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QUITO (AP) — El total de presos fallecidos en tres cárceles de máxima seguridad de Ecuador subió a 79 el miércoles luego de que las autoridades retomaron el control de las prisiones donde se registraron amotinamientos y peleas entre bandas rivales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), detalló en un informe que 37 internos murieron en Guayaquil, ocho en Latacunga y 34 en Cuenca. En esas prisiones se concentra el 70% del total de la población carcelaria del país.

Se trata de la mayor cifra de muertos en amotinamientos en la historia penal de Ecuador.

En su cuenta de Twitter el presidente Lenín Moreno manifestó su “profunda solidaridad con familiares de víctimas de los terribles acontecimientos ocurridos en centros penitenciarios de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Desplegamos controles para mitigar la situación y seguimos investigando los hechos. Los autores serán sancionados”.

En las últimas horas se han producido nuevos intentos de motines en dos cárceles de Guayaquil, donde al menos 400 policías reforzaron la seguridad y se suspendió el tráfico por el perímetro externo. Aún no hay mayores detalles.

En un comunicado, presuntamente suscrito por varias bandas criminales y distribuido a periodistas en Guayaquil, se amaneza a varios reclusos y a un coronel de policía

Ricardo Camacho, analista en temas de seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación, descartó en un diálogo con The Associated Press que los motines tengan alguna relación con bandas internacionales de delincuentes o narcotraficantes.

“Son disputas entre bandas nacionales que buscan acaparar el poder que quedó vacante en las prisiones tras la muerte de un líder delincuencial en diciembre y eso ha dado paso a esta masacre con una violencia nunca antes vista. Hay presos decapitados, desmembrados, sacados el corazón, los presos tuvieron varias horas para hacer lo que quisieron y cuando llegó la policía no opusieron mayor resistencia”, dijo.

Añadió que el sistema carcelario de Ecuador no funciona y que es necesario pensar en un nueva esquema que sirva para la rehabilitación de los reos.

Por su parte, el Sistema de las Naciones Unidas capítulo Ecuador pidió en un comunicado “una investigación pronta e imparcial, la sanción correspondiente a los responsables y una gestión de la crisis conforme a los estándares de la constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos”.

En una acción aparentemente concertada, los disturbios empezaron cerca de la medianoche del lunes y se prolongaron durante buena parte del martes, lapso durante el que las prisiones permanecieron bajo el poder de los reclusos que actuaron con saña en contra de otros internos de bandas rivales.

Durante la violenta jornada la televisión mostró a presos lanzándose desde altos muros y a otros forzando puertas externas de las cárceles, aunque de inmediato fueron neutralizados por unidades de la policía apoyadas por efectivos militares movilizados para contener la situación.

El director del SNAI, Edmundo Moncayo, dijo la víspera en una rueda de prensa que “son dos grupos (de delincuentes) tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de libertad”.

Los presos que están en cárceles de máxima seguridad son aquellos condenados por narcotráfico, sicariato, extorsión y delitos mayores.

En los últimos años se han registrado amotinamientos con relativa frecuencia en las cárceles de Ecuador, que están diseñadas para albergar a unas 27.000 personas pero alojan a unos 38.000 reclusos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador regresó el lunes a su acostumbrada conferencia de prensa matutina después de ausentarse dos semanas tras contraer el coronavirus, pero juró no usar una mascarilla ni exigir que los mexicanos las usen.

“En México no hay autoritarismo…todo es voluntario”, dijo López Obrador. “Es una decisión de cada persona”.

El mandatario reveló que recibió tratamientos experimentales, que sólo describió como medicamento “antiviral” y un antiinflamatorio.

También dijo que, a finales de enero, dos veces dio negativo en las pruebas rápidas que son ampliamente usadas en México, antes de que una prueba más precisa —aparentemente la PCR— diera positivo el mismo día.

“Salí bien, sano”, dijo López Obrador y señaló que también hizo ejercicios de respiración. “Estamos de nuevo de pie, en pie de lucha”.

Muchos residentes de la Ciudad de México no han logrado encontrar camas en los saturados hospitales de la capital mexicana y se han visto obligados a atender a familiares en casas. López Obrador fue atendido en el departamento donde vive dentro del Palacio Nacional de la ciudad.

A pesar de la escasez de vacunas en México —no ha recibido entregas en semanas y le quedan las últimas 55.000 dosis— López Obrador reiteró su fe de que el país recibirá suficientes vacunas de Pfizer, Rusia, China e India para vacunar a todos los mexicanos mayores de 60 años para finales de marzo.

