se hizo líder de la ultraderecha americana, por el solo hecho de pensar como ésta y de repetir los epítetos raciales que a esa clase le envilecen.

En virtud de esa corriente de pensamiento, las mas importantes instancias del país cayeron en manos de los sectores más atrasados de la sociedad americana, y en consecuencia las organizaciones internacionales lideradas y dominadas por Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Secretario General de la OEA era y es aún, Luis Almagro, un hombre ya conocido por su extremismo desbocado, quien había incluso llamado públicamente en el 2018 a que fuera asesinado el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Los grupos de la derecha boliviana, encabezados por el expresidente Carlos Mesa, un individuo destacado por su poca confiabilidad, quien llegó a la presidencia en el 2003 tras la renuncia de Sánchez de Lozada, a quien le dio la espalda en sus momentos mas críticos, para alzarse con el poder.  Meza, fue también funcionario del gobierno de Evo Morales, y luego, al igual que con Lozada, se convirtió en su opositor clamando un supuesto fraude electoral.

La OEA era observadora de los comicios del 2019 que ganó de nuevo Evo Morales.  Luis Almagro, haciendo caso omiso a los informes de los observadores de la organización declaró que había serias pruebas de un fraude perpetrado por el oficialismo.  Esto le dio justificación legal a la ultraderecha apoyada por Washington, para que se perpetrara un golpe de estado.  Así, el jefe del ejercito obligó a Evo Morales a renunciar bajo la amenaza de matar a su familia.  El 13 de noviembre los personajes de la ultraderecha, Luis Camacho y Yanine Añez entraron a la casa de gobierno respaldados por el ejercito y ésta última, se autoproclamó presidenta.

Iniciaron una persecución contra los funcionarios del gobierno de Morales y éste tuvo que huir para salvar la vida.

Luego se produjeron manifestaciones contra el golpe que fueron reprimidas por el gobierno de facto dejando un saldo de 40 muertos y cientos de heridos y encarcelados.

En las elecciones del año pasado el partido de Morales ganó de nuevo las elecciones llevando como candidato a Luis Arce, lo que dejó en claro que no hubo fraude en las elecciones del 2019.

Eventos como el ocurrido en el 2019 en Bolivia no se deben repetir.  Nadie tiene el derecho de quebrantar el orden constitucional para saciar sus ambiciones de poder.  El sistema democrático boliviano tiene sus mecanismos de alternabilidad gubernativa y no es una organización al servicio de otro país como la OEA, quien puede irrumpir y destruir lo que el pueblo boliviano sembró con su trabajo y civilidad.  Los responsables de ese golpe no deben quedar impunes.  Si no se actúa ahora en consecuencia, eventos bochornosos, sangrientos como ese, se volverán a repetir impidiendo que Bolivia, como cualquier otro país del mundo, pueda alcanzar su pleno desarrollo.

 

 


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