Por ELLIOT SPAGAT, BEN FOX y CLAUDIA TORRENS

WASHINGTON (AP) — Para esta mujer de 30 años, lo peor parecía haber pasado ya. Atrás quedaron los duros momentos de 2018, cuando funcionarios estadounidenses la separaron de su hijo de entonces seis años en la frontera estadounidense bajo las políticas de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump ante la inmigración ilegal.

Ella vive ahora con su hijo y trabaja en la construcción en Carolina del Norte. Sin embargo, enfrenta un nuevo problema: intentos de extorsión a familiares suyos en Honduras por parte de pandillas que creen que ella ha recibido miles de dólares en compensación económica.

La madre de esta hondureña ha recibido notas escritas exigiendo 5.000 dólares mensuales, asegura ella.

“Aparentemente yo soy millonaria,” dijo la inmigrante, quien habló en condición de anonimidad por motivos de seguridad. “Porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad y la verdad es que yo tampoco sé cómo hacer. Yo realmente estoy desesperada,” agregó.

Las denuncias recientes de extorsión, reportadas por pocas familias a un abogado, han ocurrido tras titulares recientes en los medios de comunicación hablando sobre posibles pagos a estas familias por parte del gobierno estadounidense.

Los casos parecen incidentes aislados. Aun así, el problema de la extorsión en América Central es generalizado y la razón por la cual muchos piden asilo en Estados Unidos. Activistas y abogados temen que potencial compensación económica a familias que fueron separadas genere más amenazas. Ningún pago se ha realizado y no está claro que se realice ninguno en el futuro.

Ricardo de Anda, un abogado de la mujer y de otras familias ha pedido al gobierno estadounidense que considere la admisión de más parientes en Estados Unidos, debido a esta extorsión.

Las negociaciones entre las familias y el gobierno estadounidense se paralizaron después de que el diario Wall Street Journal reportara que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar 450.000 dólares por persona —o 900.000 por padre e hijo— para compensar por el sufrimiento tras las separaciones. Una persona familiarizada con las negociaciones y que habló con The Associated Press en condición de anonimidad porque las reuniones fueron privadas confirmó que esa cifra había sido mencionada.

“La gente piensa que tengo muchísimo dinero,” dijo un hombre de 47 años, dueño de un negocio en el norte de Guatemala y cuya esposa e hijo fueron separados en la frontera estadounidense hace más de tres años. El guatemalteco dice que vive con miedo y cambia de número de teléfono celular cada dos semanas. Su ansiedad aumentó tras las noticias de potenciales pagos del gobierno estadounidense a familias separadas.

El comerciante vive en Guatemala con su hija de 14 años. Su esposa e hijo de ahora 18 años viven en Atlanta tras haber sufrido la separación en la frontera en 2018 por más de un mes. El hombre dijo que ambos tuvieron que huir de su país porque él recibía mensajes de texto que amenazaban con el secuestro de su hijo si no pagaba dinero.

Al igual que la inmigrante hondureña, el guatemalteco habló con AP bajo condición de respetar su anonimato por razones de seguridad. “Mi vecino me dijo, ‘ya tienes dinero... porque te dieron lo de las personas que están separadas en Estados Unidos’. Y le dije ‘no, no sé nada de eso’”, explicó.

El hombre dijo que él y su hija intentaron ir a Estados Unidos en 2019. Fueron secuestrados en México durante dos semanas y entregados a las autoridades mexicanas tras pagar 3.000 dólares. Después fueron deportados a Guatemala. “No vivo tranquilo y debo estar alerta todo el tiempo,” dijo. “Me gustaría que Estados Unidos me brinde la oportunidad de reunirme con mi familia, de tener a mi hija con la mamá. Me gustaría estar juntos otra vez con ella. Ya van a ser cuatro años separados”

De Anda, abogado de la mujer hondureña y el guatemalteco, dijo a la AP que cinco de las 72 familias que fueron separadas y que él representa le dijeron que fueron amenazadas tras titulares hablando de esos posibles pagos. Una familia en Guatemala fue blanco de un intento de secuestro, dijo.

