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SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El Senado dominicano ratificó de urgencia el miércoles por la noche un proyecto de ley que convierte en reserva natural una zona donde la minera multinacional Glencore Xstrata tiene afincados sus futuros planes para extraer minerales. La iniciativa fue aprobada la víspera por los diputados y ahora pasa a consideración del presidente.

 

En caso que el poder ejecutivo promulgue sin modificaciones la ley, el estado dominicano deberá indemnizar a la compañía minera, que es propietaria desde 2008 de 1.380 hectáreas en lo que será el Parque Nacional Loma Miranda, unos 100 kilómetros al norte de la capital.

La creación del parque nacional en Loma Miranda crea "un mal precedente en el país por constituir una violación a la ley minera, a la seguridad jurídica y al estado de derecho", dijo en un comunicado la compañía Falcondo, filial dominicana de Glencore Xstrata, tras concluir la sesión del Senado.

Detalló que la decisión del Congreso "haría vulnerable la credibilidad para invertir en la República Dominicana".

El proyecto de ley no se había incluido en la agenda del día en el Senado, y la presidenta de ese foro, Cristina Lizardo, había adelantado la semana pasada que la enviaría a una comisión de estudio, pero fue incluida en la jornada a petición de Euclides Sánchez, senador por la provincia La Vega, donde se ubica la mayor parte de Loma Miranda.

Tras su inclusión en la agenda, el proyecto fue declarado de urgencia y aprobado en las dos lecturas que establece la ley por 28 de los 29 senadores presentes, de un total de 32.

El presidente Danilo Medina ha rechazado durante meses opinar sobre el controversial proyecto de ley, pero ante las constantes protestas de grupos ambientalistas y académicos contra de los planes de Falcondo, pidió en 2012 a la ONU que estudiara el proyecto minero.

Un equipo de especialistas de la ONU concluyó que el plan de Falcondo "no responde a las exigencias ambientales y sociales del país, ni tampoco responde a las exigencias de desarrollo sostenible". Consideró que el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía minera era "superfluo" y no evaluaba la posible contaminación que generaría la mina en unos 40 manantiales.

Antes de la sesión en el Senado, cientos de personas marcharon el miércoles hacia el Congreso para exigir a los legisladores que aprobaran el proyecto de ley.

La aprobación del proyecto de ley "es una victoria del pueblo, es una victoria de las calles, de cuatro años de luchas y de sacrificios", dijo Narcisa Isa Conde, quien fue vocero de los manifestantes, que además de la protesta del miércoles habían establecido desde hace meses un campamento en Loma Miran para impedir la explotación minera.

Los manifestantes habían marchado con pancartas y música para insistir en la necesidad de que Loma Miranda, de unos 42 kilómetros cuadrados, fuera declarada parque nacional por considerar que la explotación minera afectaría la biodiversidad y la generación de agua.

Según un estudio de la Academia de Ciencias, en la zona de Loma Miranda hay unos 40 manantiales que nutren los ríos que irrigan la principal zona arrocera del país.

Falcondo compró en 2008 unas 1.380 hectáreas dentro de Loma Miranda para extraer durante 25 años ferroníquel a partir del 2016.

La minera ha insistido que el proyecto es vital para su permanencia en el país porque la mina que explota desde 1971 sólo tiene una vida útil de otros cuatro años.

Además de la marcha que llegó al Congreso, hubo otras protestas paralelas en diferentes puntos del país.

La compañía minera reiteró en su comunicado que su plan no daña el medio ambiente y que la mina se ubicaría a un kilómetro de distancia del río más importante. Agregó que según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en Loma Miranda no hay plantas ni animales en peligro de extinción y tiene poca relevancia como fuente de agua.

El abogado Eduardo Jorge Prats explicó en varias ocasiones en debates organizados por Falcondo que declarar toda la zona una reserva natural violaría el derecho de propiedad y obligaría al estado a indemnizar a la compañía minera con unos 4.000 millones de dólares.

Juan José Fañas, director de operaciones de la minera, también ha insistido en que la prohibición para explotar Loma Miranda afectará el ambiente empresarial del país.{jcomments on}


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