Eso implicaría la abrumadora tarea de administrar por lo menos una dosis a 15 millones de personas en sólo mes y medio.

López Obrador dijo que ha tenido sus conferencias de prensa diarias casi todos los días laborales durante más de dos años y esta fue su ausencia más larga.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ocupó su lugar durante su ausencia y las conferencias fueron muy diferentes durante un tiempo. Todos los días, Sánchez Cordero tomaba preguntas de los reporteros de periódicos, mientras que el presidente prefiere responder las preguntas de los sitios web simpatizantes. Sánchez Cordero tampoco criticó a los reporteros de periódicos, como lo hace con frecuencia el presidente.

Fiel a su estilo, López Obrador dijo que “no deja de politizarse el caso COVID” en referencia a sus opositores, y afirmó que la “peste de la corrupción” ha hecho mucho más daño a México que el coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Unos soldados y agentes de inmigración de México rescataron a una niña chilena de 2 años luego de que aparentemente se cayó en el río Bravo y los adultos que estaban con ella la dejaron y cruzaron el río hacia Estados Unidos, informaron el domingo las autoridades.

El Instituto Nacional de Migración señaló que el incidente ocurrió el sábado cuando un grupo de migrantes cruzaba el río cerca de Ciudad Acuña, al otro lado de Del Rio, Texas.

Los adultos hicieron unos movimientos, señalando a la menor a los soldados y agentes de inmigración, quienes se metieron al río para rescatarla, dijo la agencia. De alguna forma, la niña se mantuvo a flote.

Unos documentos encontrados en una bolsa de plástico en la ropa de la niña incluían un acta de nacimiento de Chile, agregaron las autoridades. La pequeña era parte de un grupo familiar que había solicitado asilo o refugio en México.

La niña ha sido colocada bajo la custodia de las autoridades de protección infantil.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México investiga si algún funcionario o agente de migración está vinculado con el caso de las 19 personas asesinadas hace diez días cerca de la frontera con Estados Unidos porque una de las dos camionetas involucradas en los hechos podría haber estado previamente en poder del Instituto Nacional de Migración, informó el lunes la Secretaria de Gobernación.

Los cadáveres fueron encontrados el 22 de enero en un vehículo tipo pick-up calcinado y que tenía 113 impactos de bala en un camino de terracería en la localidad de Camargo, en el estado de Tamaulipas, junto a la frontera con Texas.

Se presume que las víctimas eran migrantes pero, hasta el momento, la fiscalía del estado sólo ha identificado a dos ellos como originarios de Guatemala y a otros dos mexicanos.

Había 15 cuerpos en la caja de la camioneta, dos más en la cabina y otros dos a sendos costados del vehículo.

En la misma área se encontró un segundo vehículo, también calcinado pero sin cadáveres, con placas del vecino estado de Nuevo León. Según indicaba un comunicado de la fiscalía de Tamaulipas del sábado, este vehículo había sido ubicado en diciembre en el lugar donde fueron “rescatados” 66 extranjeros por policías del municipio de Escobedo y agentes del Instituto Nacional de Migración.

Algunos medios indicaron que esta segunda camioneta fue asegurada por la agencia migratoria.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se investiga “cómo o por qué el Instituto Nacional de Migración tenía esta camioneta, si es que la tenía, y si hay o no alguna responsabilidad de algún servidor publico, sobre todo del Instituto Nacional de Migración” en los hechos.

Se desconoce por qué las 19 personas fueron asesinadas y sus cuerpos quemados. Del total, 16 eran hombres y había una mujer, pero no se ha podido todavía determinar el sexo de los otros dos cadáveres debido a lo calcinado de los restos.

Existen casos en que grupos de narcotraficantes cobran a los contrabandistas por cruzar su territorio y secuestran o asesinan a los migrantes cuyos contrabandistas no hicieron el pago.

Parientes de un grupo de migrantes que salieron del departamento de San Marcos, en el suroeste de Guatemala, están convencidos de que 13 de las 19 víctimas son sus seres queridos.

Algunas de esas familias dijeron haber recibido llamadas del traficante que trasladaba al grupo de 10 hombres y tres mujeres hacia el norte, quien les comunicó que sus parientes estaban muertos. Las familias afirmaron haber perdido comunicación con sus parientes alrededor del 21 de enero.

Otros dos cadáveres identificados son de mexicanos, informó el fin de semana la fiscalía de Tamaulipas.

