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WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos está dispuesto a entablar demandas contra los contratistas del gobierno y otras empresas que reciben dinero federal si no informan de las vulneraciones sufridas por sus sistemas cibernéticos, declaró el miércoles la segunda funcionaria en dicha agencia.

La subsecretaria de Justicia, Lisa Monaco, dijo que el Departamento está preparado para emprender acciones legales en virtud de un estatuto llamado Ley de Reclamaciones Falsas contra los contratistas que hagan mal uso de los dólares federales al no revelar las intrusiones informáticas sufridas o al tener estándares deficientes en tecnología. El Departamento de Justicia también protegerá a los denunciantes que revelen esos problemas.

“Durante demasiado tiempo, las empresas han optado por el silencio bajo la creencia errónea de que es menos riesgoso ocultar una intrusión que presentarla y reportarla. Pues bien, eso cambia hoy”, dijo Monaco.

La acción, revelada durante la Cumbre Cibernética de Aspen, es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno del presidente Joe Biden para incentivar a los contratistas y las empresas privadas a compartir información con el gobierno sobre los hackeos y reforzar su seguridad digital.

Las autoridades han dicho repetidamente la necesidad de una mejor participación del sector privado a medida que el gobierno se enfrenta a los ataques de ransomware, que en el último año se han dirigido contra la infraestructura crítica e importantes corporaciones.

La medida subraya hasta qué punto el gobierno considera que los ciberataques no sólo son perjudiciales para una empresa individual sino también para la ciudadanía estadounidense en general, especialmente dados los recientes ataques contra un oleoducto y una importante planta procesadora de carne.

“Cuando aquellos a quienes se les confían dólares del gobierno, a quienes se les confía trabajar en sistemas gubernamentales delicados, no cumplan con los estándares de ciberseguridad requeridos, vamos a perseguir ese comportamiento y aplicar multas muy considerables”, advirtió Monaco.

Monaco también anunció la creación de un nuevo equipo de expertos en criptomonedas dentro del departamento enfocado en combatir el lavado de dinero, ataques de ransomware y a los hackers que los realizan.

WASHINGTON (AP) — En contraste con la política del gobierno del expresidente Donald Trump, el Departamento de Estado reveló el martes el número de armas nucleares en su arsenal.

Señaló que esto ayudará a los esfuerzos globales por controlar la circulación de dichas armas.

El número de armas estadounidenses, tanto aquellas en estado activo como las almacenadas, era de 3.750 en septiembre de 2020, informó la dependencia federal. Esta cifra es inferior a las 3.805 registradas un año antes y a las 3.785 de 2018.

Apenas en 2003, Estados Unidos tenía un total de 10.000 armas nucleares. Alcanzó su mayor cantidad en 1967 con 31.255.

La última vez que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer el número de armas en su arsenal fue en marzo de 2018, cuando el total era de 3.822 en septiembre de 2017. Eso fue a principios del gobierno de Trump, que posteriormente mantuvo en secreto las cifras actualizadas y rechazó una solicitud de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) para desclasificar los totales.

“Volvamos a la transparencia”, comentó Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la FAS. Aseguró que el gobierno del presidente Joe Biden hizo bien en revertir la política de su predecesor.

Además, Kristensen señaló que revelar el arsenal ayudará a los diplomáticos estadounidenses en las negociaciones sobre el control de armas y en la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear del próximo año, en la que se revisará el compromiso de desarme asumido por las potencias nucleares que han firmado el tratado, incluido Estados Unidos.

El gobierno de Biden está llevando a cabo una revisión de la postura y la política en materia de armas nucleares que se espera esté terminada a principios del próximo año.

En la Conferencia de Desarme del pasado mes de febrero en Ginebra, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo: “El Presidente Biden lo ha dejado claro: Estados Unidos tiene el imperativo de seguridad nacional y la responsabilidad moral de reducir y eliminar con el tiempo, la amenaza que suponen las armas de destrucción masiva.”

WINDSOR, Canadá (AP) — El cruce fronterizo de mayor tránsito entre Canadá y Estados Unidos reabrió por completo el lunes por la tarde después de una investigación policial sobre posibles explosivos encontrados dentro de un vehículo.

La policía informó que detuvo a una persona con relación a la pesquisa que obstaculizó el tránsito durante casi siete horas en el Puente Ambassador, que conecta a Detroit con Windsor, Ontario.

Un alto funcionario del gobierno, que habló a condición de guardar el anonimato, dijo que la policía federal no estaba tratando el incidente como un acto de terrorismo ni de seguridad nacional. El Equipo Integrado de Aplicación de la Seguridad Nacional de la Real Policía Montada de Canadá se habría involucrado si se sospechara de un acto de terrorismo.

