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MIAMI (AP) — Los bañistas en las playas atlánticas de Estados Unidos deberán cuidarse de las grandes olas y corrientes de resaca que provocará el huracán Sam durante el fin de semana al virar hacia el norte, advirtió el Centro Nacional de Huracanes el miércoles.

Se pronostica que el huracán de Categoría 4 permanecerá en el mar, pero sus vientos de 130 mph (215 kph) provoca fuerte oleaje en islas a cientos de kilómetros.

Sam se encuentra unos 730 kilómetros (455 millas) al este de las Islas de Sotavento y se desplaza hacia el noroeste a 14 kph (9 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Los vientos huracanados se extienden has 65 kilómetros (40 millas) del centro y se esperan vientos de hasta 140 mph (225 kph) en los próximos días.

El oleaje afecta las Islas de Sotavento y se extenderán hasta partes de las islas Vírgenes, Puerto Rico, Hispaniola, las Bahamas y Bermuda para el jueves o viernes a medida que la tormenta vira hacia el norte. Se pronostica fuerte oleaje en las playas de la costa atlántica de Estados Unidos y en las provincias atlánticas de Canadá para el fin de semana.

 

HOUSTON (AP) — Un recluso en Texas enfrenta ejecución el martes por asesinar a cuchilladas a dos hermanos en el área de Houston durante un robo de morada hace más de 30 años.

Rick Rhoades fue condenado por los asesinatos en septiembre de 1991 Charles Allen, de 31 años; y Bradley Allen, de 33. Los asesinatos ocurrieron menos de un día después de que Rhoades había salido en libertad condicional tras una sentencia por robo de morada. Rhoades va a ser ejecutado con una inyección letal en el penal estatal en Huntsville.

“Esperamos que la familia Allen encuentre paz luego de casi 30 años esperando por justicia para sus seres queridos. La pena de muerte debería ser reservada para lo peor de lo peor y un jurado en el condado Harris determinó hace mucho tiempo que este acusado lo es. Honremos la memoria de las víctimas, Chales y Bradley Allen, y no olvidemos nunca que nuestro foco siempre ha estado y siempre estará en las víctimas”, dijo Kim Ogg, fiscal del condado Harris, en una declaración.

Los abogados de Rhoades pidieron a la Corte Suprema que pare la ejecución, argumentando que su derecho constitucional al proceso debido fue violado porque al acusado se le ha impedido proceder con afirmaciones de que algunos jurados potenciales pudieran haber sido descartados por discriminación racial.

Esas afirmaciones fueron rechazadas este mes por un juez federal en Houston, en un fallo ratificado el lunes por una corte federal.

Rhoades, de 57 años, tenía un largo historial penal, incluyendo condenas por robo de casas y autos en Florida, Iowa y Texas, cuando entró a la fuerza en la vivienda de Charles Allen en el suburbio de Pasadena.

En el juicio, los fiscales le dijeron al jurado que los hermanos estaban dormidos cuando Rhoades entró a la casa en la madrugada y atacó a Charles Allen cuando este estaba en su cama. Bradley Allen fue acuchillado cuando acudió en defensa de su hermano.

Rhoades fue arrestado un mes más tarde cuando fue sorprendido cometiendo robo en una escuela primaria.

Grupos religiosos, muchos de ellos defensores de una política migratoria más amable, tratan de mantenerse al día con los rápidos sucesos de la crisis de migrantes haitianos en la frontera de Texas con México, tratando de ayudarles mientras critican las duras tácticas de la Patrulla Fronteriza empleadas contra ellos.

Antes de que miles de inmigrantes haitianos se dispersaran la semana pasada de un campamento en la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, una coalición de iglesias y otros grupos les proporcionaba sándwiches, agua y otros artículos esenciales. Desde que se dispersaron, muchos de los migrantes han recibido ayuda de grupos religiosos en Houston y El Paso mientras buscan ponerse en contacto con familiares y patrocinadores en todo Estados Unidos.

