ULTIMAS NOTICIAS

HUIXTLA, México (AP) — Después de caminar durante tres días por una carretera bajo el sol abrasador en el sur de México, un par de miles de migrantes decidieron descansar el martes y aprovecharon para recibir atención médica en las ampollas de los pies, lavar su ropa en el río y dormitar bajo cualquier sombra que pudieran encontrar en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas.

Nitza Maldonado y Omar Rodríguez se acostaron sobre la acera junto a una iglesia con su hijo de 6 años. La familia, originaria de Honduras, le había pagado a un traficante 12.000 dólares el año pasado para llegar a Estados Unidos, pero fueron detenidos en Texas y posteriormente deportados.

Debido a la pandemia de coronavirus, perdieron sus trabajos en su país natal —ella como asistente en un bufete de abogados y él como empleado de una lavandería. En Honduras, se enfrentaban al desempleo y a las deudas como resultado de su fallido intento por emigrar, así que decidieron partir nuevamente, pero esta vez por su cuenta.

Durmiendo en el suelo y a veces comiendo una sola vez al día, decidieron que ante la posibilidad de ser maltratados o deportados por las autoridades mexicanas, lo mejor era unirse a un gran contingente en su avance hacia el norte de México.

“Hay que migrar porque en nuestro país hay mucho desempleo, no hay educación”, dijo Maldonado. “Por eso nos toca esto que estamos pasando”.

Han pasado años desde que las autoridades mexicanas no permitían que un grupo tan numeroso de migrantes saliera a pie del estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala. Intentos recientes de menor tamaños fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, por elementos de la Guardia Nacional y de los agentes de inmigración.

El martes, aún no había indicios de que las autoridades mexicanas intentarían detener al grupo. La caravana, que incluye a cientos de niños, ha avanzado lentamente, recorriendo apenas 41 kilómetros (25 millas) en tres días.

Los migrantes aprovecharon la pausa para cargar sus teléfonos, secarse de la lluvia del lunes y refrescarse en el río.

Dayana Flores, de 17 años, y su esposo Kevin Ortiz, de 20, salieron de Honduras hace cuatro meses cuando su bebé apenas tenía 20 días de nacido. Desde entonces, han estado en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, acudiendo regularmente a la oficina de asilo y formándose antes del amanecer para tratar de obtener estatus legal, pero nada parecía avanzar.

“Mejor correr el riesgo, quizás pueda pasar uno (hacia el norte), que estar allá encerrados, sin trabajo, sin donde trabajar, sin comida, sin nada”, comentó Flores.

Otros expresaron una frustración similar con la lentitud de la oficina de asilo de México.

Rosibel Maldonado dijo que esperó los 45 días hábiles que la agencia le comentó que tardaría en procesar su solicitud de asilo, pero no recibió noticias, así que se fue.

No todos los migrantes buscan llegar a Estados Unidos. Las solicitudes de asilo en México se han disparado en los últimos años. Hasta septiembre, México había recibido 90.000 solicitudes, y más de dos terceras partes de ellas se realizaron en la oficina de Tapachula.

Aunque el gobierno ha tratado de contener a los migrantes al sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos, muchos migrantes buscan llegar a las ciudades del norte, donde hay muchas más oportunidades de empleo que en el sur del país.

Carlos Fuentes viajaba con su esposa y seis hijos. Quieren llegar a la ciudad norteña de Monterrey.

Fuentes estuvo seis años en Estados Unidos antes de ser deportado hace una década. Dijo que los miembros de una pandilla intentaron reclutar a sus hijos —a los niños para que vendieran drogas y a las niñas para que fueran sus novias— así que tuvieron que marcharse.

“Nos quedamos sin dinero y por eso decidimos venir en la caravana, y pues gracias a Dios no nos han detenido”, comentó.

NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán esperan presentar el lunes los argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso al narcotraficante mexicano en julio de 2019.

Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, se sometió a un juicio en Nueva York y fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas. Gozaba de una fama casi mítica tras fugarse de la cárcel dos veces en México, la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su celda. Fue recapturado, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sometido a confinamiento solitario.

