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WINDSOR, Canadá (AP) — El cruce fronterizo de mayor tránsito entre Canadá y Estados Unidos reabrió por completo el lunes por la tarde después de una investigación policial sobre posibles explosivos encontrados dentro de un vehículo.

La policía informó que detuvo a una persona con relación a la pesquisa que obstaculizó el tránsito durante casi siete horas en el Puente Ambassador, que conecta a Detroit con Windsor, Ontario.

Un alto funcionario del gobierno, que habló a condición de guardar el anonimato, dijo que la policía federal no estaba tratando el incidente como un acto de terrorismo ni de seguridad nacional. El Equipo Integrado de Aplicación de la Seguridad Nacional de la Real Policía Montada de Canadá se habría involucrado si se sospechara de un acto de terrorismo.

“Se cree que no hay más personas involucradas en este incidente”, escribió la policía de Windsor en Twitter. “Se cree que es un incidente aislado”.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dijo que las operaciones normales se reanudaron poco después de las 5 p.m.

La policía de Windsor indicó que la agencia fronteriza los alertó el lunes por la mañana después de que se encontraron posibles explosivos en un vehículo en la zona de inspección secundaria del complejo del puente, del lado canadiense de la frontera. El tránsito con dirección a Canadá se detuvo aproximadamente a las 10 a.m. La policía comentó que en ningún momento se cerró por completo la circulación desde Canadá hacia Estados Unidos.

Según la policía, el conductor del vehículo quedó detenido y bajo custodia de los servicios fronterizos.

Las autoridades comentaron que no se hicieron amenazas directas a personas ni lugares con relación al hallazgo de los posibles explosivos.

Los vehículos que intentaban ingresar a Canadá fueron desviados al Túnel Windsor-Detroit y al Puente Blue Water que lleva a Sarnia, Ontario.

El Puente Ambassador, de propiedad privada, es crucial para el comercio entre ambas naciones.

WASHINGTON (AP) — El Congreso de Estados Unidos está por tomar medidas para evitar una crisis y postergar otra. El Senado se dispone a aprobar una ley el jueves que financiaría al gobierno hasta principios de diciembre.

La cámara baja previsiblemente aprobará la iniciativa de ley después de la votación en el Senado para impedir un cierre parcial del gobierno al inicio del nuevo año fiscal, el viernes.

Por insistencia de los republicanos, los demócratas se vieron obligados a eliminar una suspensión del límite a la capacidad del gobierno federal para tomar préstamos. Si no se eleva el límite de endeudamiento antes del 18 de octubre, el país probablemente sufrirá una crisis financiera y una recesión económica, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Los republicanos dicen que los demócratas tienen votos suficientes para elevar el techo de endeudamiento por sí solos y su dirigente Mitch McConnell insiste en que lo hagan.

Pero la prioridad más inmediata del Congreso es mantener al gobierno en funcionamiento al finalizar el actual año fiscal, el jueves a medianoche. La aprobación prevista del proyecto les dará tiempo a los legisladores para elaborar los proyectos de gastos para financiar los organismos federales y los programas que administran.

Mientras tanto, los demócratas tienen dificultades para lograr la aprobación de las prioridades internas del presidente Joe Biden. Estas incluyen un proyecto bipartidista de infraestructura que contiene 550.000 millones de dólares de gastos en caminos, puentes, banda ancha y otros proyectos, así como una gama de programas sociales, sanitarios y ambientales por valor de 3,5 billones de dólares.

“Con tantos asuntos cruciales a resolver, lo último que necesita el pueblo estadounidense es un cierre del gobierno”, dijo el líder del bloque mayoritario en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

Schumer dijo que la ley provisional de gastos prevé ayuda a los que sufren las consecuencias del huracán Ida y otros desastres naturales, así como fondos para ayudar a los evacuados afganos luego de 20 años de guerra entre Estados Unidos y el Talibán.

WASHINGTON (AP) — Cuando se trata del tema migratorio, el presidente Joe Biden se encuentra ante un difícil dilema.