“Estas familias nos han dicho que ahora se rumorea sobre ellas en sus comunidades (en Latinoamérica) por la supuesta riqueza de la que gozan sus familiares que se encuentran en Estados Unidos. Dicen que están siendo vigilados por supuestos grupos criminales, y que han sido avisados de que tengan cuidado ya que las pandillas los consideran víctimas de extorsión,” escribió De Anda a Michelle Brané, la directora ejecutiva de la Junta de Reunificación Familiar, del Departamento de Seguridad Interna estadounidense o DHS, por sus siglas en inglés.

“Como resultado de información filtrada a la prensa, parientes en Estados Unidos, y los que están en su país natal, viven ahora con un miedo constante,” escribió el abogado.

La junta, que busca reunir a casi 2.000 niños con sus padres en Estados Unidos, no ha recibido quejas específicas sobre extorsión, dijo Brané durante una entrevista en diciembre. Sin embargo, debido a lo comunes que son estas amenazas en América Central, estableció un mecanismo para canalizar esas denuncias a través de la agencia de refugiados de la ONU.

El peligro de la extorsión demuestra la necesidad que tiene la junta de completar su tarea de reunificación de familias, dijo Brané. Hasta el martes de la semana pasada, 112 niños o adolescentes se han reunido con sus padres en Estados Unidos. De momento, pueden permanecer en ese país bajo un alivio migratorio de tres años. Ese plazo podría alargarse si se aprueba una nueva legislación.

Otros abogados de familias separadas dijeron que no saben de amenazas específicas de extorsión debido a noticias recientes sobre posible compensación económica, pero dijeron que éstas son inevitables. “No tengo ninguna duda de que eso está ocurriendo en más casos de los que sabemos,” dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, un grupo que estuvo involucrado en las negociaciones con el gobierno sobre compensación económica.

Las negociaciones han sido delicadas para la administración del presidente Joe Biden. Ésta ha sido criticada por funcionarios que favorecen menos inmigración y consideran impensable que Estados Unidos baraje la idea de compensación económica para las familias. El propio Biden dijo: “Eso no va a pasar”, cuando se le preguntó en noviembre sobre posibles pagos de 450.000 dólares. Más tarde, clarificó que apoyaba la idea de ofrecer alguna compensación.

El mes pasado, el Departamento de Justicia se retiró de las negociaciones sobre compensación económica tras ocho meses de conversaciones, pero no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con las familias. “Mientras que ambas partes no han podido llegar a un acuerdo global en estos momentos, seguimos comprometidos con hablar con los demandantes y ofrecer justicia a las víctimas de esta política despreciable,” indicó el departamento en un comunicado.

La semana pasada, abogados de las familias pidieron a un juez que ordenase al gobierno entregar pruebas sobre cómo la política de separación de familias fue concebida y ejecutada. Es un pedido que quizás signifique una larga batalla judicial. Las negociaciones han proseguido para hablar sobre temas no relacionados con compensación económica, como por ejemplo la reunificación de familias, el cuidado de la salud mental y otros servicios, señalaron varios abogados.

De Anda ha pedido al gobierno que admita en Estados Unidos a parientes de familias que fueron separadas y que han sido amenazados tras los titulares sobre pagos. El gobierno de Biden se ha enfocado en reunir a padres y niños que fueron separados, pero ha asegurado que considerará sumar a parientes adicionales dependiendo de cada caso.

La mujer hondureña dijo que su madre de 56 años ha recibido en Honduras notas escritas por parte de pandilleros que le piden 5.000 dólares al mes. La madre cuida de otros dos hijos de la mujer inmigrante: un niño de 11 años y una niña de siete. La inmigrante espera que todos ellos puedan vivir algún día con ella en Carolina del Norte.

Conocidos de la familia en Honduras les han dicho que los niños podrían correr peligro allí, dijo la mujer. “Yo tengo miedo”, aseguró la inmigrante, quien explicó que acabó en la sala de emergencias de un hospital debido a dolores en el pecho y la ansiedad que le provocaron las amenazas hechas a su madre. “Yo no sé qué pueda pasar con mis hijos.”