Sus abogados aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. También han citado informes de que antes de declararlo culpable, algunos miembros del jurado accedieron a informes periodísticos sobre denuncias de abusos sexuales que fueron excluidas del proceso.

En el juicio, los abogados de Guzmán argumentaron que sirvió de chivo expiatorio de otros narcos que supieron sobornar a políticos y jefes policiales mexicanos para que los protegieran.

Según la apelación, “el enjuiciamiento de Chapo Guzmán se vio alterado por excesos y extralimitaciones tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios si él fuera realmente un capo de capos como insistían sus adversarios”.

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó el miércoles reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, cerrando así las puertas para permitirlo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Con los votos de 73 de los 84 diputados, el Congreso unicameral rechazó la solicitud presentada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para reformar el artículo 133 del Código Penal para autorizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad.

“Esta reforma es inconstitucional. Aquellos colectivos que se aprovechan de las mujeres organizadas parta sacarlas en marchas, ya basta. La reforma al 133 jamás va a garantizar el aborto porque es tan inconstitucional desde el artículo 1 de la Constitución”, dijo tajantemente le diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas.

“Me parece que el aborto debería ser penalizado más drásticamente porque aún hoy en día sigue habiendo muchos abortos clandestinos”, agregó el diputado Guillermo Galles del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):

Los diputados argumentaron su rechazo señalando que, en una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto para contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”.

Esta es la cuarta iniciativa que desde 1998 se presenta al Congreso para pedir la despenalización del aborto.

El aborto está penalizado de manera absoluta en El Salvador desde la reforma del Código Penal en 1998. Antes de la reforma, desde 1974, el aborto era permitido en tres causales: cuando la vida de la mujer estuviera en riego, por malformaciones previsibles y graves en el feto y cuando el embarazo era producto de violación.

Recientemente el presidente Nayib Bukele descartó que dentro de un proyecto de reformas constitucionales que presentará en los próximos meses, se esté pensando incluir temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

“He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, no proponer ningún tipo de reformas A NINGUN ARTICULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.

El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas víctimas de violación, la ley lo castiga. Actualmente hay más de 40 mujeres cumpliendo condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso, el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de los dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años de prisión.

Entre 2014 y 2020 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registró 190 mujeres procesadas. De éstas 46 fueron condenadas por homicidio agravado y unas 30 por aborto.

Se estima que, en El Salvador, una nación de casi siete millones de habitantes, unas 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas cada año y se realizan miles de abortos clandestinos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rick tocó tierra el lunes por la mañana cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán en el occidente de México, como huracán categoría dos provocando fuertes lluvias y vientos de hasta 165 kilómetros por hora (105 mph).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el meteoro se encontraba 25 km (15 m) al nor-noreste de Lázaro Cárdenas y 75 km (50 m) al noroeste de Zihuatanejo. Se trasladaba hacia el norte a una velocidad de 13 km/h (8 mph) pero se preveía que girara hacia nor-noreste adentrándose en el territorio mexicano a lo largo del día y que fuera debilitándose en las próximas horas.

Los meteorólogos dijeron que los vientos y la lluvia generados por Rick también podrían afectar el puerto turístico de Acapulco, localizado al sureste en el estado de Guerrero.

Los gobiernos de Michoacán y Guerrero se mantenían en alerta y abrieron varios albergues de emergencia en Lázaro Cárdenas y el turístico destino de Zihuatanejo, en Guerrero.

El centro de huracanes advirtió que Rick podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la costa, en la que abundan las montañas.

Durante su paso por tierra el huracán provocará lluvias de intensas a torrenciales y posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, así como crecientes niveles en arroyos y ríos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, indicó la Comisión Nacional del Agua.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas advirtieron el miércoles que grupos del crimen organizado estarían utilizando videojuegos para reclutar a menores de edad y exhortaron a los padres a estar alertas.

En medio de la creciente violencia que golpea a varios estados de México, que ha desatado las críticas de analistas y opositores contra las políticas de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades denunciaron que organizaciones criminales estarían utilizando videojuegos como “Free Fire”, “Call of Duty”, “Gears of War” y “Grand Theft Auto V” para reclutar a menores.