Como candidato presidencial el año pasado, Biden prometió aplicar medidas apoyadas por el ala progresista del Partido Demócrata, y ya ha implementado algunas de ellas. Pero la respuesta de su gobierno ante la reciente entrada masiva de migrantes por la frontera sur ha enojado tanto a la oposición como a los aliados.

Gran parte del descontento ha ido dirigido al funcionario responsable del tema migratorio, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

“Ser criticado por ambos lados en el tema migratorio no me sorprende. Lamentablemente, estamos justo en medio de la línea divisoria política del país”, declaró Mayorkas en entrevista con la televisora NBC el fin de semana pasado.

El resultado es que el tema migratorio se ha convertido en una molestosa distracción para una administración que preferiría enfocar sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia, la recuperación económica y otros temas.

Apenas el 35% de los estadounidenses aprueban de la gestión de Biden en el tema migratorio comparado con 43% en abril, según una encuesta de The Associated Press y el Centro NORC para Estudios de Políticas Públicas. Incluso entre los demócratas, el índice de aprobación hacia Biden en el tema migratorio es uno de los más bajos, de apenas 60%.

Las recientes imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, sujetando a inmigrantes haitianos en Texas, han agravado las tensiones. Si bien eran falsas las versiones de que los agentes estaban azotando a los inmigrantes de raza negra, tanto Mayorkas como Biden expresaron su enojo con las tácticas usadas, y el gobierno anunció una investigación.

La controversia llegó a tal punto que se le preguntó a Mayorkas si su departamento se había convertido en una “agencia forajida”, a lo cual respondió: “No podría estar más en desacuerdo”.

Incluso algunos de los partidarios más enfáticos de Biden en el Congreso y entre los grupos de defensa de los migrantes se han quejado porque el gobierno de Biden sigue usando la llamada Ley 42, aplicada en el gobierno anterior, para expulsar expeditivamente a los migrantes, entre ellos miles de haitianos.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del grupo National Immigration Law Center y antes codirecrtora de una agrupación que buscaba recaudar apoyo a Biden entre los partidarios de Bernie Sanders, destacó que la Casa Blanca “ha designado a algunas de las figuras más destacables dentro de nuestro movimiento” en el tema migratorio.

Sin embargo, está entre los que se oponen a que el gobierno de Biden siga usando la Ley 42, que impide a los migrantes solicitar asilo y que fue empleada por la administración de Donald Trump supuestamente como manera de frenar la propagación del coronavirus.

“Es momento de conversaciones francas entre amigos, cuando hay decisiones equivocadas”, expresó Hincapié.

La negativa del gobierno en cesar el empleo de la Ley 42 — incluso apeló una decisión judicial al respecto — junto con la falta de avances en el Congreso en cuanto a una reforma migratoria, ha llevado a muchos activistas a temer que volverán las duras políticas y abundantes deportaciones efectuadas bajo la presidencia de Barack Obama.

“Ya llevan ocho meses en el gobierno”, se quejó Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo activista de defensa de migrantes.

“Las políticas que están implementando son muy distintas a las que prometieron. Las políticas que están implementando están fracasando. Y sin embargo siguen por la dirección equivocada”, añadió Schulte.

La administración Obama realizó una enorme cantidad de deportaciones, en un intento por mostrar a los republicanos que estaba haciendo cumplir las leyes al tiempo que trataba de impulsar una reforma migratoria en el Congreso. Bajo su gobierno fueron deportadas unas 3 millones de personas, una cifra sin precedentes, pero aun así la reforma migratoria no fue aprobada.

“Lo que el gobierno está calculando es que tendrá mejores probabilidades de lograr que el Congreso apruebe una reforma migratoria si logra colocar a la frontera ‘bajo control’”, indicó Theresa Cardinal Brown, directora de temas migratorios para el Bipartisan Policy Center. “Esa era la teoría que manejaba la administración Obama”.

Al igual que ocurrió bajo Obama y Trump, el gobierno de Biden ha estado tratando de lidiar con un aumento en la cantidad de migrantes que tratan de cruzar la frontera sur, ya sea ilegalmente o entregándose a la Patrulla Fronteriza para pedir asilo.

