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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México ha reconocido que el gobierno de Estados Unidos suspendió todas las importaciones de aguacates mexicanos después de que un inspector estadounidense de sanidad en una planta mexicana recibió una amenaza.

La sorpresiva suspensión se confirmó el sábado por la noche en vísperas del Super Bowl, la mayor oportunidad de ventas del año para los productores mexicanos de aguacate, aunque no afectará el consumo el día del partido porque ya los habían enviado.

Las exportaciones de aguacate son la última víctima de las batallas territoriales de los cárteles de la droga y la extorsión de los productores de aguacate en el estado occidental de Michoacán, el único estado de México totalmente autorizado para exportar al mercado estadounidense.

El gobierno estadounidense suspendió todas las importaciones de aguacates mexicanos “hasta nuevo aviso” después de que un inspector de sanidad estadounidense en México recibió una amenaza, dijo la Secretaría de Agricultura de México en un comunicado.

“La autoridad sanitaria estadounidense hoy hizo del conocimiento al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que tomó la determinación luego de que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Uruapan, Michoacán, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial”, escribió la dependencia mexicana.

La prohibición a las importaciones ocurrió el mismo día que los productores de aguacate y la asociación de empacadores presentó su anuncio para el Super Bowl de este año. Los exportadores mexicanos han contratado millonaria publicidad desde hace casi una década para asociar el guacamole como una tradición en el Super Bowl.

El comercial de este año muestra al personaje emperador romano Julio César y varios fanáticos de los gladiadores afuera de lo que parece ser el Coliseo y quienes ponen fin a sus violentas diferencias disfrutando guacamole y aguacates.

La asociación no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones sobre la prohibición, que afecta a un sector cuyas exportaciones alcanzan casi 3.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, los aguacates para el Super Bowl de este año fueron exportados semanas antes del partido.

La embajada estadounidense escribió que “facilitar la exportación de aguacates mexicanos a Estados Unidos y garantizar la seguridad de nuestro personal de inspección agrícola van de la mano”.

“Estamos trabajando con el gobierno mexicano para garantizar las condiciones de seguridad que permitan a nuestro personal en Michoacán reanudar operaciones”, señaló la embajada en sus cuentas en redes sociales.

Debido a que Estados Unidos también cultiva aguacates, sus inspectores trabajan en México para garantizar que los aguacates exportados no porten enfermedades que puedan dañar los cultivos en Estados Unidos.

Fue hasta 1997, que Estados Unidos levantó una veda a los aguacates mexicanos vigente desde 1914 para evitar que una variedad de gorgojos, costras y plagas ingresaran a los huertos estadounidenses.

Los inspectores trabajan para el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

No es la primera vez que la violencia en Michoacán —donde el cártel de Jalisco libra guerras territoriales contra pandillas locales conocidas como Cárteles Unidos— ha amenazado a los aguacates, el cultivo más lucrativo del estado.

En agosto de 2019, un equipo del USDA fue “amenazado directamente” en Ziracuaretiro, un pueblo al oeste de Uruapan. Si bien la agencia no especificó qué sucedió, las autoridades locales dijeron que un grupo criminal robó a punta de pistola el camión en el que viajaban los inspectores.

En aquella fecha, la USDA dijo en una carta que “para futuras situaciones que resulten en una vulneración de la seguridad, o representen un peligro físico inminente para la integridad del personal del APHIS, suspenderemos de inmediato las actividades del programa”.

Los aguacateros de Michoacán dicen que grupos de narcotraficantes los amenazan a ellos o a sus familiares con secuestro o muerte a menos que paguen dinero por protección, que a veces asciende a un equivalente de miles de dólares por hectárea.

El 30 de septiembre de 2020, un empleado mexicano del APHIS fue asesinado cerca de la ciudad fronteriza norteña de Tijuana.

Las autoridades mexicanas dijeron que Edgar Flores Santos fue muerto por narcotraficantes que tal vez creyeron que era algún agente, y un sospechoso fue detenido.

