BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino reclamó el martes a Estados Unidos que responda oficialmente si acepta o no dirimir la controversia en torno a los denominados "fondos buitre" en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El canciller Héctor Timerman emplazó a ese país a asumir su responsabilidad por los "actos ilegales" del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que frenó el pago del Estado argentino a los tenedores de bonos reestructurados en canjes de deuda de 2005 y 2010 a la espera de un acuerdo con acreedores que demandan al país el pago de 1.500 millones de dólares.
En una rueda de prensa, Timerman lamentó las declaraciones de funcionarios del gobierno estadounidense que, sin identificarse, rechazaron la jurisdicción de la Corte de La Haya en la controversia con Argentina.
Aseguró que la ausencia de un pronunciamiento oficial es "un gesto diplomático contrario a las normas pacíficas entre las naciones".
Expertos han señalado que no hay "ninguna chance" de que prospere la demanda argentina en la Corte de La Haya si Estados Unidos no reconoce su jurisdicción.
"Argentina seguirá exigiendo que Estados Unidos respete el derecho soberano de seguir pagando su deuda sin interferencias que sean violatorias del derecho internacional", afirmó el canciller.
Aclaró que la presentación ante la Corte de La Haya "constituye una demanda contra los Estados Unidos, en el marco de una controversia entre Estados, y no una acción contra los fondos buitre ni mucho menos una instancia de apelación o revisión de las decisiones adoptadas por autoridades judiciales de dicho país".
Griesa falló a favor de los llamados "fondos buitres" en 2012 y la Corte de Suprema estadounidense rechazó en junio revisar esa sentencia a pedido de Argentina, con lo que su fallo quedó firme.
El 30 de julio calificadoras de riesgo declararon a Argentina en mora al vencer el plazo para que hiciera efectivo el pago de unos 540 millones de dólares a bonistas que entraron en los dos canjes de deuda.
Los acreedores reestructurados no pudieron cobrar porque el juez Griesa congeló los fondos al entender que el país debía pagar antes y al contado a los inversores litigantes.
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