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La agencia que dirige Krish Vignarajah lucha por sobrevivir desde que el gobierno de Donald Trump redujo en un 85% la cantidad de refugiados que admite Estados Unidos. Tuvo que cerrar un tercio de las oficinas de la organización que reubica refugiados y despedir a más de 120 empleados, algunos de ellos con décadas de experiencia.

Ahora se afana no solo por traer de vuelta a esa gente sino por duplicar la capacidad del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una expansión que no se ve desde que la agencia se agrandó para hacer frente a una ola de refugiados llegados tras la caída de Saigón en 1975.

Las nueve dependencias estadounidenses que reubican refugiados están siendo remecidas, preparándose para recibir 125.000 refugiados, si no más, este año, en que el presidente Joe Biden cumplió su promesa de aumentar a los niveles de antaño la cifra de personas que pueden iniciar una nueva vida en Estados Unidos después de escaparle a la persecución o la guerra.

Estas agencias estuvieron al borde de la desaparición. Los últimos cuatro años reflejan la necesidad de reforzar este programa creado hace 41 años y que siempre tuvo apoyo bipartidista para hacerlo menos vulnerable a los vaivenes políticos si es que Estados Unidos desea volver a ser uno de los principales santuarios para los oprimidos del mundo.

“Hemos visto cómo la concentración de la política hacia los refugiados exclusivamente en la Casa Blanca puede generar tanta destrucción si cae en las manos equivocadas”, manifestó Vignarajah.

El gobierno de Trump puso tantos obstáculos que no se sabe si se podrá reactivar el programa con la velocidad necesaria para volver a las cifras de antes este año, como quiere Biden, sobre todo en medio de una pandemia que limita las posibilidades de entrevistas a los refugiados en campamentos y ciudades atestadas.

“Los cimientos del sistema se rompieron tanto que ni siquiera sabemos si podremos llegar a los 125.000 (refugiados) el año que viene”, expresó Jennifer Foy, vicepresidenta de la rama estadounidense de World Relief, una organización que reubica refugiados. El presidente decide cuántos refugiados serán admitidos cada año y los fondos que reciben las agencias de reubicación dependen de la cantidad de personas que reubican.

Donald Trump debilitó el programa de refugiados en el marco de sus políticas dirigidas a contener la inmigración. Redujo la cantidad de refugiados admitidos todos los años hasta llegar a solo 15.000 en el año fiscal del 2021, que empezó en octubre. Históricamente fueron admitidos un promedio de 95.000 refugiados anuales, sin importar quién ocupase la presidencia.

El gobierno dijo que hacía esos recortes para proteger los empleos de los estadounidenses durante la pandemia y que deseaba que los refugiados fuesen ubicados más cerca de sus países a la espera de que se resolviesen las crisis que hicieron que se fuesen.

Más de 100 oficinas abocadas a la reubicación de refugiados cerraron durante el gobierno de Trump, incluidas 27 de World Relief, la agencia de Foy. Los depósitos donde reciben artículos donados están casi vacíos y se cortaron sus relaciones con gente a las que les alquilan viviendas en vista de que no tenían inquilinos.

El gobierno de Trump también redujo o reasignó el personal de apoyo en el exterior que procesaba las solicitudes de refugio.

A pesar de los problemas para revivir el programa, activistas dicen que es importante que Biden se haya propuesto recibir 125.000 refugiados este año para darle nuevos ímpetus al programa.

Biden también prometió buscar una legislación que fije un mínimo de 95.000 refugiados anuales, lo que ayudaría a estabilizar las finanzas de las agencias de reubicación.

Biden, quien fue uno de los patrocinadores de la legislación que creó el programa de refugiados en 1980, dijo que mediante la reapertura de las puertas a los refugiados “vamos a restaurar el alma de esta nación”.

“Las agencias de reubicación ayudan a reunir familias, enriquecen a Estados Unidos y mejoran nuestra imagen, nuestra influencia y nuestra seguridad en el mundo”, expresó Biden en junio en el Día Mundial de los Refugiados.