El Departamento de Estado norteamericano dijo que en las investigaciones “se concluyó que este desafortunado incidente fue un caso en el que el señor Flores estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

La prohibición a los aguacates constituye el peligro más reciente para las exportaciones de México debido a la incapacidad del gobierno para someter a las actividades ilegales.

El jueves, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presentó una queja ambiental contra México por no detener la pesca ilegal para proteger a la vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo y que está en peligro crítico de extinción.

La oficina señaló que había solicitado “consultas ambientales” con México, el primer caso de su tipo presentado dentro de los lineamientos del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Las consultas son el primer paso en el proceso de resolución de disputas previsto en el acuerdo comercial que entró en vigor en 2020. Si no hay una solución podrían imponerse en última instancia sanciones comerciales.

El gobierno de México ha abandonado los intentos para imponer una zona libre de pesca alrededor del área donde se cree que viven las últimas vaquitas marinas en el golfo de California, también conocido como mar de Cortés. Las redes tendidas ilegalmente para capturar totoaba han causado el ahogamiento de vaquitas.

El lunes, se prohibió a embarcaciones pesqueras mexicanas en el golfo de México “ingresar en puertos estadounidenses, se les negará el acceso al puerto y a servicios”, dijo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) debido a que durante años las embarcaciones mexicanas han capturado de manera ilegal pargo rojo en aguas estadounidenses del golfo.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un grupo de diputados conservadores del Congreso de Guatemala logró el miércoles 91 votos oficialistas y aliados —de 160 diputados— para aprobar por ley que en el país se festeje “El día por la vida y la familia”.

La celebración obligatoria será cada 9 de marzo, un días después del Día Internacional de la Mujer, lo que obliga a las instituciones publicas a realizar actividades contra la interrupción del embarazo.

El decreto aprobado dice que los tres organismos de Estado deben de realizar actos conmemorativos pertinentes al día, los cuales deberán “resaltar la importancia al respeto por la vida y la familia, el no al aborto y no a la violencia”.

El acuerdo también establece que es obligación estatal la creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población al respecto por la vida y familia.

TIJUANA, México (AP) — Cerca de un centenar de policías y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecían desde hace casi un año en un improvisado campamento que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos.

Las cientos de carpas, cubiertas con bolsas y lonas, que habían colocado los migrantes en los alrededores de la garita “El Chaparral” en Tijuana, estado de Baja California, fueron derribadas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres, ropa y juguetes, para ser trasladados a tres alberges de la localidad.

“Fue una reubicación que se tenía que llevar a discreción para evitar algún colapso”, afirmó el domingo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al explicar a la prensa las razones que llevaron al desalojo del campamento, y agregó que las familias se encontraban en una situación de “inseguridad” especialmente por razones de salubridad.

El grupo de 381 migrantes, integrado por 86 núcleos familiares, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres personas de la comunidad LGBT, fue repartido entre los albergues Centro Integrador del Migrante, proyecto Salesiano y el Santuario del Migrante, precisó la alcaldesa.

Caballero Ramírez indicó que la movilización de los habitantes del campamento se realizó de manera pacífica y que participaron elementos de seguridad para evitar que los migrantes sufrieran alguna eventualidad.

Asimismo, la alcaldesa descartó que la decisión de desarmar el campamento respondiera a una presión de Estados Unidos. “Ustedes saben que la autoridad tijuanense se rige por sus propias normas jurídicas”, agregó.

“Es inhumano porque lo hicieron en la madrugada y los niños están dormidos”, afirmó la migrante mexicana Guadalupe Omeca, al quejarse del desalojo del campamento donde vivió por siete meses. Acompañada por sus tres hijos, un nieto y su pareja, Omeca confesó que temía por el traslado al albergue, y dijo que “tarde o temprano nos van a sacar pues uno trae niños”.

Cerca de la migrante mexicana se encontraba la hondureña Marleni Hernández, quien también se quejó del trato de las autoridades, e indicó que “no lo están haciendo bien porque prácticamente nos vinieron a levantar... como si fuéramos unos delincuentes”.