Los críticos dicen que los esfuerzos de los activistas religiosos animan a que vengan aún más inmigrantes. Pero quienes brindan la asistencia la ven como una extensión de su mandato religioso para ayudar a los necesitados.

“Somos apolíticos”, dijo Carlos Villareal, un líder del área de Houston en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ha movilizado voluntarios en un centro de transición de corto plazo en dicha ciudad para ayudar a cientos de migrantes que llegan de Del Río.

“Nuestra preocupación son principalmente las familias”, dijo Villareal. “También es la regla de oro: haz con los demás lo que harías por ti”.

El centro de transición se estableció a principios de este año a pedido de la Casa Blanca en respuesta a oleadas de migrantes anteriores, dijo Villareal. Proporciona a las familias un lugar para ducharse, comer y comunicarse con patrocinadores que podrían pagar sus boletos de avión o autobús y permanecer con ellos mientras su proceso migratorio avanza.

Se espera que la mayoría de los migrantes haitianos soliciten asilo o algún otro estatus legal a los jueces de inmigración, pero las solicitudes podrían ser denegadas y conducir a una eventual deportación.

Villareal dice que los migrantes relatan historias similares a la de sus padres, quienes emigraron de México en busca de una vida mejor, de no ser una carga para la sociedad.

“Estas personas solo están aquí buscando una oportunidad”, dijo.

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden redobló el lunes sus esfuerzos para proteger de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, la maniobra más reciente en un extenso drama en torno a la legalidad del programa DACA.

El gobierno propuso una norma con la que pretende satisfacer las inquietudes de un juez federal en Houston que en julio pasado decretó que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA por sus iniciales en inglés) era ilegal, principalmente debido a que el gobierno del entonces presidente Barack Obama pasó por alto requerimientos procesales al momento en que el programa entró en vigor en 2012. La nueva norma es similar a la iniciativa de la era de Obama, recreando la política de 2012 con el objetivo de afianzarla en una base más sólida al atravesar el proceso de regulaciones federales.

El juez federal de distrito Andrew Hanen, asignado por el presidente George W. Bush, dijo que el gobierno de Obama excedió su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada. El magistrado permitió que continuaran las renovaciones al programa pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden está apelando el fallo.

La propuesta de 205 páginas solicita retroalimentación pública a fin de atender las preocupaciones de Hanen, aunque de momento se desconoce si eso será suficiente. La norma se publicará el martes en el Registro Federal, lo que dará lugar a un período de 60 días para comentarios del público, con lo cual se hace poco probable que entre en vigor durante varios meses.

La oficina del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien junto a otros ocho estados impugnó el DACA ante el juez Hanen, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Obama creó el DACA con un memo emitido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Su intención era ser una medida provisional hasta que el Congreso legislara una solución permanente, lo cual nunca ocurrió.

Y ya que el DACA no es producto de una legislación, encaja en la categoría de las políticas que pueden alterarse fácilmente con el cambio de gobierno. El presidente Donald Trump intentó rescindir el memo del DACA y poner fin al programa, pero la Corte Suprema llegó a la conclusión de que no lo hizo de forma adecuada.

Al intentar reforzar el DACA mediante una regla formal — lo que significa un proceso más riguroso que el memo original, aunque sigue sin ser una legislación —, el gobierno espera obtener el aval de los tribunales.

Lo más posible es que se requiera nuevamente de la intervención de la Corte Suprema, a menos que el Congreso actúe primero.

La medida del gobierno de Biden se produce en momentos en que los legisladores demócratas atraviesan problemas para incluir cláusulas migratorias en su paquete de iniciativas sociales y ambientales por 10 años y 3,5 billones de dólares. La inclusión de provisiones que ayuden a millones de migrantes a permanecer en Estados Unidos ha sido una de las máximas prioridades de legisladores progresistas y a favor de la migración, y los demócratas no pueden darse el lujo de perder muchos votos.