Sánchez Cordero subrayó que se está avanzando en la pesquisa y que existe una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas con el objetivo de “tener una investigación muy legítima, muy sólida de todas las evidencias”.

La localidad de Camargo es desde hace tiempo un territorio en disputa entre grupos delictivos rivales y un punto importante para el tránsito de narcóticos y migrantes.

El ataque trajo a la mente la masacre de 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010, también en Tamaulipas, cuando miembros del cártel de los Zetas detuvieron dos camiones con migrantes, principalmente centroamericanos, los llevaron a un rancho en la localidad de San Fernando y, como se negaron a trabajar para ellos, los asesinaron.

La repetición de una masacre de ese tipo era una de las mayores preocupaciones del gobierno mexicano.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — México aún no identifica los 19 cuerpos que fueron encontrados calcinados en Tamaulipas el sábado pasado, mientras en Guatemala familiares de por lo menos 13 personas, que se cree podrían estar entre los fallecidos, realizarán el lunes pruebas de ADN para cotejarlos con los restos.

El descubrimiento en la localidad de Camargo, en la frontera de Tamaulipas y el valle de Texas, provocó una serie de rumores que apuntan a que los cadáveres pudieran ser migrantes del departamento de San Marcos, fronterizo entre Guatemala y México, por lo que la embajada guatemalteca inició contacto con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado para solicitarles apoyo en la identificación.

Ramiro Coronado, tío de Adán Coronado, un hombre de 31 años que se presume pudiera estar entre los fallecidos, explicó por qué las familias creen que sus familiares habrían sido asesinados. Coronado habló vía telefónica con The Associated Press para explicar que las familias de por lo menos 13 migrantes dejaron de tener contacto con éstos desde el pasado jueves. “Era un grupo que viajaba juntos”, dice.

“Era la primera vez que se iba, él manifestó que quería mejorar su situación de vida con su familia y con la sociedad”, relata el tío que asegura salieron de su comunidad hace unos 15 días y que estaban por la zona de los hallazgos cuando dejaron de tener contacto con ellos y que hasta ahora no logran ubicar.

El lunes 12 familiares viajaron desde San Marcos a la capital guatemalteca para pedir apoyo en la búsqueda de sus familiares. La cancillería guatemalteca dijo que ya se inició contacto con autoridades mexicanas. Coronado dijo que hoy se hará las muestras de ADN para enviarlas a México.

En México un funcionario que pidió anonimato por no tener la facultad de hablar con la prensa dijo que en uno de los tres vehículos donde se localizaron los cuerpos se encontraron tres armas automáticas y de alto poder, además que entre los restos había lo que parecen ser celulares pero ante lo incandescente del fuego se destruyeron.

Hasta ahora ningún cuerpo ha sido identificado y en algunos se desconoce su sexo debido a la condición en que quedaron los restos. El funcionario dijo que en la zona no encontraron casquillos percutidos por lo que presumen que tal vez murieron en otro lugar y luego llevados a donde los quemaron.

“Los cuerpos presentan impactos de bala y también la camioneta donde estaban”, dijo.

Sobre la investigación dijo que se hará un ‘barrido’ en el área para localizar indicios. “También se pedirá si en esos municipios pueda haber cámaras de vigilancia y así saber cómo es que ocurrieron los hechos” agregó.

La ciudad de Camargo forma parte de la zona limítrofe con el estado de Texas y desde hace años ha sido punto de disputa entre el Cártel Del Golfo y la escisión de Los Zetas conocida como Cartel Del Noreste.

Mario Gálvez, diputado por el departamento de San Marcos, publicó en sus redes sociales el nombre de 3 mujeres y 10 hombres identificados por familiares y que supuestamente habrían fallecido en territorio mexicano, lamentando los hechos.

“Hemos tenido contacto con familiares, ellos dicen que son sus familiares los que aparecieron, tienen información que era ese grupo, que viajaban juntos, la intención era migrar con familiares a Estados Unidos, le hemos pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores que apoye a las familias y la repatriación de los cuerpos”, dijo Gálvez.

El diputado explicó que la zona es un área de mucha pobreza. “No encuentran oportunidades de desarrollarse en sus comunidades, están en total abandono histórico del Estado, el sueño de nuestros niños y jóvenes se convierte en llegar a territorio estadounidense”, dijo Gálvez y agregó que las condiciones que tienen para atravesar México es complicada que incluso pone en riesgo sus vidas.

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