“Es duro, no es fácil”, dijo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada Hernández al reconocer que se sentía muy vulnerable porque se encontraba en un país extranjero sólo con sus dos hijas pequeñas pidiendo asilo.

El campamento de “El Chaparral” comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzaran contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.

El campamento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de los dos países debido a que estaba afectando el tránsito por uno de los tres pasos peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego, por el que solía pasar una media de unas 12.000 personas a diario.

Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de “El Chaparral” y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.

El desalojo del campamento generó el domingo cuestionamientos de algunos activistas y defensores de derechos de los migrantes.

“Los migrantes centroamericanos y los mexicanos desplazados son seres humanos. Ellos no representan amenaza a México”, afirmó en su cuenta de Twitter Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, al rechazar el desalojo del campamento, hecho que consideró como una “vergüenza”.

BOGOTÁ (AP) — Intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos 14 personas el martes en Risaralda, al oeste de Colombia, informaron las autoridades.

Otras 35 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para su recuperación y una persona más fue reportada como desaparecida.

El deslizamiento se registró en la madrugada en un sector popular en el que hay casas de madera en el barrio La Esneda, del municipio de Dosquebradas, y la Avenida del Río, que pertenece a Pereira, capital de Risaralda.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien confirmó la cifra de víctimas mortales, dijo a la prensa que desde 1977 no se registraba un deslizamiento en la ciudad. El funcionario advirtió que el riesgo de deslizamiento continúa en la zona y, por tanto, instó a los ciudadanos que se retiren del lugar para evitar más víctimas.

“El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que, al colapsar, generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera”, explicó la Alcaldía de Pereira en un comunicado.

Más de 60 viviendas fueron evacuadas y equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.

El presidente colombiano, Iván Duque, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Mi acompañamiento al pueblo Risaraldense en este difícil momento”, indicó en un tuit.

Duque añadió que solicitó al equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de las labores de búsqueda y rescate, estar “en alistamiento para intervenir cuando se requiera”.

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Escuelas y comercios en Haití cerraron sus puertas el lunes y grandes cantidades de policías patrullaban las calles conforme el país se preparaba para un aniversario sombrío.

El lunes no sólo se cumplieron siete meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada, sino que también era el final de su periodo, y opositores exigieron que el primer ministro Ariel Henry deje el cargo argumentando que su gobierno es inconstitucional.

“Estamos en una situación en la que el temor toma el lugar de la paz”, dijo a The Associated Press Bocchit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos. “Nuestro país no puede seguir viviendo así”.

Miles de personas optaron por quedarse en casa el lunes, temerosos de que hubiera más violencia conforme se profundiza la inestabilidad política en Haití, aumenten los secuestros y las pandillas adquieren incluso más poder en un momento de derrumbe económico. Lionel Fortuné, un estudiante de leyes de 33 años, estaba entre los pocos que se aventuraron afuera y esperó mucho tiempo para que un autobús público pasara por las calles vacías.

“Este país se ha deteriorado por completo”, dijo. “No sabes con quién contar, en quién puedes confiar para dirigir al país por el camino correcto”.

Henry, el primer ministro, ha prometido crear un consejo electoral provisional pronto para allanar el camino a elecciones y afirma que se llevarán a cabo para finales de este año, mientras su gobierno intenta mejorar las condiciones de seguridad.

“El atroz asesinato del presidente Jovenel Moïse del año pasado ha llevado al país al borde del caos y nuestras instituciones son totalmente disfuncionales”, escribió en una columna de opinión publicada el domingo por The Miami Herald. “Mi misión y aquella del gobierno que presido es que nuestro país retome su curso para lograr la democracia lo más pronto posible”.

Haití actualmente solamente tiene 10 funcionarios electos, ya que no logró llevar a cabo elecciones legislativas en octubre de 2019 en medio de un estancamiento político y protestas masivas, con Moïse gobernando por decreto durante más de un año antes de ser asesinado. Desde entonces, varios opositores han desafiado a Henry y nominado a sus propios líderes, medidas que el primer ministro no ha reconocido.

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