“Se cree que no hay más personas involucradas en este incidente”, escribió la policía de Windsor en Twitter. “Se cree que es un incidente aislado”.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá dijo que las operaciones normales se reanudaron poco después de las 5 p.m.

La policía de Windsor indicó que la agencia fronteriza los alertó el lunes por la mañana después de que se encontraron posibles explosivos en un vehículo en la zona de inspección secundaria del complejo del puente, del lado canadiense de la frontera. El tránsito con dirección a Canadá se detuvo aproximadamente a las 10 a.m. La policía comentó que en ningún momento se cerró por completo la circulación desde Canadá hacia Estados Unidos.

Según la policía, el conductor del vehículo quedó detenido y bajo custodia de los servicios fronterizos.

Las autoridades comentaron que no se hicieron amenazas directas a personas ni lugares con relación al hallazgo de los posibles explosivos.

Los vehículos que intentaban ingresar a Canadá fueron desviados al Túnel Windsor-Detroit y al Puente Blue Water que lleva a Sarnia, Ontario.

El Puente Ambassador, de propiedad privada, es crucial para el comercio entre ambas naciones.

SAN DIEGO (AP) — Las admisiones de refugiados en Estados Unidos descendieron a su menor nivel histórico durante el año fiscal 2021, a pesar de la promesa del presidente Joe Biden de revertir los fuertes recortes efectuados por el gobierno de Donald Trump, según cifras obtenidas por The Associated Press.

Se permitió el ingreso a Estados Unidos de un total de 11,445 refugiados durante el año fiscal que concluyó el jueves, según una persona con acceso a la información y que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para dar a conocer la cifra.

Ese número no incluye a las decenas de miles de afganos traídos a Estados Unidos cuando las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán tras 20 años de guerra. Se permitió que muchos de esos afganos ingresaran a territorio estadounidense bajo un estatus legal distinto, conocido como permiso condicional humanitario, razón por la cual que no están incluidos en el conteo total de refugiados.

Aun así, la cifra deja ver los desafíos que enfrenta Biden para revertir las restrictivas políticas de admisión de refugiados implementadas por el gobierno de Trump, que fueron aplicadas al programa dentro de una campaña más amplia para reducir la inmigración legal e ilegal a Estados Unidos.

El presidente determina el tope nacional a la admisión de refugiados en cada año fiscal, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre. Biden no asumió la presidencia sino hasta casi cuatro meses después de que comenzó el año fiscal.

El Departamento de Estado no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre la cifra.

El total de 11,445 admisiones de refugiados está muy por debajo del tope de 62,500 para el año fiscal 2021 que Biden estableció en mayo. También está por debajo del mínimo histórico de 15,000 que Trump había establecido inicialmente para el año.

WASHINGTON (AP) — El Congreso de Estados Unidos está por tomar medidas para evitar una crisis y postergar otra. El Senado se dispone a aprobar una ley el jueves que financiaría al gobierno hasta principios de diciembre.

La cámara baja previsiblemente aprobará la iniciativa de ley después de la votación en el Senado para impedir un cierre parcial del gobierno al inicio del nuevo año fiscal, el viernes.

Por insistencia de los republicanos, los demócratas se vieron obligados a eliminar una suspensión del límite a la capacidad del gobierno federal para tomar préstamos. Si no se eleva el límite de endeudamiento antes del 18 de octubre, el país probablemente sufrirá una crisis financiera y una recesión económica, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Los republicanos dicen que los demócratas tienen votos suficientes para elevar el techo de endeudamiento por sí solos y su dirigente Mitch McConnell insiste en que lo hagan.

Pero la prioridad más inmediata del Congreso es mantener al gobierno en funcionamiento al finalizar el actual año fiscal, el jueves a medianoche. La aprobación prevista del proyecto les dará tiempo a los legisladores para elaborar los proyectos de gastos para financiar los organismos federales y los programas que administran.

Mientras tanto, los demócratas tienen dificultades para lograr la aprobación de las prioridades internas del presidente Joe Biden. Estas incluyen un proyecto bipartidista de infraestructura que contiene 550.000 millones de dólares de gastos en caminos, puentes, banda ancha y otros proyectos, así como una gama de programas sociales, sanitarios y ambientales por valor de 3,5 billones de dólares.

“Con tantos asuntos cruciales a resolver, lo último que necesita el pueblo estadounidense es un cierre del gobierno”, dijo el líder del bloque mayoritario en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.

Schumer dijo que la ley provisional de gastos prevé ayuda a los que sufren las consecuencias del huracán Ida y otros desastres naturales, así como fondos para ayudar a los evacuados afganos luego de 20 años de guerra entre Estados Unidos y el Talibán.

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