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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que no aceptará grupos de autodefensa armados, e insinuó que están al servicio de líderes políticos locales o de organizaciones delictivas.

Los comentarios de López Obrador se produjeron luego de que durante el fin de semana se llevó a cabo un ejercicio público por parte de unos 100 individuos armados en el estado de Chiapas, en el sur del país. El grupo, que se hace llamar “El Machete”, dijo que se formó para expulsar a los narcotraficantes de las comunidades indígenas.

López Obrador aseveró que estaban usando eso como una excusa, e indicó que los individuos podrían haber obtenido su variado arsenal de criminales.

“En ningún caso se acepta que se armen grupos”, dijo López Obrador. “Se puede usar como una excusa, que hay mucha inseguridad, y no es eso. Puede ser que se trate de una confrontación política”, añadió.

Aunque el presidente señaló que su gobierno todavía está estudiando al grupo que se formó en el municipio chiapaneco de Pantelhó, puntualizó que no creía que se tratara de residentes hartos de la delincuencia y de los asesinatos.

“O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en la región... o es delincuencia”, comentó. “Hay que ver de dónde obtienen las armas”.

El gobierno anterior acogió brevemente a los llamados grupos de “autodefensa” en el estado occidental de Michoacán en 2013 y 2014, antes de que se descubriera que la mayoría estaban infiltrados por narcotraficantes. López Obrador dijo que es un error que no va a repetir.

Pero no especificó si su gobierno trataría de desarmarlos. Como parte de su estrategia de “abrazos, no balazos”, López Obrador ha evitado cuidadosamente la confrontación directa con manifestantes, cárteles de narcotraficantes y casi cualquier otra persona.

Pero esa estrategia no ha reducido la delincuencia ni los homicidios en México.

Desde mediados de junio se ha registrado una serie de confrontaciones en Pantelhó, y grupos locales de derechos humanos señalaron que cerca de 2.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años debido a la violencia.

De momento no se sabe quién organizó o proporcionó las armas a “El Machete”, que parece contar con integrantes del pueblo indígena Tzotzil. Los hombres aparecieron con el rostro cubierto y con camisetas negras con el logotipo del grupo: un par de machetes cruzados.

En un comunicado publicado previamente en las redes sociales, un vocero enmascarado del grupo aseveró que aproximadamente 200 habitantes de Pantelhó han sido asesinados en los últimos años por “narcotraficantes”. El cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación parecen estarse disputando el control de la región, la cual es utilizada para el tráfico de drogas y de migrantes de la vecina Guatemala.

“Debemos defender la vida de nuestras comunidades”, dijo el portavoz no identificado. El grupo asumió la responsabilidad de un tiroteo en Pantelhó en junio en el que varias personas perdieron la vida.

“Entramos no para atacar al pueblo, sino para expulsar a los sicarios y a los narcotraficantes”, se lee en el comunicado. “Una vez que esté libre de sicarios y narcotraficantes, nosotros como autodefensas del pueblo nos retiramos porque no buscamos el poder ni el dinero para nosotros”.

LIMA (AP) — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco... a la señora Fujimori a que no pongamos... más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú --promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha-- “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala informó el miércoles que en lo que va de julio la patrulla fronteriza estadounidense ha localizado a unos 456 niños guatemaltecos no acompañados en varias ciudades fronterizas del país norteño.

Entre el 12 y 13 de julio, por ejemplo, se encontraron un total de 80 menores, entre niñas, niños y adolescentes del país centroamericano sin acompañamietos y que fueron identificados en las ciudades de Sasabe, Naco y Nogales, Arizona, indicó la cancillería en un boletín de prensa.

“Los menores, con edades entre los 7 y 17 años, son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, quienes fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por haber ingresado a ese país de manera irregular”, detalló.

Según la cancillería, luego de ser detenidos y registrados los menores reciben atención de los consulados guatemaltecos que les informa de los procedimientos a que son enviados. Los menores entran a un proceso de reunificación familiar, dependiendo de los casos particulares y de la decisión de un juez si se hace en Estados Unidos o Guatemala, agregó.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Mientras esperan un nuevo presidente, los haitianos iniciaron el martes una serie de ceremonias oficiales para honrar al presidente Jovenel Moïse casi dos semanas después de que fuese asesinado en su casa.

Los actos se llevan a cabo mientras el primer ministro designado, Ariel Henry, se prepara para reemplazar al interino, Claude Joseph, quien asumió el gobierno con el respaldo de la policía y el ejército tras el ataque del 7 de julio al domicilio particular de Moïse, quien recibió varios balazos mientras que su esposa resultó gravemente herida.

Henry, cuya juramentación está prevista para las horas de la tarde, ha prometido presidir un gobierno provisional de consenso hasta que se realicen elecciones.