El número de contactos con migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos fue de más de 208.000 en agosto, un leve descenso con respecto a julio pero aun así la cifra más alta desde marzo del 2000 y también la más alta desde el último aumento grande en el 2019.

El pronunciado aumento se debe en parte a la Ley 42, ya que en muchos casos se trata de migrantes recapturados luego de haber sido expulsados bajo esa ley. También se debe a otros factores, como los estragos económicos que la pandemia ha estado causando en Latinoamérica y la percepción de que Biden será más tolerante hacia la migración comparado con Trump.

La respuesta de Biden ha sido tratar de encarar las causas de raíz de la migración, al aprobar la asistencia económica a los países centroamericanos, que fue suspendida por Trump, y al reanudar un programa que permitía otorgar visas a menores de edad para que puedas reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.

Además, el gobierno ha propuesto una norma federal que protegería a los inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran pequeños.

“Estoy segura de que el presidente usará todas las herramientas a su disposición, pero esas herramientas no son suficientes para arreglar lo que necesita ser arreglado, opinó Cecilia Muñoz, quien fue directora del Consejo Asesor de Políticas Nacionales bajo la presidencia de Obama.

Muñoz atribuye la falta de una reforma migratoria a la acérrima oposición de los republicanos en el Congreso, y a normas del Senado que según dice fueron implementadas equivocadamente.

Aparte de lo que ocurra en el Congreso, el gobierno de Biden ha anulado la medida de la era Trump de usar la Ley 42 para expulsar a los menores de edad que entran por la frontera sur, y ha permitido a miles de familias migrantes a permanecer en el país mientras cursan por los tribunales sus solicitudes de asilo, un proceso que con frecuencia termina en una decisión negativa pero que puede tomar años.

Al mismo tiempo, sin embargo, ha seguido usando la Ley 42 para expulsar a gran cantidad de familias y adultos. Mayorkas insiste en que es necesaria como medida sanitaria para evitar la propagación del coronavirus.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del American Immigration Council, argumenta que usar la Ley 42 es totalmente contraproducente ya que infla artificialmente la cantidad de contactos en la frontera, que siguen siendo mucho menos de lo que eran hace 20 años.

“La Ley 42 ha provocado una enorme actividad en la frontera y el resultado final de toda esa actividad no ha sido una frontera más segurda”, afirmó Reichlin-Melnick.

“Lo único que ha logrado es disminuir la capacidad de los migrantes de pedir protección y darle más trabajo a la Patrulla Fronteriza, que no tiene los recursos para lidiar con un ingreso tan grande”, Reichlin-Melnick.

Un juez federal, en respuesta a una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y otras agrupaciones, falló recientemente que la Ley 42 muy probablemente es ilegal porque le niega a las personas presentar solicitudes de asilo. La administración Biden apeló el fallo, lo que enfureció a los activistas.

Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, declaró en un foro el lunes que en general apoya las medidas migratorias tomadas bajo el gobierno de Biden. Pero advirtió que la ACLU, que presentó más de 400 acciones legales bajo Trump, no vacilará en presentar más demandas bajo el mandato de Biden.

“Creo que los litigios son igual de importantes para asegurarnos de que nuestros supuestos aliados hagan lo correcto, que cuando se usan contra los enemigos de las libertades civiles y los derechos civiles, porque es lo que crea una voluntad política”, expresó Romero.

WASHINGTON (AP) — En una entrevista con la AP, el nuevo jefe de la Policía del Capitolio reveló que a pesar de las medidas de seguridad implementadas tras el asalto del 6 de enero, las amenazas contra el recinto legislativo solamente han aumentado.

“No nos podemos dar el lujo de ser complacientes”, manifestó en la entrevista J. Thomas Manger, comandante de la guardia protectora del recinto legislativo estadounidense.

Añadió que las amenazas han ascendido a niveles sin precedente, miles más que hace apenas pocos años. Afirma que de enero a marzo se han recibido unas 4.100 amenazas contra el Congreso y que probablemente habrá más de 9.000 para todo el año.