Durante décadas Estados Unidos admitió más refugiados que todos los demás países combinados. Pero en el 2018 recibió menos que Canadá. Mientras Estados Unidos y otras naciones les cerraban sus puertas, la cantidad de refugiados subía a 26 millones, una cifra sin precedentes, como consecuencia de conflictos políticos, violencia y hambrunas.

Biden dijo que quiere agilizar la admisión de refugiados expandiendo el procesamiento de sus solicitudes en el exterior y ofreciendo visas de estudiante a quienes buscan refugio. Indicó que hay que darles prioridad a los latinoamericanos, sobre todo los venezolanos, que constituyen con los sirios las poblaciones de desplazados más grandes del mundo.

Los refugiados sobrellevaban un proceso de admisión más estricto que el de cualquier otra persona que ingresa a Estados Unidos ya antes de la llegada de Trump, en que casi se frenó su admisión, según el Proyecto Internacional de Ayuda al Refugiado.

El año pasado el gobierno de Trump empezó a pedir a los solicitantes de refugio que diesen las direcciones donde vivieron los últimos diez años, algo casi imposible para alguien que lleva años viviendo en el exilio.

“El gobierno empezó a incorporar técnicas novedosas, nunca ensayadas, que abrumaron el sistema con demoras y resultados dudosos”, declaró Vignarajah, CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.

La tarea por delante no es sencilla.

“Es fácil aumentar las restricciones, muy difícil reducirlas”, dijo Vignarajah.

También se discute quién debe ser tenido en cuenta.

El gobierno de Trump cambió las reglas de admisión, estableciendo sus propias categorías en lugar de seguir las recomendaciones de la Oficina de Refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como era la costumbre.

Por ejemplo, no hay una categoría para quienes le escapan a la guerra, como los sirios.

Fue así que decenas de miles de refugiados que habían sido aprobados en principio por el Departamento de Seguridad Nacional de repente se enteraron de que no podían recibir refugio en Estados Unidos.

Los defensores de los refugiados dicen que quienes le huyen a la guerra deben recibir prioridad.

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia rescindió el martes un memorando emitido por el gobierno del expresidente Donald Trump que estableció la política de “tolerancia cero” para los migrantes que cruzaran la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal, lo que resultó en la separación de miles de familias.

El secretario interino de Justicia, Monty Wilkinson, emitió el nuevo memorando, en el cual señala que el departamento regresaría a su política anterior e instruye a los fiscales federales de todo el país a actuar según lo amerite cada caso individual.

“De conformidad con este añejo principio de realizar evaluaciones individualizadas en los casos penales, estoy rescindiendo, con efecto inmediato, la directriz sobre políticas”, escribió Wilkinson.

El funcionario señaló que los principios del departamento han “enfatizado durante mucho tiempo que las decisiones sobre la presentación de cargos penales deberían involucrar no sólo una determinación de que se ha cometido un delito federal y que las pruebas admisibles probablemente serán suficientes para obtener y sostener una condena, sino que también deberían tener en cuenta otros factores individuales, como las circunstancias personales y los antecedentes penales, la gravedad del delito y la sentencia probable u otras consecuencias que resultarían de una condena”.

La política de “tolerancia cero” significaba que cualquier adulto que fuera detenido luego de cruzar la frontera de manera ilegal sería procesado por una entrada ilícita. Debido a que los niños no podían estar encarcelados con sus familiares, las familias de migrantes fueron separadas y los pequeños fueron puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual se encarga de los niños que cruzan la frontera sin compañía de un adulto.

Aunque la rescisión de la “tolerancia cero” es en parte simbólica, sí deshace la política sumamente impopular implementada por el gobierno de Trump que es responsable de la separación de más de 5.500 niños de sus padres en la frontera de Estados Unidos con México. La mayoría de las familias no han sido procesadas bajo la política desde 2018, cuando se suspendieron las separaciones, aunque éstas han continuado en menor escala. En la práctica, el fin de la política afectará principalmente a los hombres que han ingresado a la nación solos y de manera ilegal.

Los procesos habían disminuido significativamente después de que el gobierno de Trump declarara una emergencia sanitaria relacionada con la pandemia de coronavirus, la cual le permite expulsar inmediatamente a los mexicanos y a los centroamericanos sin aplicar las leyes de inmigración.