“Necesitamos esta unidad para enfrentar los muchos retos que nos asedian”, dijo Henry. “Algunos han observado los últimos acontecimientos con gran estupor, otros se preguntan con razón cómo será el manejo del país”.

Henry dijo que se ha reunido con varios actores no identificados, además de con miembros de la sociedad civil y del sector privado. “Tengo la intención de continuar y profundizar en esas discusiones, porque es la única forma de unir a la familia haitiana”, declaró.

El gobierno ha dado a conocer los integrantes del gabinete. Los ministros de justicia, economía, hacienda, agricultura y otros conservarán sus puestos.

El ministro haitiano de Elecciones, Mathias Pierre, dijo a The Associated Press el lunes que Joseph renunciaría y dejaría el puesto en manos de Henry, quien había sido designado por Moïse poco antes de su asesinato pero aún no había asumido el cargo.

El cambio político se produjo después de que un grupo de destacados diplomáticos internacionales pidieron a Henry que crease “un gobierno por consenso e inclusivo” en un comunicado emitido el sábado que no hacía referencia a Joseph. El llamado Core Group está compuesto por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, así como por representantes de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

La principal coalición opositora, llamada Sector Democrático y popular, llamó a Henry títere de la comunidad internacional y rechazó su nombramiento.

“Este paso es una provocación política que echará leña al fuego y agravará la crisis del país”, dijo.

Robert Fatton, experto en política haitiana de la Universidad de Virginia, dijo que la marcha de Joseph era previsible.

“El destino de Joseph se selló durante el fin de semana”, afirmó. “Todo lo que pasa en Haití tiene un poderoso componente externo”.

La ONU dijo el lunes que Joseph y Henry lograron avances significativos en la última semana para poner fin al bloqueo y que apoya un diálogo para encontrar “un mínimo de consenso” para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas imparciales.

Las autoridades han arrestado a más de 20 sospechosos por su presunta relación directa con el asesinato. La mayoría de ellos son exsoldados colombianos, muchos de los cuales fueron engañados, según funcionarios.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal de apelaciones de México anuló el martes la absolución del capo del narcotráfico durante la década de 1990, Héctor “El Güero” Palma, anunció la fiscalía, lo que le evitó al país una vergüenza internacional en caso de que quedara en libertad.

Un tribunal menor ordenó la liberación de Palma en abril pasado. Sin embargo, los fiscales apelaron la decisión con el argumento que dicha corte aplicó indebidamente la norma de doble incriminación. El tribunal de apelaciones anuló la absolución y falló que el caso de crimen organizado contra Palma no equivalía a juzgarlo dos veces por el mismo delito.

Palma fue trasladado a la prisión mexicana de máxima seguridad del Altiplano luego del fallo. En mayo, un juez había ordenado que Palma debía permanecer 40 días más en prisión preventiva a la espera de la investigación, como un último recurso para evitar su libertad.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la liberación de Palma podría afectar la reputación de México a nivel internacional.

Hace casi ocho años, otro narcotraficante, Rafael Caro Quintero, salió de una prisión mexicana a altas horas de la noche con una orden impropia de liberación por una condena de 40 años en prisión por el asesinato y tortura del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Desde entonces, ha retomado sus operaciones en el tráfico de drogas y ha desatado sangrientas luchas por territorio en el estado de Sonora, en el norte de México.

El asunto es delicado. El gobierno de México comienza a ganarse una reputación como uno que, bajo el mando de López Obrador, ha liberado a más capos del narcotráfico de los que ha capturado, esto como parte de la política del mandatario de dejar de detener a narcotraficantes para evitar violencia.

López Obrador ha reconocido que hizo caso omiso del consejo inicial de sus propios asesores, quienes insinuaron después de la absolución de Palma que no había nada más que el gobierno pudiera hacer para mantenerlo detenido.

Cuando me informaron sobre la orden de liberación, “di la instrucción a la secretaria (de Seguridad Pública) para que hiciera los trámites correspondientes y se llevara a cabo una indagatoria y que se solicitara al juzgado tiempo para recibir información”, comentó el mandatario.

“No es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado... No se puede exponer el prestigio del Estado mexicano”, añadió.

Conocido como “El Güero”, Palma fue el fundador y líder del Cártel de Sinaloa, junto con el encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Él y Guzmán atrajeron una atención no deseada cuando un cardenal católico fue asesinado en un tiroteo entre los hombres del Cártel de Sinaloa y la organización rival de los Arellano Félix en el aeropuerto de Guadalajara. Los hombres al parecer confundieron el lujoso automóvil del cardenal con el de un rival.

Palma fue detenido en México en 1995 y estuvo 12 años en una prisión del país bajo cargos de soborno y de armas, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007, donde cumplió nueve años de una sentencia de 16 por tráfico de cocaína. Fue enviado de regreso a México, donde estuvo detenido para ser juzgado por los cargos de los que el tribunal inferior lo exoneró.

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