Por E. EDUARDO CASTILLO, Associated Press
MEXICO (AP) — El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que las autoridades civiles y militares del país trabajan para esclarecer la muerte de 22 presuntos delincuentes a manos del ejército y que hasta ahora ha llevado a la Procuraduría General a acusar a tres soldados de homicidio.
"Confío en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos", dijo el miércoles el mandatario sobre un caso que para organismos internacionales podría tratarse de ejecuciones sumarias.
Horas antes, la organización internacional Human Rights Watch confió en que el gobierno de México no dé por terminada la investigación luego de que anunciara que acusará a tres soldados por homicidio, en un anuncio que generó algunas dudas.
"Espero que esto no sea el final de la investigación", dijo a The Associated Press José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización quien, como otras voces, expresó suspicacias sobre los señalamientos de que tres soldados habrían matado a los 22 presuntos criminales el 30 de junio en San Pedro Limón, comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, informó la víspera que en las siguientes horas acusarán por homicidio a los tres soldados quienes, tras un tiroteo inicial, "realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna", en un anuncio que contradice la versión inicial de los militares de que los sospechosos murieron como resultado de un enfrentamiento.
"Es muy difícil creer que tres soldados que actúan por su cuenta pudieron haber asesinado a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano que fue un tiroteo", señaló Vivanco.
Murillo Karam dijo que en total ocho militares participaron en la operación, quienes están recluidos en una prisión militar de la ciudad de México pero acusados de violación a las normas castrenses.
El Ejército había reportado que los 22 presuntos delincuentes habían muerto y que un soldado resultó herido en un enfrentamiento que se desató cuando los militares respondieron a una agresión del grupo que estaba en una bodega.
Tlatlaya se ha constituido en un caso que muchos dicen que pondrá a prueba el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos.
"La credibilidad de Peña Nieto en materia de derechos humanos dependen de si llama a cuentas a todos los responsables, tanto por la masacre como por el encubrimiento", añadió Vivanco.
La versión de Murillo Karam dejó muchas preguntas sin contestar sobre lo que ocurrió en una bodega de Tlatlaya, en una accidentada rueda de prensa que fue suspendida cuando los periodistas empezaron a preguntar.
El procurador no dijo si las personas que estaban en la bodega se habían rendido, o no, cuando se inició la segunda ronda de disparos como lo había asegurado una testigo entrevistada por The Associated Press hace unas dos semanas.
La mujer dijo que 21 personas se habían rendido después que los militares prometieran respetar su vida y que salieron del lugar con las manos en la nuca. Entre ellos estaba su hija de 15 años, Erika Gómez González, quien yacía herida en el suelo tras el tiroteo inicial.{jcomments on}