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WASHINGTON (AP) — La campeona olímpica Simone Biles dijo al Congreso estadounidense el miércoles que “ya era suficiente”, en un emotivo testimonio junto con otras jóvenes gimnastas que sufrieron los abusos sexuales cometidos por el médico de la selección nacional, Larry Nassar.

Biles culpó no solo a la organización de gimnasia sino también a las autoridades federales que “hicieron la vista gorda” a los crímenes cuando cientos de jóvenes atletas fueron víctimas de los abusos.

“Culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que permitió y perpetró su abuso”, dijo Biles entre lágrimas en su testimonio ante la Comisión Judicial del Senado. Agregó que la Federación de Gimnasia y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos “sabían que el médico oficial de su equipo abusó de mí mucho antes de que yo lo hiciera de su conocimiento”.

En respuesta, el director del FBI Christopher Wray dijo que lamentaba “profundamente” los retrasos para consignar a Nassar por el dolor que causó.

Biles consideró que las autoridades deben ahora enviar un mensaje.

“Si eres un depredador que daña a menores, las consecuencias llegarán pronto y serán graves. Ya es suficiente”, recalcó

La audiencia fue parte de un esfuerzo del Congreso por hacer que el FBI rinda cuentas por los múltiples errores en la investigación del caso, incluidos los retrasos que permitieron a Nassar abusar de otras gimnastas jóvenes.

Al menos 40 niñas y mujeres dicen que sufrieron los abusos después de que el FBI fue puesto al tanto de las acusaciones contra Nassar en 2015.

Una investigación interna del Departamento de Justicia, revelada en julio, señaló que el FBI cometió errores básicos en la pesquisa y no trató el caso con la “mayor seriedad” después de que la federación estadounidense de gimnasia reportó las primeras acusaciones ante la oficina de campo de esa dependencia en Indianápolis, en 2015.

El FBI ha reconocido que su proceder fue inexcusable.

Wray culpó a sus propios agentes, que no respondieron adecuadamente a las quejas. Dijo que, ante las víctimas, se compromete a “asegurar que todos en el FBI recuerden lo que pasó aquí” para que no suceda de nuevo.

Un agente supervisor del FBI, quien no investigó adecuadamente el caso de Nassar y luego mintió al respecto, ha sido destituido por la agencia, aseveró Wray.

McKayla Maroney, otra medallista de oro, dijo a los senadores que una noche, cuando tenía 15 años, encontró al médico encima de ella mientras estaba desnuda, una de las muchas veces que fue abusada. Agregó que esa noche pensó que iba a morir.

Maroney dijo que el FBI “la minimizó y la ignoró” después de que denunció a Nassar y dijo que la agencia retrasó la investigación mientras se abusaba de otras.

“Si ellos no me van a proteger, quiero saber a quién están tratando de proteger”, agregó.

Señaló que “durante mucho tiempo todas nos cuestionamos sólo porque alguien más no nos estaba validando, dudamos de lo que nos pasó. Y creo que eso hace que el proceso de sanación sea más largo”.

Aly Raisman, otra medallista de oro olímpica, y la gimnasta Maggie Nicols también denunciaron. Raisman dijo que “le repugna” que todavía estén buscando respuestas seis años después de que se hicieron las acusaciones originales contra Nassar.

Nassar cumple condenas de décadas en prisión por agresiones sexuales y posesión de pornografía infantil en Michigan. Durante los últimos cinco años, cientos de deportistas han revelado que Nassar abusó de ellas cunado pretendía tratar sus lesiones.

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Una mujer de Texas viajó casi 1.600 kilómetros (1.000 millas) a Colorado para poder abortar. Otras están conduciendo cuatro horas a Nuevo México. Y en Houston, las clínicas que suelen efectuar más de 100 abortos semanales sólo están realizando unos pocos al día.

Dos semanas después de que la ley sobre el aborto más estricta en Estados Unidos entró en vigor en Texas, nuevos documentos judiciales mostraron el impacto rápido y cada vez más profundo de la prohibición casi total al aborto en el estado. Un juez federal convocó el miércoles a una audiencia para el 1 de octubre en torno a los intentos del gobierno del presidente Joe Biden para bloquear la ley conocida como SB8.

Una red de clínicas en Texas, que llevó a cabo más de 9.000 abortos en 2020, dijo que hasta ahora le ha negado el servicio a más de 100 pacientes.

