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LOS ÁNGELES (AP) — Seis hombres han sido acusados en Estados Unidos de intentar contrabandear armas de asalto y cientos de miles de municiones, incluyendo balas antiblindaje calibre .50, para uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México, informaron las autoridades el lunes.

El supuesto líder de la operación, Marco Antonio Santillán Valencia, de 51 años, originario de Whittier, California, fue arrestado la semana pasada junto con otros tres hombres, mientras que un quinto se encuentra detenido en Carolina del Norte por otros cargos. Se cree que el sexto implicado está en México, informó la fiscalía federal.

Los hombres están acusados de asociación delictuosa para violar las leyes federales de exportación al contrabandear armas hacia México para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Varios otros enfrentan otros cargos por contrabando o lavado de dinero.

Los hombres utilizaron dinero producto del narcotráfico para adquirir varias armas de venta legal en Oregon y Nevada, así como municiones en varios estados, y en ocasiones ordenaron el envío de cajas de municiones a una “ubicación de almacenamiento” en Nevada, según el comunicado de la fiscalía federal.

La operación comenzó en marzo de 2020 y duró alrededor de un año, durante el cual se enviaron algunos de los artículos a México y las autoridades incautaron otros, incluyendo fusiles de asalto y varios cientos de miles de municiones, entre los que había alrededor de 10.000 balas incendiarias antiblindaje calibre .50 que fueron adquiridas en Arizona, señalaron las autoridades.

También se confiscaron partes de fusiles de asalto y equipos para la fabricación de miniguns, una ametralladora de seis cañones capaz de disparar hasta 6.000 balas por minuto, señalaron las autoridades.

“Este caso se refiere a un plan para abastecer de un arsenal de grado militar a una importante organización del narcotráfico que comete indescriptibles actos de violencia en México para cumplir con su objetivo de inundar a Estados Unidos con peligrosos y letales narcóticos”, dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkinson en un comunicado.

Un jurado investigador acusó formalmente a los seis hombres en Los Ángeles el mes pasado. Santillán y otros dos hombres del sur de California se declararon inocentes el 19 de enero en Los Ángeles. El hijo de Santillán, Marco Santillán Jr., de 29 años, residente de Pahrump, Nevada, será instruido de cargos el 2 de febrero. Se desconoce de momento si cuenta con un abogado que hable a su nombre.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado central de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó el lunes a la Fiscalía General de México investigar la denuncia sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico que surgió tras la difusión de una fotografía tomada hace tres años en la que aparece junto a tres hombres señalados como jefes de bandas locales de tráfico de drogas.

Blanco, una exestrella de la selección mexicana de fútbol que ganó la gubernatura de Morelos en 2018, también acusó a su antecesor de pactar con una organización criminal. Acudió a la sede capitalina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para pedir la investigación alegando que las fiscalías de su estado no han actuado y “entorpecen los procesos”.

El abogado del gobernador, Alfonso Pérez, indicó que buscan que las autoridades federales investiguen el caso porque la Fiscalía de Morelos no tiene competencia para abrir una carpeta de investigación como lo solicitó el Congreso del estado.

En declaraciones a la prensa, Blanco señaló a su antecesor, Graco Ramírez, y al exsecretario de Seguridad de la entidad, Alberto Capella, de haber realizado negociaciones con integrantes de la organización delictiva “Los Rojos” que dirige Santiago Mazari, alias el “Carrete”. “De exgobernadores hay audios y grabaciones de Graco y Capella (de que) pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, agregó.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, expresó Blanco tras afirmar que él y su familia han recibido amenazas a través de mantas.

Al rechazar los señalamientos, Capella dijo en su cuenta de Twitter que el gobernador “miente una vez más tratando desesperadamente de cambiar la narrativa de lo que es más evidente y que se denunciado en las últimas semanas”, y sostuvo que durante su gestión se combatió el grupo delictivo de Mazari.

El exsecretario de seguridad afirmó que Morelos vive una “tragedia” por la “ausencia de gobierno y del desdén, frivolidad, y corrupción de quien gobierna”.

Una fotografía de octubre del 2018, difundida a inicios de mes por el diario local El Sol de México, muestra a Blanco sonriendo y abrazando a otros tres hombres, uno de los cuales está bajo arresto y otro fue asesinado en prisión.

El tercer hombre supuestamente está vivo y lidera la banda llamada “Comando Tlahuica”, que pudo haber estado involucrado en el asesinato de un activista comunitario en 2019. El Sol de México informó que la fotografía fue encontrada en el teléfono de otro sospechoso de delitos relacionados con drogas.

Cuando los reporteros lo interrogaron sobre cuándo y dónde se tomó la fotografía, el gobernador respondió: “No sé, te lo juro, no sé. Ni me acuerdo”.

“Me tomo muchísimas fotos y no les voy a preguntar: ‘Oye, ¿tú quién eres y a qué te dedicas?’”, señaló. “Me voy a seguir tomando fotos”, afirmó Blanco. “A lo mejor saldrán más”, concluyó.

Anteriormente, Blanco fungió como alcalde de la capital del estado, Cuernavaca. Durante su carrera como futbolista profesional era conocido por su estilo combativo y agresivo.

Morelos, famoso por su clima cálido, fue alguna vez el destino predilecto de vacaciones de los residentes de la Ciudad de México, pero en las últimas dos décadas se ha visto azotado por secuestros, extorsiones y asesinatos vinculados con las bandas de narcotraficantes.