“Nunca hemos tenido tantas amenazas contra los legisladores como las que tenemos hoy en día”, expresó Manger.

“Es evidente que, en cuanto a nuestra responsabilidad de proteger a los legisladores, tenemos más trabajo que antes”, añadió.

Manger enfatizó que la guardia legislativa ha mejorado su capacidad de recaudar inteligencia, luego de recibir fuertes críticas por no estar preparada ante el asalto de ultraderechistas y fanáticos del entonces presidente Donald Trump el pasado 6 de enero.

Pese a pistas de que supremacistas blancos y otros ultraderechistas estaban planeando manifestaciones violentas ese día, la guardia del Capitolio fue tomada por sorpresa y se vio rápidamente abrumada.

Los eventos de ese día han llevado a una reevaluación total de las medidas de seguridad en torno al palacio legislativo y en toda la capital norteamericana. De hecho hace dos semanas hubo una manifestación en apoyo a los derechistas detenidos durante la anterior insurrección, y las medidas de seguridad fueron extremas, y podrían ser permanentes, dadas las incitaciones de Trump y la creciente actividad de los grupos extremistas.

Manger declaró que la instalación de barreras y la convocación de unidades policiales de refuerzo fue una decisión prudente, aunque no necesariamente se tomarán esas mismas medidas para cada protesta.

“Eso dependerá de la información que obtengamos previamente”, indicó, “dependerá del potencial de violencia que tenga cada manifestación en particular”.

Manger asume el liderazgo de la policía del Capitolio tras una larga trayectoria como agente de la ley. Fue jefe policial del condado Montgomery en Maryland entre el 2004 y el 2019, y antes de eso tuvo el mismo cargo en el condado Fairfax de Virginia. Esas asignaciones, sumadas a su membresía en la Asociación Nacional de Jefes Policiales lo han convertido en una figura conocida en Washington.

Asumió el cargo en julio, meses después de la renuncia del jefe anterior en medio de críticas por la insurrección. La protesta del 18 de septiembre fue su primera prueba, Manger no iba a tomar riesgo alguno.

“Simplemente se trataba de una situación en la que no íbamos a permitir otro 6 de enero”, declaró Manger.

“Yo tenía que asegurarme de que los hombres y mujeres de la Policía del Capitolio sepan que teníamos los recursos necesarios, el entrenamiento necesario, el equipo necesario y el personal necesario para cumplir nuestra labor y para cumplirla con la protección debida”, añadió.

El día de la protesta, fueron muchos más los policías que los manifestantes, y hubo quienes criticaron a la guardia acusándola de reaccionar exageradamente. Pero Michael Chertoff, quien fue secretario de seguridad nacional bajo la presidencia de George W. Bush, sostiene que es inteligente aprender de los errores pasados y estar preparados para el futuro, y que no importa si hay demasiado policías en la calle, siempre y cuando nadie resulte lastimado.

“Cuando se anuncian protestas, ya sean de extremistas de derecha o de izquierda, lo más probable es que el futuro la Policía del Capitolio tomará abundantes medidas de seguridad, y bien visibles, quizás más de las necesarias, pero en todo caso suficientes para enviar el mensaje de que no volverá a ser abrumada, expresó.

Chertoff, hoy en día director de la empresa de seguridad Chertoff Group, aclaró que ese tipo de medidas no serán necesarias para todas las protestas, pero insistió en que las agencias del orden deben estar preparadas cuando se trata de simpatizantes de los alzados del 6 de enero, ya que muy probablemente se trata de personas afines a la idea de usar la fuerza contra el gobierno, y se trata de algo que de hecho pasó.

La Policía del Capitolio es un híbrido entre una agencia policial y una guardia privada. Tiene un presupuesto anual de 460 millones de dólares y emplea a unos 2.300 oficiales y civiles. Como comparación, la ciudad de Minneapolis tiene unos 800 oficiales y un presupuesto de unos 193 millones de dólares.