“Aunque las políticas pueden cambiar, nuestra misión sigue siendo siempre la misma: buscar la justicia en apego a la ley”, escribió Wilkinson en el memo, el cual fue obtenido por The Associated Press.

El presidente Joe Biden ha emitido un decreto para deshacer algunas de las políticas restrictivas implementadas por Trump, pero el gobierno anterior ha alterado tanto el panorama de la inmigración que tomará bastante tiempo desenredar todos los cambios importantes. Algunos padres que fueron separados de sus hijos fueron deportados. Los defensores de las familias han pedido a Biden que permita que esas familias se reúnan en Estados Unidos.

El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, junto con Trump y otros funcionarios de alto rango en su gobierno, estaban decididos a reducir la inmigración. La política de “tolerancia cero” fue una de varias políticas restrictivas dirigidas a disuadir a los migrantes de llegar a la frontera sur. El gobierno de Trump también redujo significativamente el número de refugiados permitidos en Estados Unidos y paralizó el asilo en la frontera, a través de una combinación de órdenes ejecutivas y cambios regulatorios.

La política fue un desastre. No se creó un sistema para reunir a los niños con sus familias. Un reporte del inspector general del Departamento de Justicia publicado hace unas semanas encontró que la política provocó un déficit de financiación de 227 millones de dólares. Los niños sufrieron daños emocionales duraderos a causa de las separaciones y la política fue calificada como inhumana por líderes mundiales.

La política entró en vigor el 6 de abril de 2018 en virtud de una orden ejecutiva que se emitió sin aviso a otras agencias federales que tendrían que gestionar la política, incluido el Servicio de Alguaciles Federales y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se suspendió el 20 de junio de 2018 y un juez federal ordenó que se reuniera a las familias.

El reporte del inspector general también encontró que Sessions y otros funcionarios de alto rango sabían que los niños serían separados bajo la política y lo alentaron. Los funcionarios del Departamento de Justicia ignoraron las inquietudes del personal sobre la aplicación de la política y no se molestaron en establecer un sistema de seguimiento de las familias para reunirlas. Algunos niños aún están separados de sus padres.

WASHINGTON (AP) — Los sospechosos no trataron de pasar inadvertidos, precisamente.

“ESTE SOY YO”, dijo un individuo en un post en Instagram, con el emoji de una mano apuntando hacia sí mismo en una foto de la violenta toma del Congreso de Estados Unidos. “Siiii, tomamos el Capitolio. jajaja”, escribió una mujer ya adentro del edificio. “Solo quería incriminarme un poco jajaja”, afirmó otro en un selfie tomado durante los disturbios del 6 de enero que publicó en Facebook.

Decenas de partidarios de Donald Trump que participaron en la insurrección se vanagloriaron de ello en las redes sociales. Algunos aparentemente se dieron cuenta de que tal vez no era lo indicado y eliminaron sus comentarios, videos y fotos, solo para descubrir que amigos y familiares tenían copias y se las habían pasado al FBI.

Su inocencia y la actitud de sus amigos permitió a las autoridades encausar a unas 150 personas hasta el lunes, acusadas de delitos federales. Las imágenes de los propios insurrectos, no obstante, no alcanzan y las autoridades deben trabajar diligentemente para demostrar que participaron en actos de vandalismo.

Dado que hubo muy pocos arrestos el día de los incidentes, el FBI y otros servicios están rastreando a los sospechosos donde sea que viven.

“El que te hayas ido de Washington no quiere decir que no te vamos a golpear la puerta si participaste en actividades delictivas adentro del Congreso”, advirtió Steven D’Antuono, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Washington. “El FBI no escatima recursos en esta investigación”.

El FBI recibió más de 200.000 fotos y videos sobre los disturbios y está buscando a una cantidad de gente. Usando datos aportados por compañeros de trabajo, conocidos y amigos, los agentes cotejan fotos de las licencias de conducir con las de los sublevados filmados por las cámaras del Congreso. En algunos casos consiguen material de Facebook y Twitter que les permite conectar sus cuentas en las redes sociales con sus correos electrónicos o números de teléfono. En otros, usan registros de los lectores de placas para confirmar sus desplazamientos.