“Desde que la SB8 entró en vigor el 1 de septiembre, ha ocurrido exactamente lo que temíamos”, declaró Melaney Linton, presidenta de Planned Parenthood en la costa del Golfo de México, en un documento judicial.

La ley prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de salud puedan detectar actividad cardiaca en el embrión, lo cual ocurre normalmente alrededor de la sexta semana de gestación y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. La ley deja en manos de los ciudadanos su propia aplicación, ya que están autorizados a interponer demandas civiles contra los proveedores de servicios de aborto, así como contra otras personas que ayuden a una mujer a interrumpir su embarazo en Texas.

En los 10 días posteriores a que la ley entrara en vigor, las clínicas de Planned Parenthood en Houston tenían a 63 pacientes programadas para un aborto, muchas menos que las aproximadamente 25 que normalmente acudirían por uno en un solo día, dijo Linton. Once de esas pacientes no pudieron lograr que les realizaran un aborto porque se detectó actividad cardiaca embrionaria durante su cita médica.

A una paciente que tenía unas cinco semanas de embarazo no se le detectó actividad cardiaca en el embrión, pero durante su visita se enteró de que estaba contagiada de COVID-19, lo que significa que, después de una cuarentena obligatoria, su embarazo estaría tan avanzado que ya no podría acudir a que le hicieran un aborto en Texas, según Linton.

En Dallas, la doctora Allison Gilbert dijo que 13 de sus colegas fueron enviados temporalmente a una clínica hermana en Nuevo México para que ayuden a atender la afluencia de pacientes de Texas, y que su propia clínica tendrá que cerrar sus puertas “inevitablemente” si la ley no es derogada.

Los proveedores de los estados vecinos describieron una creciente acumulación de pacientes que cada vez es más difícil de gestionar. En una clínica de Planned Parenthood en Oklahoma City, más del 60% de las 219 citas de las próximas dos semanas son de Texas. El doctor Joshua Yap dijo que una paciente reciente era una menor de Texas que fue violada por un familiar y que estaba embarazada de más de seis semanas; la nueva ley de Texas no hace excepciones en casos de violación o incesto.

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden está intensificando esfuerzos de reunir a familias separadas bajo las severas políticas antiinmigrantes de su predecesor Donald Trump.

Una comisión especial se disponía a lanzar un programa el lunes para hallar a los padres de esas familias, que en muchos casos están en aisladas comunidades centroamericanas, y ayudarles a regresar a Estados Unidos donde podrían recibir al menos tres años de residencia legal y otro tipo de asistencia.

“Sabemos que no podemos sanar totalmente las heridas de estas familias”, declaró Michelle Brané, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Reunificación Familiar, “pero queremos hacer todo lo posible para al menos poder darles una vida mejor”.

El programa contará con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones para la compleja tarea de devolver a migrantes a territorio estadounidense.

La comisión ha logrado unas 50 reunificaciones familiares desde que comenzó su labor a fines de febrero, pero todavía quedan cientos de padres _quizás entre 1,000 y 2,000— que fueron separados de sus hijos a la fuerza y no han sido localizados. Es difícil saber con certeza debido a que la administración Trump no guardó registros debidamente, señaló Brané.

“Es un desafío enorme, con el cual estamos totalmente comprometidos, de hacer todo lo posible para reunificar a estar familias”, indicó la funcionaria en entrevista con The Associated Press.

La administración Trump separó a miles de familias migrantes en 2017 y 2018 como parte de un esfuerzo de procesar penalmente a quienes cruzaban sin autorización la frontera sur. Los menores de edad, que por ley no pueden ser detenidos junto con sus padres, fueron dejados bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Usualmente de allí fueron llevados a vivir con un guardián, como por ejemplo un familiar o una persona cercana a la familia.

Ante intensas condenas a nivel nacional e internacional, Trump emitió una orden ejecutiva suspendiendo la práctica en junio de 2018, pocos días antes de que un juez federal ordenó cesar la política y reunir a las familias separadas, en base a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

ATLANTA (AP) — Al menos 18 de los 20 gorilas del Zoológico de Atlanta han arrojado positivo a COVID-19, informaron funcionarios el martes.

El Zoológico de Atlanta había anunciado los primeros resultados positivos entre sus gorilas orientales de tierras bajas el viernes, después de que los empleados se dieron cuenta de que los animales tosían, tenían escurrimiento nasal y mostraban cambios en su apetito. Un laboratorio veterinario de la Universidad de Georgia reveló que los animales habían arrojado positivo en los análisis a enfermedades respiratorias.

El Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, en Ames, Iowa, confirmó que hasta el momento al menos cuatro de las muestras de los gorilas habían arrojado positivo a la variante delta del coronavirus, informó el zoológico.

El zoológico señaló que utiliza un tratamiento de anticuerpos monoclonales con los gorilas que están en riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Los directivos del zoológico indicaron que no existe evidencia de que los gorilas puedan transmitir el virus a los humanos y que los visitantes están demasiado alejados para ser infectados por los animales.

Debido a que los gorilas viven juntos en cuatro grupos, las autoridades del zoológico aseguran que es imposible mantener en aislamiento a los ejemplares enfermos.

Los directivos del zoológico creen que una empleada asintomática que cuida de los gorilas les transmitió la enfermedad. La trabajadora contaba con cuadro completo de vacunación y portaba equipo de protección personal, incluyendo mascarilla y guantes.

“Según nuestros lineamientos para el personal de atención animal, si muestran los más ligeros síntomas de resfriado, deben permanecer en casa”, dijo el doctor Sam Rivera, director de salud animal del zoológico. “Da la casualidad que la integrante del equipo de cuidado animal desarrolló síntomas al día siguiente y sospechaba que podría tratarse de COVID, por lo que se le realizó una prueba diagnóstica y arrojó positivo”.

Rivera comentó que el zoológico inoculará a los gorilas con una vacuna veterinaria que estaban esperando desde antes de que los animales enfermaran.

Ocho gorilas en el Parque Safari del Zoológico de San Diego fueron atendidos por la presencia de coronavirus en enero. Un lomo plateado de San Diego recibió un régimen experimental de anticuerpos y todos los ejemplares se recuperaron.

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un prominente donante republicano que está acusado de múltiples cargos de tráfico sexual es demandado ahora por una niña que dice él la utilizó para actos sexuales y luego le ofreció dinero para impedir que hablase de ello.

La demanda presentada el martes en un tribunal federal dice que abogados de Anton Lazzaro le ofrecieron 1.000 dólares a la menor y a sus padres para que guardasen silencio y les pidieron que firmasen un acuerdo de confidencialidad. El padre de la niña se negó y en lugar de ello acudió a las autoridades, dijo su abogado, Jeff Anderson.

La demanda, que lista además a los padres como demandantes, dice que Lazzaro usó su “poder, fortuna, conexiones y recursos para reclutar a niños ... para aprovecharse de ellos. Cuando se volvió claro que había cometido delitos graves, Lazzaro trató de coaccionar a las víctimas y sus familias para que guardasen silencio”.

La niña y sus padres no son nombrados en la demanda.

Lazzaro, de 30 años, está preso y fue acusado en agosto de cinco cargos de tráfico sexual de menores, un cargo de intento de tráfico sexual de un menor, uno de asociación para cometer tráfico sexual de menores y tres cargos de obstrucción de la justicia. Su abogado dijo que Lazzaro está acusado falsamente y no cometió ningún delito.

Gisela Castro Medina, de 19 años, estudiante de la Universidad de St. Thomas y expresidenta del capítulo del Partido Republicano en la escuela, enfrenta también cargos por reclutar menores para Lazzaro.

De acuerdo con la demanda, Castro Medina escogió a muchachas jóvenes y niñas en redes sociales y se las presentó a Lazzaro para ser usadas en actos sexuales a cambio de dinero y regalos. La demanda dice que la niña tenía 14 años cuando conoció a Castro Medina en el 2018. En mayo del 2020, cuando tenía 16 años, Castro Medina la reclutó para que conociese a Lazzaro y comenzó a prepararla, explicando que éste era un empresario poderoso, acaudalado e influyente políticamente.

Luego de meses de tráfico sexual reiterado de la niña, Lazzaro trato de coaccionarla para que no hablase, dice la demanda.

Lazzaro tiene conexiones con republicanos poderosos en Minnesota y fotos en sus cuentas en Facebook y Twitter le muestran con líderes prominentes del partido a nivel nacional, incluyendo el expresidente Donald Trump, el exvicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.

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Al Día con El Vocero Hispano: SEIU

 

Entrevista con integrantes del Servicio Internacional de Uniones (SEIU), quienes están luchando por la aprobación de la legalización de todos los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

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