Por ASTRID SUÁREZ

CALI, Colombia (AP) — Por primera vez en años Víctor Escobar suspendió la toma de la mayoría de los medicamentos que tiene indicados, entre ellos uno que impide los sangrados que le provoca una enfermedad pulmonar. Ya no los necesitará. Escobar se convertirá en el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal la noche del viernes, si ningún obstáculo se le interpone.

“Siento una tranquilidad inmensa, no siento temor a lo que está por venir”, dijo Escobar, de 60 años, a The Associated Press. “Me han dicho que el procedimiento va a ser una sedación lenta primero, para que tenga tiempo de ir despidiéndome. Después es la inyección de la eutanasia, que va a ser algo sin dolor, una muerte muy tranquila. Confío en Dios de que todo esto sea así”, dijo con una voz tenue mientras resistía un dolor abdominal.

Escobar será el primer beneficiario del histórico fallo de la Corte Constitucional que en julio de 2021 cambió las reglas de la eutanasia en el país y permitió que sea aplicada a personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico a causa de una enfermedad grave e incurable sin que esté en fase terminal.

Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 pero sólo para pacientes en fase terminal, es decir, a quienes les quedaran menos de seis meses de vida.

Desde su apartamento en Cali, adonde nació y morirá, Escobar es consciente de la importancia de su caso, inédito en Latinoamérica: “Es la puerta para que un paciente como yo, con enfermedades degenerativas, tenga la oportunidad de luchar por una muerte digna”.

En países como El Salvador, Bolivia y Panamá no está permitida la eutanasia; tampoco en Perú, aunque allí los jueces realizaron una excepción el año pasado con una mujer que sufre una enfermedad incurable que sólo aplica para su caso. En Chile el Congreso tramita un proyecto de ley que la permitiría y al que le resta la aprobación del Senado. Mientras que en Argentina y México no existe la eutanasia activa, pero hay leyes que permiten a los pacientes rechazar los tratamientos para prolongar artificialmente sus vidas en caso de sufrimiento.

Las dolencias de Escobar ya no cesan ni con morfina. Ha recibido cuidados paliativos y aunque al inicio funcionaron, ya no tienen el mismo efecto. La causa principal son los dos accidentes cerebrovasculares que sufrió en 2008 que le hicieron perder la movilidad de la mitad de su cuerpo, la cual ha recuperado parcialmente. Luego se sumó la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) por la que depende de oxígeno para respirar. También sufre de hipertensión, diabetes, artrosis severa y síndrome de la articulación condrocostal.

Su batalla jurídica para conseguir la eutanasia comenzó hace dos años y medio. Le fue negada en dos oportunidades por clínicas y jueces por no cumplir con el requisito de estar en la fase terminal de su enfermedad.

“Fue un tema complicado enfrentarse a la justicia, a los partidos políticos, a la religión y a muchísima gente con poder siendo alguien que sólo tenía a los medios de comunicación”, dijo a AP Luis Giraldo, abogado de Escobar.

Será un procedimiento reservado y no fue revelado el nombre de la clínica donde se realizará. 

La muerte asistida, aunque es legal, es estigmatizada en Colombia, como demostró el caso de Martha Sepúlveda, a quien en octubre de 2021 le cancelaron el procedimiento horas antes de llevarlo a cabo. Una de las razones fue su aparición en los medios, que hizo que el comité médico de la clínica cambiara su veredicto inicial. Sepúlveda, que sufre esclerosis lateral amiotrófica o ELA, iba a ser la primera paciente no terminal en recibir la eutanasia. El procedimiento ya fue avalado por un juez, pero aún no ha sido practicado.

Escobar se despedirá de sus tres hijos, su esposa, su hermano y sus primos en un almuerzo. “Voy a tener la oportunidad de que ellos me brinden su calor de familia y su acompañamiento y también en nombre mío darles los agradecimientos... a mi familia la amo con toda mi alma. Será un día de regocijo para nosotros y espero que sea algo muy privado”, dijo.

Escobar ha decidido tomar las banderas de la defensa de la eutanasia para que no sea una batalla jurídica sino un derecho efectivo.

Su mensaje va dirigido a los médicos y políticos, especialmente a los congresistas, para que aprueben leyes que regulen la eutanasia en pacientes no terminales. El Congreso colombiano volvió a rechazar en noviembre un proyecto que pedía regular el derecho a la muerte digna al no conseguir los votos necesarios para continuar su trámite.