Se cree que más de 800 personas ingresaron al Capitolio, aunque es probable que no todas sean identificadas y acusadas de delitos. Los fiscales federales están enfocándose en los casos más graves.

Un grupo especial de fiscales está decidiendo si acusar a los sospechosos de sedición, un delito que conlleva hasta 20 años de cárcel. Un trío fue acusado de conspiración, pero la mayoría deben responder a delitos menos graves como ingreso ilegal y alteración del orden público.

Varios insurrectos publicaron selfies de ellos adentro del Congreso en sus cuentas en las redes sociales, ofrecieron entrevistas en las que describieron sus experiencias y admitieron de buena gana haber estado allí al ser interrogados por los investigadores. Un individuo publicó un álbum en Facebook titulado “¿La casa de quién? NUESTRA CASA”, lleno de fotos suyas y de otros en el Capitolio, según las autoridades.

“Tal vez pensaron, como tanta gente que trabaja para Trump, que si el presidente les dice que hagan algo, no es ilegal”, expresó Michael Gerhardt, experto en juicios políticos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte.

Otros se equivocaron feo, como el policía de Houston que negó haber estado en el Congreso y después permitió que los agentes viesen las fotos de su teléfono. En el archivo de cosas eliminadas había fotos y videos, incluidos selfies que se tomó adentro del Congreso según las autoridades. Un hombre que también ingresó al edificio llevaba un monitor que permite rastrear sus movimientos tras ser condenado por un robo.

Un bombero retirado de Long Island, Nueva York, envió al hermano de su novia un mensaje de texto con un video que lo muestra afuera del Capitolio, en el que dijo que era “la punta de lanza” de la toma del Congreso. El hermano de la novia era un agente del Departamento de Seguridad Diplomática y envió de inmediato el video al FBI. Un abogado del individuo, Thomas Fee, dijo que “no trató de tomar el Capitolio” y que simplemente “entró por una puerta abierta, nada más”.

En otro caso, un individuo que se iba de Washington en avión dos días después de la toma se la pasaba gritando “¡Trump 2020!” y fue bajado del avión. Hizo una reserva en otro vuelo y, mientras esperaba, un agente lo reconoció en una foto de Instagram y fue detenido. Lucía la misma camisa que llevaba el día de los disturbios, de acuerdo con las autoridades.

Los abogados de los insurrectos dicen que las imágenes que ellos mismos tomaron y difundieron son un problema.

“No soy mago”, dijo el abogado del individuo que fue fotografiado llevándose un atril de la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi. “Hay una foto de nuestro cliente en lo que parece el interior de un edificio federal o del Capitolio, con artículos del gobierno”.

La policía del Capitolio no estaba preparada para hacer frente a un ataque de esa magnitud y fue desbordada por los manifestantes que ingresaron al Congreso y se pasearon por allí algunas horas mientras los legisladores se escondían. Cinco personas murieron en los incidentes, incluido un policía.

Trump será sometido a un juicio político, acusado de “incitar la violencia contra el gobierno de Estados Unidos”.

WASHINGTON (AP) — Las autoridades confiscaron armas en puestos de control de los aeropuertos de Estados Unidos a tasas récord el año pasado a pesar de la fuerte caída de viajeros debido a la pandemia de coronavirus.

La Agencia de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) dijo el martes que sus agentes hallaron 3.257 armas de fuego en el equipaje de a bordo de los pasajeros en 2020, unas 10 por cada millón de viajeros. El 83% de las armas estaban cargadas.

En 2019, los agentes hallaron cinco armas por cada millón de pasajeros. Sin embargo, dado que hubo 500 millones de pasajeros más, aparecieron 4.432 armas ese año, una cifra récord.

Los agentes decomisaron 220 armas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, 176 en el de Dallas/Fort Worth, 126 en el de Houston, 126 en el de Phoenix y 104 en el de Denver.

La ley federal prohíbe a los pasajeros, salvo ciertos agentes de seguridad, portar armas o municiones en la cabina. Pueden llevarlas en la bodega siempre que estén descargadas y en cajas cerradas.

