SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El presidente dominicano Danilo Medina promulgó el viernes la ley que reconocerá la nacionalidad de miles de descendientes de inmigrantes haitianos pero que excluye a quienes no fueron registrados al nacer.
Tras la promulgación el poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para establecer el reglamento que determinará los mecanismos que usará el registro civil para validar las actas de nacimiento de los desnacionalizados.
La legislación fue elaborada por la presidencia ante las severas críticas y cuestionamientos de organismo internaciones al fallo inapelable del Tribunal Constitucional que en 2013 ordenó abrir juicios individuales para determinar la validez o nulidad de los nacidos desde 1929 de padres extranjeros que no tuviesen permiso de residencia, como ocurre con miles de descendientes de inmigrantes haitianos.
Para el experto en derecho constitucional Juan Miguel Castillo Pantaleón la nueva ley "no contradice" la disposición del Tribunal.
"Si usted entiende que (un acta de nacimiento) adolece de alguna irregularidad, pues usted (el registro civil) tiene que demandarla ante la jurisdicción correspondiente" para que determine su validez y eso ocurrirá cuando se trate de personas que fueron registradas con documentos falsos, detalló.
La nueva ley establece que el registro civil validará las actas de nacimiento, siempre y cuando no hayan sido registradas mediante fraude, como suplantación de datos, de identidad o con documentos falsos por parte de los padres.
César Pina Toribio, consultor jurídico del poder Ejecutivo, detalló que algunos aspectos de la ley, como la inscripción en calidad de extranjeros de quienes no fueron registrados al nacer, pueden comenzar aún antes de la elaboración del reglamento, el cual se centrará en los métodos para que el registro civil determine si el acta de nacimiento de un persona califica para ser revalidada.
El Tribunal respaldó con su sentencia las acciones que realizaba desde 2007 la Junta Electoral, que administra el registro civil, para retener las actas de nacimiento y otros documentos de identidad a los descendientes de haitianos.
Roberto Rosario, presidente de la Junta Electoral y quien comenzó en 2007 la retención de documentos a los descendientes de haitianos, explicó recientemente en un comunicado que el presidente Medina integró en la ley sus sugerencias y recomendaciones para solucionar el problema de los afectados por la desnacionalización.
La Junta es la única institución que, de acuerdo con el fallo del Tribunal, debe solicitar la apertura de juicios individuales para determinar la validez de las actas de los afectados. Si la Junta no lo hace, esos juicios no se realizarán.
Algunos de los afectados desconocen sin embargo cuál será el futuro de los juicios que ya están en proceso para anularles la nacionalidad.
Juliana Deguis Pierre, la mujer de 29 años por cuyo caso el Tribunal Constitucional emitió su polémico fallo, dijo a la AP que sólo espera que le devuelvan la nacionalidad. Su abogado Genaro Rincón consideró que con base en la nueva ley el juicio ya no proseguirá, aunque hasta la tarde del viernes no tenía aún ninguna notificación que se lo confirmara.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el viernes en Ginebra su "preocupación por la situación de los individuos que no fueron registrados al nacer y que podría representar la gran mayoría de los afectados" por la desnacionalización.
Cécile Pouilly, encargada de prensa de esa institución, saludó en conferencia de prensa la nueva ley, pero insistió en la necesidad de transparencia en el proceso para restablecer la nacionalidad.
Noemí Méndez, abogada de afectados por la desnacionalización, consideró que ley deja un amplio nivel de discrecionalidad a la junta electoral para decidir cuáles actas de nacimiento sí podrán ser validadas.
Los grupos que defienden los derechos de los desnacionalizados lamentan que la ley sólo beneficie a aquellos que fueron registrados al nacer como dominicanos. En tanto, obligará a quienes nunca tuvieron acta de nacimiento a regularizarse como extranjeros.
Según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, unos 210.000 descendientes de haitianos serían desnacionalizados por el fallo del Tribunal. La Junta insiste que sólo 24.000 personas serán afectadas y de ellas, unas 13.000 son de origen haitiano.
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