Sin embargo, la parlamentaria del Senado señaló a principios de este mes que las disposiciones migratorias no pueden permanecer en la iniciativa de ley debido a que significan una violación a las reglas presupuestales de la cámara.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, volvió a pedir al Congreso el lunes que actúe con rapidez para brindar “el estatus legal que necesitan y merecen”.

“La administración Biden-Harris sigue tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones a este país”, dijo Mayorkas, utilizando un término común para los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con sus padres cuando eran niños. “Esta propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo”.

Algunos activistas en favor de la inmigración respaldaron la postura de Mayorkas de que la presión está sobre el Congreso.

“Una versión más formal del DACA estabilizará las vidas de los dreamers elegibles, pero se requiere de acciones legislativas para consolidar las contribuciones de los beneficiarios del DACA, expandir las protecciones a otros dreamers y forjar un mecanismo para el estatus legal permanente”, dijo Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración. “Formalizar el DACA es un paso positivo, pero no es una solución permanente”.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una iniciativa a principios de este año que otorga herramientas para que los dreamers se conviertan en residentes permanentes legales, pero la propuesta no ha avanzado en el Senado, donde los republicanos la han bloqueado y las negociaciones bipartidistas se han estancado. El fallo de la parlamentaria del Senado lastró aún más sus perspectivas legislativas. Los partidarios de la medida han dicho que presentarían cláusulas migratorias alternativas con la esperanza de que puedan añadirse a la propuesta, pero se desconoce si dicho plan tendría éxito.

Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que la propuesta del gobierno no conlleva cambios importantes y “es un intento de proteger el programa existente de los litigios”.

La propuesta se adhiere al mismo criterio, el cual incluye haber llegado al país antes de cumplir los 16 años, residir continuamente en Estados Unidos desde su llegada y haber estado en el país para el 15 de junio de 2012.

Desde 2012, más de 825.000 inmigrantes se han inscrito al DACA.

WASHINGTON (AP) — Es una semana relevante para la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, una vez que los líderes demócratas recortaron su paquete de impuestos y gastos de 3,5 billones de dólares a fin de obtener el apoyo de los legisladores restantes y trabajar para aprobar rápidamente la iniciativa y evitar un cierre de gobierno.

La agenda de Biden en asuntos nacionales cuelga en la balanza, a riesgo del colapso y los efectos colaterales si él y los líderes demócratas no pueden reunir a su partido para sacar adelante la que podría ser una iniciativa importante y la renovación más grande de prioridades gubernamentales en décadas. Durante el fin de semana, Biden habló personalmente con legisladores sobre pasos posibles, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca que pidió mantener el anonimato para discutir las conversaciones privadas.

Como se esperaba, el voto del lunes para un paquete bipartidista relacionado de infraestructura de un billón de dólares es ahora pospuesto para el jueves en medio de negociaciones en curso. De manera más inmediata, el Senado tiene un voto de prueba programado para el lunes que mantenga al gobierno con fondos y evitar un incumplimiento de deuda federal antes de la fecha límite del jueves para el año fiscal. Esa medida parece enfilarse a un bloqueo de los senadores republicanos —lo que asegura que los legisladores tendrán que tratar de nuevo en la semana.

“Sólo puedo decir que es una semana ajetreada”, señaló la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el domingo en entrevista para el programa “This Week” de la cadena televisiva ABC.

Biden, Pelosi y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, están metidos de lleno en las negociaciones sobre la propuesta más amplia del presidente, la cual está siendo modificada para obtener el apoyo de senadores clave y algunos legisladores de la Cámara de Representantes que hasta ahora han rechazado la cifra de 3,5 billones de dólares y los incrementos a los impuestos para corporaciones y los ricos.

Las negociaciones tras bambalinas se llevan a cabo, lo que permite el espacio necesario después que el voto esperado del lunes para la medida de acompañamiento de un billón de dólares sobre obra pública fue pospuesto.

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Al Día con El Vocero Hispano: Teresa Hendricks

Andrés Abreu habla con la abogada Teresa Hendricks sobre los trabajadores migrantes.

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