En Michigan hay irregularidad en las detenciones
GRAND RAPIDS MI (EVH) 26 DE ABRIL DE 2012.- Unas 16.500 personas, lo que equivale al 7,5 % de los inmigrantes cuyos casos estaban pendientes en cortes de inmigración recibieron la suspensión de sus órdenes de deportación, anunciaron ayer las autoridades migratorias de Estados Unidos.La secretaria de prensa en jefe de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Gillian Christensen, dijo que la decisión sigue a una revisión masiva del sistema de cortes de inmigración motivada por los fuertes retrasos que enfrenta y que permitirá a la agencia enfocarse en los casos de personas con historial criminal.
Esta revisión "permitirá a la agencia hacer un mejor uso de sus recursos disponibles", indicó Christensen en un comunicado de prensa en el que explica que la ICE mantiene su discreción para revisar casos pendientes frente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Eoir) del Departamento de Justicia.
Estadísticas dadas a conocer por la agencia indican que cerca de 2.700 casos han sido suspendidos y que el resto requerirá todavía completar más trámites y revisión de antecedentes penales.
Según la ICE, los 300.000 casos pendientes frente a la EOIR están siendo revisados por sus abogados a nivel nacional, adhiriéndose a las prioridades de aplicación de la ley como son criminales, fugitivos de inmigración, reincidentes del cruce ilegal y personas que han cruzado la frontera recientemente.
La agencia federal ha revisado los casos de 179.518 personas que no están detenidas, de las cuales 16.518 (9 %), son elegibles para la suspensión de sus deportaciones.
Entre las personas detenidas, 40.036 casos han sido revisados, con cerca de 26 (menos del 1 %), elegibles para la suspensión de deportación.
De los 16.518 casos pendientes de personas no detenidas, 2.722 han sido cerrados en forma administrativa, que incluyen miembros activos y veteranos de las fuerzas armadas de EE.UU. o sus familiares, además de 175 niños y 180 estudiantes universitarios que llegaron al país cuando tenían menos de 16 años.
Otros beneficiados incluyen a 100 individuos que sufren serias condiciones mentales o físicas y 60 víctimas de violencia doméstica o tráfico humano.
Pese a ser un alivio, las suspensiones no implican necesariamente un permiso de trabajo, por lo que expertos consideran que podría ser beneficioso que los inmigrantes exijan una cita en la corte que podría darles una posibilidad de acogerse al asilo.
El Gobierno del presidente Barack Obama ha deportado a más de un millón de indocumentados desde 2009, lo que supone un nuevo récord.
En agosto pasado, sin embargo, anunció que cerca de 300.000 casos de deportación serían revisados y que aquellas personas sin antecedentes penales y los inmigrantes indocumentados que no representasen riesgo para la seguridad nacional podrían ver sus expulsiones suspendidas indefinidamente.
En Michigan los casos de revisión de las deportaciones están funcionando relativamente, pero de manera no consistente, según reveló a El Vocero Hispano el abogado especialista en asuntos de inmigración, Richard Kessler.
“Muchas personas en el oeste de Michigan han sido favorecidas por la suspensión de la orden de deportación porque sus casos eran sencillos, no tenían antecedentes criminales, pero otros en situaciones casi iguales, no han sido beneficiados, algo que no se entiende”, dijo Kessler.
Indicó que uno de los problemas graves que está ocurriendo en Michigan es la encarcelación de indocumentados por razones que no van de acuerdo con los criterios que estableció el director del ICE, John Morton, por instrucciones del presidente Barack Obama.
De acuerdo a esas instrucciones las detenciones del ICE deben ceñirse a delincuentes fugitivos y no a personas que no representan un peligro para el país.
El abogado Richard Kessler denunció que en las pequeñas ciudades de Hart, en el condado de Oceana y Suturgis, en el condado de Saint Joseph, la policía está entregando a inmigración y ésta encarcelando a indocumentados que no están dentro del criterio en que deben producir las detenciones.
“Muchas personas son encarceladas para deportación y sus familias divididas, y es después de que están ante el juez de inmigración que se determina que no están dentro del criterio establecido por Morton para ser deportados”, dijo Kessler.
Indicó que esto acarrea sufrimientos y gastos en abogados para esas familias.
Dijo también que otro de los problemas que está ocurriendo es que una vez las personas son liberadas porque se les ha suspendidos su orden de deportación, “se quedan en el limbo”.
“Se había hablado de que a estas personas se les daría un permiso de trabajo, pero no se les está dando”, concluyó Kessler.(con información de Andrés Abreu y Agencia EFE)
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