Las aerolíneas no están obligadas a permitir el transporte de armas incluso en la bodega. Todas las principales aerolíneas estadounidenses las prohibieron en vuelos a la zona de Washington durante una semana después del asalto al Capitolio el 6 de enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. Esas prohibiciones caducaron tres días después de la investidura del presidente Joe Biden.

NUEVA YORK (AP) — Aprobar una reforma migratoria que allane el camino a la ciudadanía estadounidense para 11 millones de inmigrantes sin autorización podría lograrse este año aunque no será fácil debido al legado “racista” dejado por el expresidente Donald Trump, dijo el lunes la veterana activista de derechos civiles Dolores Huerta.

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Huerta destacó que ahora es necesario educar al público estadounidense sobre los méritos de los inmigrantes y desmantelar el trabajo de Trump. Para aprobar una reforma migratoria en Estados Unidos habrá que recordar imágenes impactantes, como las de la separación de padres e hijos migrantes en la frontera sur estadounidense durante la presidencia de Trump, indicó.

“Creo que (Trump) fue mucho más lejos de lo que la gente esperaba”, dijo Huerta. “Cuando uno ve esas imágenes, no creo que haya nadie con una mente sana que apoyase la separación de familias. Y creo que eso marcará la diferencia (para la reforma migratoria)”.

“Aún creo que la mayoría de los estadounidenses son gente con buen corazón y con una buena mentalidad. Cuando vean que la lucha (para la reforma migratoria) es justa, se unirán a la causa”, dijo Huerta.

El proyecto de ley migratoria que Biden ha enviado al Congreso demoraría la obtención de la ciudadanía en sólo tres años para algunos inmigrantes y hasta ocho para otros. La propuesta facilitaría que cientos trabajadores se queden en el país de forma temporal o permanente, concedería ayudas al desarrollo a países de Centroamérica con la esperanza de reducir la inmigración y reforzaría la tecnología de control fronterizo.

El proyecto de ley —que ha fracasado anteriormente en el Congreso— llega tras la salida de Trump, que impuso duras políticas para frenar la llegada de inmigrantes no autorizados a Estados Unidos. En 2018 la administración Trump lanzó una política de tolerancia cero para procesar como criminales a los migrantes adultos que entraban ilegalmente a través de la frontera con México. Por esa decisión miles de padres fueron separados de sus hijos y se generó una fuerte ola de críticas a nivel internacional. Poco después Trump dio marcha atrás con la separación familiar.

Huerta, nacida en el estado de Nuevo México, está considerada como un símbolo de la lucha de los trabajadores inmigrantes, sobre todo de los que trabajan en el campo. Junto al activista de derechos civiles César Chávez, Huerta co-fundó la organización conocida hoy como United Farm Workers. Hoy en día es la presidenta de la Fundación Dolores Huerta.

La activista aseguró ser optimista respecto a la aprobación de la propuesta migratoria en el Congreso, a pesar de la fuerte división entre demócratas y republicanos que existe en éste.

“Creo que fue muy valiente por parte de Biden tomar un paso tan decisivo de forma inmediata tras asumir la presidencia”, indicó. “Creo que (Biden) envía un mensaje muy claro de que él no va a hablar de lo que hará sino que ya lo está haciendo”.

Las campañas que se lanzan ahora por parte de activistas a favor de una reforma van a tener mucho trabajo por delante, dijo Huerta, quien destacó que deben tratar de demostrar que los inmigrantes contribuyen mucho a la sociedad.

“Es necesario educar al público estadounidense y hacerle entender que los inmigrantes son trabajadores esenciales y que debemos cuidarlos”, dijo.

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Entrevistas con El Vocero Hispano: Oasis Legal Group // Abogado Jairo Hernandez

Andrés Abreu entrevista al abogado Jairo Hernández de la firma Oasis Legal Group. Hernández es especializado en asuntos de inmigración y estará ofreciendo sus servicios en Grand Rapids. Su oficina está localizada en la 250 Monroe Ave NW en la suite 400, oficina 440 y estará abierta publico a partir del 1 de octubre.

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