Blanco ha sido criticado por designar a excompañeros de fútbol para cargos estatales.

Por CLAUDIO ESCALÓN

SAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Decenas de migrantes que intentaban ingresar por la fuerza en Guatemala desde Honduras se enfrentaron la noche del sábado con piedras, palos y botellas contra cientos soldados y policías, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. En el incidente resultaron heridos al menos 15 funcionarios guatemaltecos, anunció el gobierno.

El enfrentamiento se inició cuando el grupo de migrantes intentó romper un cordón de varios cientos de policías. Agentes con escudos plásticos y equipos antimotines se formaron junto con militares en territorio guatemalteco para impedir el ingreso de los extranjeros, que venían de la localidad hondureña de San Pedro Sula.

Tras un forcejeo, del lado de los migrantes se comenzaron a lanzar piedras, palos y botellas hacia los militares y policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos, según imágenes que difundieron medios locales.

El enfrentamiento dejó como saldo al menos siete policías y ocho militares heridos, informaron las autoridades guatemaltecas durante una conferencia de prensa. No se precisó si hubo migrantes lesionados.

Más temprano, unos 300 migrantes, entre hondureños y nicaragüenses, arribaron a la localidad hondureña de Corinto y luego pasaron hacia el departamento guatemalteco de Izabal, próximo a la frontera, donde fueron interceptados por centenares de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y el Ejército.

El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que inició un diálogo con los migrantes para regresarlos a su país de origen. Las personas que deseen permanecer en Guatemala deberán presentar su documento personal de identificación, su carné de vacunación contra el COVID-19 y una prueba negativa del virus.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales, dijo a la prensa que se está “regresando gente, todo en orden, humanitariamente”, pero no ofreció detalles.

“Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos”, sostuvo Morales, y agregó que “se está viendo un pequeño contingente que ya está siendo analizado y ya está siendo estudiado por medio de la Inteligencia del Ejército, de la policía, de Migración”.

El gobierno guatemalteco informó que 36 personas fueron deportadas a Honduras porque no cumplían con los requisitos y se dejó avanzar a un grupo de 10 que cumplían con las exigencias migratorias y sanitarias.

El grupo que llegó a Guatemala forma parte de una gran caravana de unas 600 personas que salió la mañana del sábado de la Gran Central Metropolitana de autobuses de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

La caravana, la primera que se registra en el año, se dividió en varios grupos para tratar de evadir el control de las autoridades guatemaltecas y pasar por los diferentes pasos fronterizos y rutas ilegales.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Casi siete años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentaron el lunes a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción por una millonaria defraudación aduanera.

En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas —entre políticos, exfuncionarios y particulares— acusadas de formar una organización criminal que defraudó al Estado por varios millones de dólares.

Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval —hoy exiliado en Estados Unidos debido a sus investigaciones— y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), determinaron la existencia de una mega estructura, a la que llamaron “la Línea” que defraudaba en las aduanas del país y que supuestamente lideraban Pérez Molina y Baldetti.

Tras la acusaciones los funcionarios renunciaron al cargo y fueron detenidos. Entre los delitos que enfrentan están: asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Durante la audiencia la ex vicepresidenta pidió al tribunal no estar en las audiencias y asistir a éstas de forma virtual por temor a contagiarse de coronavirus.

Según la investigación de la fiscalía, a través de escuchas telefónicas, análisis financieros, testimonios y pruebas documentales se determinó cómo operaba la estructura que presuntamente sobrevaloraba la mercadería que ingresaba a los puertos del país para definir los sobornos a los integrantes de la organización. Los productos entonces no pagaban los respectivos impuestos.

Por HAROLD ISAAC y DÁNICA COTO

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La Policía Nacional de Haití informó el sábado que un exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido detenido en Jamaica.

El portavoz policial Gary Desrosiers dijo a The Associated Press que John Joel Joseph estaba bajo custodia. No hubo más información disponible por el momento.

Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia. Precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles.

“No compartimos más información por más de una razón”, afirmó.

Joseph es un político haitiano y opositor del partido Tet Kale al que pertenecía Moïse.

Entre quienes celebraron el arresto estuvo Claude Joseph, exministro de Relaciones Exteriores de Haití que fungió brevemente como primer ministro tras el asesinato de Möise.

“El arresto de John Joel Joseph muestra que no habrá escondite para quienes están directa o indirectamente involucrados en el asesinato”, escribió, y agregó que el esfuerzo internacional que él inició comienza a rendir frutos.

Joseph es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A fines de octubre, las autoridades de Jamaica arrestaron al exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios.

Palacios fue extraditado recientemente a Estados Unidos y espera otra audiencia en la corte tras ser imputado de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de proveer respaldo material resultante en muerte, a sabiendas de que tal respaldo sería usado para preparar o realizar una conspiración para asesinar o secuestrar.

Más de 40 personas, incluyendo 18 exsoldados colombianos, han sido arrestadas por el asesinato de Moïse, que fue baleado varias veces en su residencia privada en un ataque en el que resultó herida su esposa, Martine Möise.

Funcionarios del gobierno colombiano han dicho que la mayoría de los exsoldados fueron engañados y no conocían su verdadera misión. Los soldados, que siguen encarcelados en Haití, han acusado a las autoridades de tortura, al tiempo que el gobierno colombiano dijo recientemente que el cónsul en Haití fue amenazado tras tratar de proveer asistencia humanitaria.

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