SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El gobierno dominicano comenzó el lunes con ciertas dificultades un ambicioso proyecto para regularizar en un plazo de un año el estatus migratorio de todos los extranjeros que carecen de permiso de residencia, en su mayoría trabajadores migrantes haitianos.
"Entendemos que es un paso histórico", dijo en conferencia de prensa en el Palacio Nacional Antonio Pol-Emil, dirigente de una organización no gubernamental de defensa de los derechos de los inmigrantes y sus descendientes.
Pol-Emil, regidor en la provincia cañera de San Pedro de Macorís, explicó que el proyecto "es un gran desafío" y presenta diversas deficiencias, como la falta de información. "Hay una gran cantidad de personas que carece de precisiones" sobre los requisitos y trámites.
El decreto que instituyó el plan establecía que durante los primeros cinco meses del año el gobierno realizaría una campaña de información y orientación, pero nunca la hizo y aún el lunes no existía claridad sobre los mecanismos que deben seguir los extranjeros.
El plan comienza con 10 años de retraso desde que fue ordenado por la ley de migración del 2004. Su puesta en marcha fue acelerada luego de que así lo ordenó el Tribunal Constitucional en 2013 y determinó en una polémica sentencia que se abrieran juicios individuales para anular la nacionalidad dominicana de los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia nacidos desde 1929.
El programa tendrá una duración de 12 meses y al término de ese periodo quienes no se hayan legalizado podrán ser deportados. El ministro del Interior Ramón Fadul destacó en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional que durante ese periodo no habrá repatriaciones, como las que se realizaban con frecuencia para deportar haitianos.
Pero no todos los que se inscriban serán regularizados. Luego de 45 días de haber recibido una solicitud, las autoridades la evaluarán y determinarán si el extranjero califica para obtener la residencia.
Para concluir el proceso, los inmigrantes deberán presentar de forma obligatoria un documento de identidad emitido por su país, pero miles de inmigrantes haitianos que viven desde hace décadas en República Dominican nunca tuvieron acta de nacimiento o pasaporte de Haití.
Fadul recordó que el gobierno de Haití se comprometió, con apoyo financiero de Venezuela y de la Organización de Estados Americanos, a documentar a sus ciudadanos en República Dominicana.
El funcionario reconoció que debido a que muchos de los inmigrantes haitianos perdieron partes de sus huellas digitales debido al duro y prolongado trabajo en los ingenios cañeros y en la construcción, las autoridades tomarán sus características faciales como parte de su identidad.
Algunos inmigrantes de diferentes países acudieron la mañana del lunes a la sede de la Dirección de Migración, donde los empleados les entregaban un pequeño trozo de papel con la dirección del Ministerio de Interior, que encabeza el Consejo Nacional de Migración, y un número telefónico para que pidieran detalles. El número telefónico no funcionaba.
Mientras, algunos inmigrantes haitianos acudieron a la sede del Ministerio Interior, donde recibían un folleto con algunas instrucciones. Ahí aún no comenzaba el proceso de inscripción.
El decreto que detalló el proyecto a finales del 2013 había ordenado un plazo de 18 meses para que todos los extranjeros se regularizaran, pero en los primeros seis meses el gobierno se dedicó a llegar acuerdos y crear la logística para comenzar a recibir las solicitudes.
El ministerio de Interior aclaró el lunes que el plan no estaría disponible aún en todo el país, sino sólo en 12 de las 32 provincias. A lo largo de la semana se abrirán otras nueve oficinas en igual número de provincias, adelantó Fadul.
Las provincias elegidas son aquellas en donde se concentraron las poblaciones de inmigrantes haitianos debido a que ahí funcionaban los ingenios azucareros del Estado, explicó el titular de Migración, José Ricardo Taveras.
Los ingenios azucareros contrataron durante el siglo XX a miles de inmigrantes haitianos, quienes se establecieron en los "bateyes", pequeños poblados dentro de los cañaverales, y nunca volvieron a su país.
Aunque se desconoce la cantidad de extranjeros sin permiso de residencia, las autoridades estiman con base en una encuesta realizada con apoyo de Naciones Unidas que son poco más de medio millón, de los cuales unos 458.000 son haitianos.
De forma paralela al plan de regularización, el Congreso aprobó el mes pasado una ley para reconocer la nacionalidad de quienes por orden del Tribunal Constitucional la perderían por ser descendientes de inmigrantes sin permiso de residencia.
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