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Y VII

Por Ramón Peralta

Como hemos expuesto anteriormente, el objetivo de los grupos del poder económico de invertir en el gasto electoral no es mas que un mecanismo de atraerse la sumisión de los políticos a sus proyectos económicos. Esto explica el por qué en los últimos 40 años a los políticos se les ha hecho cuesta arriba aprobar urgentes políticas sociales en beneficios de las mayorías, a las que se les hace creer que lo que beneficia a los ricos también beneficia al país. Así han convertido el gobierno en un instrumento al servicios de la clase adinerada y en un mecanismo para eliminar o debilitar aquellas instituciones que en el pasado sirvieron de contrapeso político a los intereses del gran capital como fueron los sindicatos obreros.

Gracias al trabajo de las organizaciones obreras se pasaron importantes reformas en la etapa de la post guerra, en beneficio de las capas bajas y medias de la sociedad americana. Sin embargo, debido al compadrazgo de los empresarios con los políticos, las organizaciones obreras han sido reducidas a su mínima expresión. Según datos, en 1950 el 35% de los trabajadores del sector privado estaba sindicalizado, hoy solo están el 6.4%. 

Organizar un sindicato laboral es una operación difícil de llevar a cabo, debido a las trabas legales impuestas por los políticos afiliados al gran capital. Recientemente, el monstruo del comercio, “Amazon”, impidió la formación de un sindicato de sus obreros en Alabama. Legislaciones como la conocida “Right to Work” han producido rudos golpes al establecimiento de organizaciones laborales y por supuesto, a la implementación de políticas en favor de ese sector. Un caso bien conocido, ha sido la imposibilidad de establecer un salario mínimo que corresponda a las necesidades del presente. De acuerdo con datos económicos y tomando en cuenta el nivel de inflación,  el salario mínimo vigente hoy día es mas bajo que el establecido en los años 1960s.

Los mismos obstáculos han enfrentado políticas para establecer seguros de salud accesible para todos; centros para cuidado de niños gratis;  educación superior gratis para posibilitar el ascenso social de las capas bajas; mas tiempo libre en caso de maternidad; expansión del Seguro Social y el Medicare; proveer viviendas accesibles a sectores pobres, etc.

Mientras los políticos ponen barreras a la implementación de políticas sociales, todo lo contrario pasa cuando se trata de beneficiar a los super-ricos como pasó en el 2017, que recibieron una substancial rebaja en sus impuestos de 35% a 21%, contribuyendo al excesivo aumento de sus riquezas y privilegios. Además de  gozar del privilegio de pagar menos impuestos, también tienen la capacidad de evadir considerables cantidades de dinero de sus impuestos, por medio de la transferencia de dinero a bancas extranjeras y mudando sus empresas a otros territorios. Las leyes de impuestos y sus numerosas exenciones son capitalizadas al máximo por las grandes corporaciones gracias a las concesiones que les dan los que gobiernan.  De acuerdo a un reciente informe del New York Time, mas de 55 grandes corporaciones no pagaron un centavo de impuestos en los últimos tres años. El ciudadano común no tiene en sus manos esos privilegios y por tanto, tiene que abocarse a pagar sus impuestos porque de lo contrario tiene que abstenerse a las consecuencias legales. En ese sentido, tenemos un sistema político manipulado por el gran capital, que dicta el curso a seguir a su favor en el proceso económico y cuando se producen crisis tienen el poder de absolverse de la culpabilidad como sucedió en la crisis económica del 2008. En aquel momento,

cuando se produjo el desplome de la economía, la peor producida desde la Gran Depresión, a causa de  los malos manejos del sector financiero, el gobierno usó miles de millones de dólares para rescatar las grandes corporaciones, mientras miles de norteamericanos pagaron las consecuencias perdiendo sus empleos y sus viviendas.

Por otro lado, mientras las empresas y corporaciones se niegan a pagar salarios justos a sus obreros, sus máximos dirigentes, conocidos como CEO, reciben abismales compensaciones. Entre otras, se han pagado en los últimos años las siguientes compensaciones : Mary Barra de la General Motors $22 millones, Richard Smith de Equifax $17 millones, Carrie Tolsted de Wells Fargot $125 millones, Boeing CEO $23 millones, McDonald CEO $42 millones y JP Morgan $31 millones. Esas ganancias abismales han ido aumentando con el tiempo, ya que en 1960 un típico CEO ganaba alrededor de 20 veces mas que un trabajador, mientras que en el 2019 se elevó a 300 veces mas.

Estas realidades muestran claramente quienes manejan la estructura del poder en la política americana y en la que la igualdad no es mas que una utopía. En otra ocasión volveremos sobre el tema. Las obras usadas como fuentes en los artículos fueron las siguientes: “The System, who rigged it, How we fix it”, Robert B. Reich; “Winner-Take-All Politics”, Jacob S. Hacker and Paul Pierson; “People, Power and Profits”, Joseph E. Stiglitz; and “Amercan Democracy”, Nicholas Lemann.     

 

 

 

 


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