El congresista Christian Garcés explicó a AP que se opuso al proyecto de ley porque considera que es un tema que no se puede tomar “a la ligera” y que, de aprobarse, favorecería no tanto a los pacientes y sí a las empresas prestadoras de salud porque se “librarían” de millonarios costos para tratar enfermedades. “Si la eutanasia se abre como práctica médica, estaríamos legitimando el asesinato, donde personas abandonadas y humildes terminarían quitándose la vida y muchos profesionales y empresas de salud no podrán apelar a su objeción de conciencia porque una ley los obliga”, agregó.

Aunque las encuestas muestran cada vez menos resistencia a la eutanasia, todavía hay un sector de la población colombiana que la rechaza. La Iglesia católica emitió un comunicado en julio en el que sostuvo que “cualquier acción u omisión con la intención de provocar la muerte para suprimir el dolor se constituye en un homicidio”.

“Si nosotros solicitamos una muerte digna es porque el cansancio de todas las enfermedades ya nos venció, para nosotros ya la vida terminó hace mucho tiempo”, sostuvo Escobar con voz decidida desde el sofá de su humilde casa cuya hipoteca paga con una pensión de 250 dólares.

Reporteros de AP en Latinoamérica contribuyeron en esta nota.

LA HABANA (AP) — Cuba envió este viernes un donativo de 240.000 dosis de sus vacunas contra el coronavirus de producción nacional, Soberana 02, Soberana Plus y Abdala a Siria, al tiempo que las autoridades de ambas naciones destacaron su alianza ante lo que consideraron amenazas de Estados Unidos y sus aliados.

“Las vacunas desarrolladas por la ciencia cubana, primeras en América Latina y el Caribe constituyen un modesto aporte al enfrentamiento de la pandemia a nivel mundial que nos llena de satisfacción poder compartir con el hermano pueblo sirio”, dijo antes de la partida del cargamento la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González. Una pequeña parte del envío fue mostrado a un grupo de periodistas en el aeropuerto capitalino, José Martí.

“Cuba y Siria son pueblos agredidos y acosados por el imperialismo, pero que no ceden en la defensa de su soberanía y su derecho a existir como naciones libres”, agregó la funcionaria isleña.

Estados Unidos incrementó las sanciones contra Cuba durante la administración del exmandatario Donald Trump para presionar cambios en el modelo político en la isla, una dirección que no fue modificada por su sucesor, Joe Biden, a pesar de sus promesas de campaña. Washington acusa al gobierno sirio y a La Habana de violaciones a los derechos humanos.

Una publicación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), creador de Abdala, indicó que el cargamento de esa vacuna en específico para Siria era de 120.000 dosis. Soberana 02 y Soberana Plus fueron desarrollados por el Instituto Finlay.

Cuba es la única nación latinoamericana que diseñó sus propios antígenos, que aplicó a su población a partir de mayo --en un esquema de tres dosis-- logrando controlar un rebrote pandémico provocado por la variante delta de COVID-19 iniciado a principios del año pasado.

El embajador sirio Idris Mayya agradeció el gesto isleño, pero ningún funcionario indicó si éste sería el inicio de algún convenio relacionado con ventas de vacunas, que no tienen todavía el aval de la Organización Mundial de la Salud pero ya se exportaron a países cuya autoridad sanitaria dio la aprobación de emergencia como Venezuela, Nicaragua, Vietnam e Irán.

Cuba comenzó además en estas semanas la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo al tiempo que abrió su vida social y aeropuertos internacionales desde noviembre a fin de activar su economía, golpeada por las sanciones y la pandemia.

Las cifras de contagio comenzaron a subir nuevamente en diciembre y se detectó la presencia de la variante ómicron.

El Ministerio de Salud confirmó este viernes 1.946 nuevos casos de positivos en la jornada del jueves, un salto dramático con los menos de 100 diarios de finales de noviembre. Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 Cuba acumula 972.513 pacientes y 8.325 fallecidos.

Por FABIOLA SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando se habla de México muchos piensan en los tacos, pero el país también es reconocido por su gran pasión por el pan. Cada 6 de enero los mexicanos rinden honor a esa predilección con la Rosca de Reyes, un brioche ovalado adornado con tiras de fruta confitada que data de hace varios siglos.

