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DETROIT, MICHIGAN (ACLU/EVH). - Después de un nuevo análisis publicado por el periódico Detroit Free Press que muestra que la tasa de infección por COVID-19 en la Instalación Correccional Parnall en Jackson excede la de las cárceles en Nueva York y Chicago que habían alcanzado el nivel tope de la crisis, la Unión Americana de Libertades Civiles de Michigan (ACLU)  instó a la gobernadora Gretchen Whitmer y a los líderes estatales a liberar a las personas mayores y médicamente vulnerables de las cárceles.

 La ACLU también grabó entrevistas con personas en prisión que describen cómo se raciona el jabón, las celdas no se desinfectan regularmente, los guardias de la prisión no usan máscaras de manera consistente y no hay máscaras disponibles para los presos. 

Al comienzo de la crisis, la Gobernadora le dijo a los directores de las cárceles locales que liberaran a las personas mayores, a las mujeres embarazadas que se acercaban a su fecha de liberación y que no representaban una amenaza para la seguridad pública. Pero señala que aún la gobernadora no ha autorizado al Departamento de Correcciones de Michigan para que haga lo mismo.

"La gobernadora Whitmer sabe que reducir el número de personas encerradas tras las rejas es fundamental para detener la propagación de COVID-19, y ella tomó un paso audaz y necesario para liberar a las personas vulnerables en las cárceles", dijo Dave Noble, Director Ejecutivo de la ACLU de Michigan. “Pero 40,000 personas sentadas en las cárceles estatales, así como el personal penitenciario, sus familias y comunidades, enfrentan las mismas amenazas, y sus vidas son igual importantes. Puede salvar vidas actuando ahora, pero estos informes inquietantes prueban que el tiempo se acaba”.

Según el MDOC, 662 empleados y personas encerradas han dado positivo por el Coronavirus, y 15 han muerto hasta el 16 de abril. Pero para detener la propagación de COVID-19, los expertos en salud pública instan al distanciamiento social, que no es posible en los cuartos cercanos en los que se alojan personas en prisión. Es por eso que continúan haciendo sonar la alarma: las personas en las cárceles, el personal penitenciario y las comunidades en las que viven enfrentan un riesgo único y grave de un brote de COVID-19.

Muchos presos sufren tasas más altas de afecciones médicas preexistentes que el resto de la población, lo que significa que tienen muchas más probabilidades de enfermarse gravemente e incluso morir si contraen COVID-19. Según los datos publicados por la oficina de la gobernadora a principios de este mes, los afroamericanos representan el 40 por ciento de las muertes de COVID-19 en Michigan, pero solo el 14 por ciento de la población del estado.

"El sistema penitenciario ya estaba roto y COVID-19 lo empeora mucho", dijo Shelli Weisberg, Director Político de la ACLU de Michigan. "Durante esta extraordinaria pandemia de amenaza, la gobernadora y todos los funcionarios electos deben actuar rápidamente para salvar la vida de los más vulnerables y garantizar que una sentencia de prisión no se convierta en una sentencia de muerte".{jcomments on}


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