PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un juez federal en Oregon falló que a una inmigrante le infringieron sus derechos la retuvieron en la cárcel dos semanas sin causa probable a petición de las autoridades migratorias federales.
El fallo es una de varias resoluciones recientes de tribunales federales para cambiar la práctica de mantener encarceladas a personas que tienen derecho a ser liberadas, para que se evalúe si pueden deportarlas.
El jefe de la Policía del Condado Clackamas, Craig Roberts, cambió sus normas después que un juez federal de distrito determinó el viernes pasado que las retenciones son "peticiones" sin la base legal necesaria para retener a una persona en la cárcel una vez que los cargos originales se resuelven, por lo que en marzo de 2012, la policía condal infringió los derechos de María Miranda Olivares bajo la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos al prolongar su encarcelamiento sin causa probable.
La mujer, que fue declarada culpable de desacato al tribunal y sentenciada a 48 horas en la cárcel, permaneció detenida más de dos semanas en el Condado Clackamas debido a la petición de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), pese a que era elegible para salir en libertad antes del juicio con el pago de una fianza. Una audiencia determinará cuánto debe pagar el condado a Miranda Olivares por concepto de daños y perjuicios.
"El hecho que las retenciones se redactan de una manera que indican tanto una petición como orden ha generado conflictos de interpretación sobre si las detenciones por inmigración brindan autoridad legal para la custodia continua de los señalados en las retenciones", dijo Roberts en una carta en que anunciaba la suspensión de las retenciones.
Los fallos dejan claro que las autoridades locales no están obligadas a cumplir las peticiones de detención migratorias y que esas jurisdicciones pueden incurrir en responsabilidades legales por hacerlo.
Varias jurisdicciones, desde varios condados en Oregon hasta el gobierno municipal de Filadelfia, han anunciado que dejarán de cumplir esas peticiones de retención.
Algunos condados y estados ya habían limitado la práctica con el argumento de que es costosa, merma la confianza de los inmigrantes en las autoridades y hace que las personas con delitos menores, como infracciones de tránsito, sean deportadas.
"Esto indudablemente mejora la relación entre todas estas oficinas y las comunidades de inmigrantes y refugiados", dijo Carmen Madrid, coordinadora del Centro de Organización Intercultural, grupo sin fines de lucro con sede en Portland.
La decisión se toma en momentos que la reforma migratoria está estancada y el gobierno del presidente Barack Obama recibe críticas por deportar a personas que en su mayoría no ha cometido un delito grave.
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