Por Ramón Peralta
Los públicos ataques emprendidos hoy por ultra celosos grupos religiosos y políticos contra las instituciones públicas que no se alinean con sus pensamientos y ortodoxia, nos traen a la memoria aquellas épocas cuando surgió la institución conocida como la Inquisición, que se usó para sancionar hasta con la muerte a los que cuestionaban las prevalentes ideas religiosas de la época.
La Inquisición surgió alrededor del siglo XIII en Europa y durante el período conocido como la Edad Media y fue creada por las autoridades católicas con el fin de penalizar todas aquellas ideas que contravinieran el pensamiento y el dogma religioso-católico de la época. Una publicación o declaración pública que pusieran en entredicho las ideas del dogma católico era penalizada drásticamente hasta llevar a muchos a las cárceles y otros a la muerte. Todo lo que se decía, tanto hablado como escrito, y que no se alineara con el dogma era penalizado. El caso mas conocido, pero no el solo, fue el de Galileo Galei que por afirmar que la tierra se movía alrededor del sol, fue llevado a la hoguera. Siglos después la iglesia católica reconoció el error.
Aún después de desaparecida esta época oscura, las prácticas, aunque en otras formas, continuaron. Regímenes políticos de fuerza la usaron para atacar sus opositores e imponer su mandato.
Pero lo que ha causado mas sorpresa es, que hoy en pleno siglo XXI y en una sociedad como la norteamericana, donde la libertad de expresión está reconocida como un mandato constitucional, todavía haya grupos interesados en poner trabas a las ideas en nombre de un determinado credo político o religioso en lugares públicos amparados por la libre expresión y protegidos por el mandato constitucional de la separación del estado y la religión.
A diario nos llegan por los medios de comunicación las acciones de como bibliotecas públicas están siendo azotadas y amenazadas de perder sus presupuestos por el hecho de tener libros y literatura que no están alineados con los preceptos y creencias de determinados grupos religiosos y políticos. Por otro lado, maestros y escuelas están siendo obligados a sacar de sus enseñanzas hechos históricos soportados por la ciencia de la historia como reales y partes innegables del pasado. Negar que en este país existió la esclavitud es como decir que la independencia fue un hecho falso e inventado por un grupo de conspiradores con el objetivo de ascender al poder.
La esclavitud no fue un hecho inventado por sus ascendientes para lograr que sus derechos sean reconocidos, sino que formó parte esencial de la estructura social y política del pasado de este país, y por tanto, su enseñanza está en consonancia con ese pasado. Asumir hoy que la enseñanza de la historia de la esclavitud en las escuelas es un intento de adoctrinamiento con el objetivo de envenenar las mentes de los niños blancos es un puro disparate de corte ideológico alimentado por un rancio racismo, la falsedad y la mentira. Los hechos empíricos de la esclavitud están ahí y no pueden ser descalificados en base a criterios ideológicos basados en la distorsión de los hechos históricos y proclamando que lo que se pretende es usar la enseñanza de la historia como instrumento para descalificar los grupos blancos.
Las escuelas públicas no pueden ser sometidas a credos y obligadas a seguir normas caprichosas de grupos, como aquellas que quieren prohibir que en la enseñanza de la historia no se mencione la esclavitud. Si usted no quiere que su niño esté expuesto a estas enseñanzas no lo envíe a la escuela y busque un centro privado que se acomode a su ideología política o religiosa. Por otro lado, las bibliotecas son lugares públicos financiados por la comunidad y, por tanto, no pueden ser sometidos a caprichos ideológicos de grupos. Lo que su hijo lea o no, cae bajo su responsabilidad y su control, pero extender eso a los demás está fuera de los linderos de lo que es una sociedad democrática y abierta al libre pensamiento.
