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LA HABANA (AP) — Cuba dispuso prisión domiciliaria este fin de semana para varias personas sancionadas con cárcel la semana pasada en juicios sumarios y que habían sido detenidos durante las inéditas manifestaciones de mediados de mes.

“Fui liberado el sábado por mediación de la presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), Norma Rodríguez que intercedió por mí”, dijo a The Associated Press el artista Carlos González Acosta. “Me anunciaron una prisión domiciliaria, en mi casa, hasta la espera del resultado de la apelación”.

González, de 38 años, fue condenado el martes pasado a una pena de 10 meses de prisión por el delito de desordenes públicos y es una de las 59 personas que las autoridades judiciales indicaron habían sido sancionados hasta ahora tras los disturbios del 11 y 12 de julio. Su abogado había presentado apelación.

El artista relató que fue entrevistado por la presidenta del CNAP en la prisión de Valle Grande, a la que ingresó junto con oficiales carcelarios por la tarde y por la noche se le permitió ir a su casa. Aseguró que otras dos personas --uno de ellos el fotógrafo Anyelo Troya-- habían salido en iguales condiciones.

Hasta ahora las autoridades no informaron cuántas ciudadanos fueron arrestadas en esos días, pero el sábado Rubén Remigio Ferro, del Tribunal Supremo Popular (TSP) indicó que realizaron en los tribunales 19 procesos involucrando a 59 personas con delitos de menor gravedad.

“La motivación, en mi caso personal, que tuve para salir a manifestar, fue ejercer mi derecho a expresar mis opiniones”, dijo González, quien relató que había sido detenido el 11 de julio cuando se retiraba sin haber ejercido violencia. La pluralidad de las demandas —algunas económicas derivadas de la crisis como la carestía, otras sociales y políticas de los disconformes— demostraron, según el artista, la espontaneidad de las protestas.

Tanto desde el TSP como la Fiscalía General de la República se insistió en que los procesos se habían realizado con apego a las leyes cubanas con todas las garantías para los acusados. “No somos trogloditas”, expresó Ferro al defender la actuación de los tribunales.

Las inéditas manifestaciones, las más importantes por el número de personas —unas miles— y por que se desarrollaron en varios puntos del país, sacudieron a Cuba, que atraviesa una dura crisis económica y un rebrote del nuevo coronavirus con más de 8.000 contagios diarios.

En algunos puntos las protestas se tornaron vandálicas con saqueos, robos y enfrentamiento con la policía y vecinos simpatizantes de la revolución que también salieron a las calles. Una persona falleció.

Organizaciones no gubernamentales estimaron en unas 600 las detenciones, aunque en los primeros días se produjeron liberaciones como la del dramaturgo Yunior García Aguilera.

También el actor Daniel Triana informó en redes sociales sobre la excarcelación —el sábado— en proceso de apelación de su colega Alexander Diego Gil.

En estas dos semanas posteriores no se reportaron nuevas manifestaciones ni disturbios. Las autoridades culparon inicialmente a las redes sociales de alentar desde Estados Unidos una campaña y al gobierno de ese país de continuar con su política de sanciones presionando un cambio de modelo político en la nación caribeña.

Sin embargo, el presiente Díaz-Canel hizo una incipiente autocrítica de la parte que le toca a la gestión de gobierno en la dramática situación de la isla en torno a la escases de comida y medicinas, las colas, los cortes de luz y el deterioro de la calidad de vida en barrios populares.

Sus ministros aprobaron medidas de importación y exportación de alimentos, aseo y medicamentos y prometieron una pronta oficialización de leyes para abrir pequeñas empresas privadas, al tiempo que dirigentes del gobernante Partido Comunista y asociaciones afines salieron a visitar barrios pobres y hablar con la gente.

Este lunes una veintena de países encabezados por Estados Unidos condenaron los arrestos mediante una declaración dada a conocer por el Departamento de Estado y que exhorta a las autoridades cubanas “a respetar los reclamos de derechos humanos universales que expresan los cubanos”.

“El gobierno cubano no ha respondido escuchando los reclamos de su propio pueblo, sino acallando todavía más esas voces mediante actos de detención arbitraria y juicios sumarios que se desarrollaron de manera secreta y sin garantías de debido proceso”, expresó el comunicado firmado entre otros por Austria, Israel, Brasil, Montengro y Ucrania.

VALPARAÍSO, México (AP) — Cuando los disparos empezaron a escucharse en el valle, los vecinos se encerraron en sus casas aterrados. Unos 200 hombres armados, según un testigo, saquearon una gasolinera y cuando otros tantos pistoleros de un grupo contrarios a emboscarles, la balacera duró horas, lo cual hacía presagiar lo peor.