En total murieron nueve personas a consecuencia de los hechos del 6 de enero: entre los que fallecieron ese día y otros en los días siguientes. Entre ellos está una mujer, parte de la turba alzada, que fue abatida por policías y otros tres alzados que sufrieron emergencias médicas. Dos oficiales de la policía se suicidaron en los días subsiguientes, y un tercero cayó inconsciente y murió en medio de la trifulca.

La Policía de Metropolitana de Washington informó días atrás que otros dos oficiales que respondieron al alzamiento también se suicidaron.

Un mordaz reporte interno hace pocos días determinó que la Policía del Capitolio adolecía de severas faltas de equipos, armas, personal y datos de inteligencia al momento de la insurrección. El texto dejaba serias dudas sobre si la guardia capitalina iba a poder enfrentar amenazas semejantes en el futuro.

Otra investigación posterior halló que la Policía del Capitolio tenía la capacidad de “rastrear, evaluar, actuar en contra o responder” a cualquier amenaza contra el edificio.

Ese reporte recomendó varias reformas, entre ellas la contratación de cientos de efectivos adicionales y la creación de una “unidad de respuesta rápida” para emergencias.

Sin embargo, tales reformas requerirán un enorme financiamiento. El Congreso ha aprobado 71 millones de dólares adicionales, pero gran parte de ese monto irá para pagar horas extra.

Aun así, Manger aseveró: Creo que lo que tenemos hoy en día es una mejora con respecto a lo que teníamos hace un año o hace nueve meses”.

Los hechos del 6 de enero, que Trump y los republicanos han tratado de minimizar, provocaron un aumento en las solicitudes para incorporarse a esa fuerza policial, algo que Manger comparó con la gran cantidad de candidatos para bomberos y policías después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Manger además defendió la decisión de retener a Yogananda Pittman, la oficial de la Policía del Capitolio encargada de las operaciones de inteligencia previo a la insurrección de enero. Pittman, quien ascendió a jefa interina pese a una votación de falta de confianza e interrogantes sobre fallas de liderazgo y de inteligencia, de nuevo está a cargo de los asuntos de inteligencia.

Manger señaló la decisión de Pittman, cuando era jefa interina, de adoptar las recomendaciones de la inspectoría general y mejorar las capacidades de inteligencia de agencia para no depender tanto de otras fuerzas policiales. Varios oficiales de la agencia capitalina renunciaron tras los hechos del 6 de enero.

“Esta noción de que yo debería venir y despedir a todo el mundo porque fracasaron el 6 de enero ... Primero que nada, este departamento ya estaba en suficiente caos sin que yo despidiera a todo el mundo, y segundo, ¿qué iba a hacer yo sin tener a mi lado a gente con experiencia que me pueda asesorar de cara al futuro?”

MIAMI (AP) — Los bañistas en las playas atlánticas de Estados Unidos deberán cuidarse de las grandes olas y corrientes de resaca que provocará el huracán Sam durante el fin de semana al virar hacia el norte, advirtió el Centro Nacional de Huracanes el miércoles.

Se pronostica que el huracán de Categoría 4 permanecerá en el mar, pero sus vientos de 130 mph (215 kph) provoca fuerte oleaje en islas a cientos de kilómetros.

Sam se encuentra unos 730 kilómetros (455 millas) al este de las Islas de Sotavento y se desplaza hacia el noroeste a 14 kph (9 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Los vientos huracanados se extienden has 65 kilómetros (40 millas) del centro y se esperan vientos de hasta 140 mph (225 kph) en los próximos días.

El oleaje afecta las Islas de Sotavento y se extenderán hasta partes de las islas Vírgenes, Puerto Rico, Hispaniola, las Bahamas y Bermuda para el jueves o viernes a medida que la tormenta vira hacia el norte. Se pronostica fuerte oleaje en las playas de la costa atlántica de Estados Unidos y en las provincias atlánticas de Canadá para el fin de semana.

 

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Andrés Abreu y Edith Reyes comentan sobre las noticias del 12 de noviembre en la edición 1260 de El Vocero Hispano.

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