A pocas horas del 6 de enero, y en medio de un embriagador olor a pan recién horneado, cientos de compradores se agolparon en una de las panaderías más antiguas de la capital mexicana -que se fundó en 1927 dentro de las ruinas del convento de San Francisco el Grande- para adquirir la Rosca de Reyes que se come en el festejo de la tradición católica del Día de Reyes que conmemora la adoración del Niño Jesús por parte de los Reyes Magos y se reparten regalos a los niños.

Entre los cientos de clientes estaba Dalia Hernández, un ama de casa de 34 años, quien afirmó que estaba muy emocionada de retornar a la Pastelería Ideal luego de más de un año de no poder visitarla debido a la cuarentena que impusieron las autoridades por el coronavirus.

Aunque en las últimas semanas han comenzado a aumentar los casos de COVID-19, que ya alcanzan los cuatro millones de contagios, las autoridades mexicanas mantienen la política de flexibilización en cuanto a las concentraciones en los comercios y espacios públicos. Como parte de las medidas preventivas la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, suspendió por segundo año consecutivo la tradición de la gigantesca Rosca de Reyes en el Zócalo de la capital.

“Extrañaba mucho venir a la panadería. El año pasado sólo vino mi esposo, pero esta vez vinimos todos porque es parte de una tradición familiar”, dijo Hernández al reconocer que la Rosca de Reyes ha logrado preservarse por años en México porque “forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad como mexicanos”.

La Rosca de Reyes tuvo sus orígenes en Francia y España en el siglo XIV y llegó a México durante la conquista hasta convertirse en uno de los platos más tradicionales y que según especialistas ha logrado sobrevivir gracias a la gran afición que hay en la nación latinoamericana por el pan, donde hay una ingesta per cápita de unos de 33 kilos al año.

Aunque es un alimento de temporada que sólo se consume los primeros días de enero entre los mexicanos, de todos los estratos sociales, hay una gran afición por la Rosca de Reyes que se evidencia en la fuerte demanda en las panaderías, afirmó el chef Oswaldo Tapia, de la empresa local NTD Ingredientes.

“La Rosca de Reyes es un alimento de tradición que creo que difícilmente pueda desaparecer porque el mexicano es muy panadero”, dijo Tapia, quien tiene casi tres décadas dedicadas a la pastelería. El chef indicó que los mexicanos le han dado su toque distintivo a la rosca al hacerla en forma ovalada y rellenarla con crema o nata.

Tradicionalmente se utilizaba el dulce cristalino del acitrón para decorar las rocas, pero luego de que las autoridades mexicanas prohibieran en 2005 la explotación de las plantas biznagas, pertenecientes a la familia de las cactáceas, para preservar su conservación se cambió el ornamento por el membrillo, la papaya verde o la jícama cocida.

Como parte de la tradición dentro de la Rosca de Reyes se coloca un pequeño niño de plástico que representa a Jesús recién nacido. Quien encuentra al niño se convierte en su padrino o madrina y debe invitar a todos los comensales a unos tamales -una masa de harina de maíz rellena de carne, pollo, chile envuelta en hojas de mazorca de maíz o plátano y cocida al vapor o al horno- el 2 de febrero, cuando se celebra el Día de la Candelaria o Fiesta de la Presentación del Señor.

Envuelta en el murmullo de los cientos de compradores a Ana Morales, una empresaria de 54 años, le vienen a la mente los recuerdos de su infancia que pasó correteando por el patio de la antigua casa de arcos de piedra que su familia le vendió al empresario español Adolfo Fernández para instalar la Pastelería Ideal.

“Este lugar es fascinante, hermoso. Venir hoy por la rosca es de verdad vivir un Día de Reyes hermoso”, dijo Morales con los ojos llenos de lágrimas mientras relataba cómo cada mañana despertaba con el aroma del pan recién horneado y el sonido de los panaderos amasando.

“La verdad es quien no coma Rosca de Reyes… no conoce México. Este es el sabor de México. Es una tradición y un privilegio poder degustar todavía del pan”, concluyó.