Las autoridades tardaron un día en llegar y levantaron 18 cadáveres en San Juan Capistrano, una pequeña comunidad del municipio de Valparaíso, en Zacatecas, un estado del centro-norte de México, estratégico para el trasiego de drogas y armas, ahora disputado por los dos cárteles más poderosos del país: el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El enfrentamiento del 24 de junio puso a Zacatecas ante los reflectores del país, aunque un mes después no hay claridad sobre el número de muertos. Tampoco hay detenidos. Las fuerzas armadas reforzaron su presencia, pero continúan las balaceras y los muertos por todo el estado: un médico aquí, un policía allá, una familia descuartizada, ocho asesinados en una fiesta, dos niñas baleadas con sus padres.

Zacatecas es ahora el estado con mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes, según cifras oficiales. En lo que va del año hubo 746 asesinatos frente a los 1.065 de todo 2020.

Nada de esto es nuevo en un país que lleva más de una década de violencia de los cárteles, pero la situación de Zacatecas, como la de Michoacán o Tamaulipas, en el oeste y norte, pone en evidencia que ni la guerra frontal contra el narco lanzada por el expresidente Felipe Calderón en 2006, ni el enfoque conciliador de “abrazos no balazos” del actual gobierno han logrado romper el círculo vicioso de violencia en el que está inmerso México.

Cambian los actores, los escenarios y las autoridades, pero no los resultados.

“El día que se retiran (los militares) por historia lo sabemos: de pronto, otra vez, hay presencia de grupos criminales disputando el territorio”, dice preocupado Eleuterio Ramos, alcalde de Valparaíso, una localidad a más de 750 kilómetros al noroeste de la capital del país.

Una camioneta baleada hace un mes permanece asomada a un valle de Valparaíso, en una zona de montes bajos al este de la Sierra Madre Occidental que limita con Jalisco, Durango y Nayarit, otros tres estados que en distintos momentos también han estado marcados por la violencia del narcotráfico. El chasis puede verse desde la ladera de enfrente, a kilómetros de distancia, como si fuera un recordatorio de que esa sigue siendo una línea de fuego.

Tanto el cártel de Sinaloa como el CJNG buscan controlar Zacatecas por su ubicación. Ocho estados lo rodean y es un nudo carretero con salidas a importantes cruces fronterizos. Conecta el océano Pacífico con Estados Unidos, ruta de todo tipo de mercancías, entre ellas, el fentanilo, un opioide altamente demandado en el mercado estadounidense, donde ha causado una crisis por sobredosis.

Al oeste de Zacatecas se localizan los laboratorios de drogas sintéticas, dice Óscar Santiago Quintos, titular del departamento de análisis e inteligencia de la Fiscalía federal mexicana. Al norte, en la frontera sur de Estados Unidos, los consumidores.

Y al este, continúa Quintos, se ubica San Luis Potosí, un estado industrial con numerosas empresas de paquetería que se usan para el tráfico de las letales pastillas cuyo consumo se multiplicó en Estados Unidos durante la pandemia. Según cifras de autoridades estadounidenses, 93.000 personas murieron por sobredosis de fentanilo en 2020 y en los últimos nueve meses los decomisos de esta droga en la frontera con México crecieron un 234%.

“La batalla de Zacatecas es parte de una guerra más grande para dominar el mercado del fentanilo, que es el mayor generador de dinero para los cárteles en Estados Unidos”, asegura Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. “Si un cártel es capaz de controlar todo el mercado de fentanilo, su poder será imparable”.

Para Arturo López Bazán, secretario de Seguridad de Zacatecas, el estado también es una importante ruta de tráfico de armas desde el norte. Recientemente, señala, han decomisado incluso armamento antiaéreo.

En los ranchos y comunidades de Valparaíso, pueden no dimensionar todo lo que está en juego en sus tierras, pero sienten su impacto. Balaceras que retumban entre cerros; ranchos a veces impenetrables hasta para dar de comer al ganado; carreteras en las que el miedo impide tanto la llegada de servicios y médicos como de camiones que abastezcan las tiendas.

“En un pueblo controla Sinaloa, en el siguiente Jalisco, en el siguiente Sinaloa otra vez”, explica un líder comunitario de la zona que, como otra decena de entrevistados por AP, pide el anonimato por miedo. “Los civiles miran (a los armados) y no los ven, pero el hecho de compartir territorio (con quien controla ese punto) les hace cómplices a los ojos del grupo enemigo”.

En las carreteras más aisladas y estratégicas, los grupos criminales ponen retenes. Ahí revisan sobre todo los celulares; a veces, atando o golpeando a los hombres para intimidarles más. Si un vehículo no para, abren fuego. Una doctora murió en julio cuando la dispararon al saltarse uno en el vecino municipio de Jerez. Dos paramédicos que llevaban a una mujer en una ambulancia desde una localidad de Jalisco a un hospital de Zacatecas (porque era el más cercano) fueron baleados en junio al cruzar Valparaíso.

También fue asesinado en la carretera un sacerdote días antes, aparentemente por fuego cruzado. Unas vecinas aseguran que les ayudaba a recuperar la luz después de que un grupo armado cortara la electricidad de algunos ranchos.

Generar miedo es clave. Según el líder comunitario, un día se llevaron a un electricista para que presenciara una ejecución y lo contara. También corrió el rumor de que se estaban llevando a los jóvenes a la fuerza para integrarlos a sus filas.

“Había pánico”, confirma un joven de 21 años, el mayor de cinco hermanos. Dice que nunca supieron de dónde salió esa información ni pudieron confirmarla, pero no evitó que algunos jóvenes huyeran. Él y sus hermanos se quedaron porque “no había ni con qué irse, ni para dónde”.

Varias familias se fueron a ciudades cercanas. Otras a Estados Unidos, donde hay tantos zacatecanos como en territorio mexicano, en torno al millón y medio. Es lo que hizo un matrimonio con cuatro hijos que acababa de regresar al pueblo para sembrar, pero se marchó sin hacerlo, aterrado después del tiroteo de finales de junio y de que saquearan su casa, cuenta un familiar.

El resto se encerró. “Fueron quince días que no salimos para nada”, dice Claudina Betancourt, enfermera nacida en la comunidad y la única del pueblo que accedió a dar su nombre. “No teníamos comida, no teníamos nada”.

Betancourt sigue atendiendo a los vecinos, aunque la semana pasada sacó todas sus pertenencias del pueblo y las llevó a Fresnillo, donde viven su hija y su madre, por si un día tiene que irse a toda prisa para no volver más.

Sin cobertura de celular y con sólo dos casetas telefónicas, la falta de información genera incertidumbre.

Unos días después del enfrentamiento, las autoridades encontraron dos cadáveres más, lo que elevó la cifra de muertos a 20, según el alcalde de Valparaíso. Ramos ni confirma ni niega los dichos de algunos vecinos que hablaban del doble de fallecidos, porque dice no tener pruebas. El secretario de seguridad se limita a comentar que la magnitud de la emboscada demuestra que ahora los grupos “vienen con todo”.

Cuantas menos evidencias, mejor para los cárteles, y no es raro que se lleven a sus muertos y no quieran testigos. Este mes fue asesinado un policía que investigaba los hechos de Valparaíso, confirmó a la AP la fiscalía del estado. El secretario de Seguridad afirma que se trató de un ataque directo.

“Todo el mundo le quita o le pone” algo a las versiones, admite el exfiscal Arturo Nahle, servidor público desde hace 35 años con distintos gobiernos y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.

QUITO (AP) — Al menos 18 muertos y decenas de heridos se registraron en las últimas horas en dos cárceles estatales de Ecuador tras enfrentamientos entre bandas rivales en esos recintos, informaron las autoridades el jueves.

Los hechos se produjeron entre la tarde y noche del miércoles en la principal prisión de Guayaquil —la Penitenciaría del Litoral— y en la cárcel de Latacunga, en el centro del país, indicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad.

Agregó que también se han registrado al menos nueve policías y otros 35 detenidos heridos.

Señaló que los amotinamientos causaron daños en zonas administrativas, aunque en las dos prisiones la policía retomó el control de ambos centros penitenciarios, donde en uno de ellos se reportó la fuga de un reo considerado de alta peligrosidad.

La policía informó en su cuenta de Twitter que se registró un intento de fuga en la cárcel de Latacunga, donde los presos habían logrado abandonar el reclusorio y fueron neutralizados en una terreno baldío cercano.

“Son 45 privados de libertad que fueron recapturados luego de que intentaron fugar”, indicó.

Los motines y mortales enfrentamientos en cárceles de Ecuador son relativamente frecuentes. El último de ellos se produjo a mediados de junio cuando una pelea entre bandas rivales dejó un saldo de dos muertos y 11 heridos.

A finales de febrero también se registraron motines con sanguinarias acciones de violencia en cuatro grandes cárceles ecuatorianas, con un saldo de alrededor de 80 internos muertos.

QUARTIER-MORIN, Haití (AP) — Cientos de trabajadores huyeron de negocios en el norte de Haití el miércoles después de que unas manifestaciones en las inmediaciones de la ciudad natal del asesinado presidente Jovenel Moïse se tornaran violentas antes de su funeral.

Periodistas de The Associated Press vieron el cuerpo de un hombre que, según testigos, fue baleado en la comunidad de Quartier-Morin, la cual se ubica cerca de Trou-du-Nord, ciudad en la que creció Moïse. Se colocaron bloqueos en la carretera que une las dos comunidades para impedir temporalmente el ingreso y salida de vehículos, y en el horizonte podían verse densas columnas de humo.

Muchos trabajadores caminaban apresuradamente en fila india a lo largo del camino principal entre Quartier-Morin y Cap-Haitien, la ciudad en la que se llevarán a cabo ceremonias en honor a Moïse a partir del jueves, un día antes del funeral.

Las personas que huían de la zona indicaron que vieron neumáticos quemados y hombres armados que exigían justicia para Moïse. Una mujer, notablemente agotada, dijo que los hombres armados le dijeron “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, orden que fue obedecida por empleados con uniformes de todos colores, que se alejaron de la zona. La mujer se negó a dar su nombre por temor a represalias.

Abnel Pierre, trabajador del Parque Industrial Caracol, dijo que se vio obligado a caminar 45 minutos hasta su casa debido a que los bloqueos impidieron el paso del autobús que traslada a los empleados. Se negó a dar más declaraciones y siguió caminando a toda prisa rumbo a su vivienda al caer la noche.

Fueron las primeras manifestaciones violentas desde que Moïse fue asesinado en su residencia privada el 7 de julio. Los disturbios ocurrieron un día después de que Ariel Henry rindió juramento como el nuevo primer ministro de la nación, comprometiéndose a formar un gobierno provisional por consenso y a restablecer el orden y la seguridad.

En Puerto Príncipe, Martine Moïse, viuda del mandatario, realizó su primera aparición pública desde el sábado, cuando volvió sorpresivamente a Haití. Había estado convaleciendo en un hospital de Miami después de resultar herida en el ataque en el que su esposo perdió la vida.

Llevaba un vestido y mascarilla negros, y su brazo derecho colgaba de un cabestrillo del mismo color durante su reunión con funcionarios cerca del Museo del Panteón Nacional, en donde están realizándose ceremonias para conmemorar a su esposo. La capital permaneció en calma, en contraste con la comunidad del norte de Haití.

Las autoridades han informado de la detención de al menos 26 sospechosos como parte de la investigación del asesinato de Moïse, incluyendo a 18 exsoldados colombianos y a tres policías de Haití. Al menos siete policías de alto rango han sido colocados en confinamiento solitario, sin que se les haya detenido formalmente, indicó el martes el jefe de la policía, Léon Charles.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Una fiscalía de Guatemala detuvo el miércoles a una mujer que supuestamente es parte de una organización de traficantes que mantuvo a una madre privada de libertad y secuestró a su hijo de 4 años, quien apareció muerto posteriormente en la frontera con México.

Luisa Odilia Ramírez fue detenida por la policía en el departamento fronterizo de Huehuetenango, acusada de los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, plagio o secuestro y trata de personas.

Estuardo Campos, fiscal a cargo de la investigación, dijo que además de la mujer se busca a Francisco Román Ramírez Mateo, un presunto “coyote” que participó en el tráfico de la mujer de 24 años y su pequeño. Indicó que tras varios allanamientos, el hombre no había sido localizado.

Según la investigación de la fiscalía, la mujer salió el 19 de marzo de 2021 de su casa con el fin de migrar a los Estados Unidos junto a su hijo, por lo que pagó a traficantes alrededor de 3.600 dólares.

La mujer fue despojada de sus pertenencias personales y se le entregó un celular por el cual mantenían control sobre su trayecto. Al cruzar la frontera entre Guatemala y México, una mujer le arrebató al niño de sus brazos y se lo llevó.

Según el relato de la víctima, regresó a Guatemala y al contactarse con los traficantes éstos la retuvieron y la explotaron sexualmente por varios días bajo la amenaza de asesinar al niño.

Según la fiscalía, Ramírez Mateo habría forzado a la madre del menor a prostituirse y para ello utilizó el secuestro del niño que apareció muerto en un basurero en la zona fronteriza, el 27 de marzo de 2021. A través de fotografías, la madre reconoció al menor que fue repatriado a Guatemala para ser enterrado.

Según la fiscalía se coordina con México para dar con los responsables del secuestro y muerte del pequeño.

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