La declaración de las autoridades fue considerada por analistas como un intento del gobierno de López Obrador de distraer la atención de problemas más urgentes y graves, como los que existen en algunas regiones donde organizaciones delictivas mantienen abiertos enfrentamientos armados por el control del tránsito de la droga y otros productos y el paso de migrantes mientras la población se mantiene en zozobra y las fuerzas de seguridad se encuentran limitadas por contenerlos.

Durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó un informe sobre un supuesto modus operandi que estarían utilizando integrantes de organizaciones criminales para captar a jóvenes, interesados en los juegos con armas, e invitarlos a eventos privados donde les dan instrucciones para su reclutamiento.

Mejía afirmó que los reclutadores tienen conocimientos de tecnología, lo que les permite burlar los algoritmos de las consolas Xbox y PlayStation y de los videojuegos.

El subsecretario de Seguridad no presentó cifras de los niños que habrían sido captados por las organizaciones criminales bajo esa modalidad y solo citó el caso de tres menores de edad, que eran usuarios de “Free Fire”, que habrían sido reclutados a través del videojuego y a los que luego se les ofreció un trabajo para permanecer en un área chequeando “frecuencia de radio y avisar si hay presencia policiaca”.

Mejía indicó que gracias a labores de inteligencia y de un “sicario simulado” se logró entrar al juego y rastrear la ubicación de los tres menores en el estado sureño de Oaxaca, donde elementos de la Fiscalía General y la policía los recataron y detuvieron a una mujer que habría actuado como intermediaria.

La Fiscalía General de Oaxaca informó el 14 de octubre que fueron rescatados tres menores, con edades entre 11 y 14 años que eran originarios de la localidad sureña de Tlacolula de Matamoros que habían sido reportados como desaparecidos, quienes fueron reclutados por integrantes del crimen organizado a través del videojuego de “Free Fire”.

“Hay que tener cuidado y dedicar más tiempo a los niños”, afirmó López Obrador al exhortar a los padres a estar atentos. “Estos juegos están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos y hay que reflexionar”, agregó.

La presentación de la denuncia sobre el uso de los videojuegos por las organizaciones criminales coincidió con la difusión de las cifras mensuales de incidencia delictiva en México.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo el miércoles a la prensa que entre enero y septiembre los delitos federales tuvieron una disminución de 23% en comparación con igual período del año pasado y los homicidios dolosos registraron un descenso de 3,4% para un acumulado de 25.392 asesinatos. En los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, México y Chihuahua se concentra la mitad de los homicidios del país.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que sigue la incidencia delictiva en México, afirmó que aunque la denuncia de las autoridades es fundamental “no es lo más relevante en este momento” ante lo que consideró como una “seria problemática de violencia” que enfrenta la nación latinoamericana que aseguró que no está siendo atendida.

Al referirse a las cifras de incidencia delictiva presentada por las autoridades, Rivas dijo a la AP que resultaba preocupante que los casos de feminicidios, violencia familiar, violación, homicidios y narcomenudeo se encuentren entre los tres primeros lugares en México, y sostuvo que “habría que tener una respuesta mucho más profunda y clara alrededor de los problemas reales de violencia que sufre el país”.

Sobre el tema de reclutamiento de menores por parte de las organizaciones criminales, el analista indicó que de acuerdo a un estudio realizado este año por el Observatorio Nacional Ciudadano, los videojuegos no son el principal aspecto, y agregó que según el trabajo de campo y la revisión documental la captación de menores por parte de la delincuencia se da por la “cercanía con el delito, la marginación, el abandono escolar, el abandono familiar”.

“Entre 145.000 y 250.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”, señala la referida investigación que advierte además que “no existen políticas sociales que garanticen los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes”.

EVH Impresa

GALERÍA DE VIDEO

FOLLOW US

 
   

 

Video de hoy

Entrevistas con El Vocero Hispano: Oasis Legal Group // Abogado Jairo Hernandez

Andrés Abreu entrevista al abogado Jairo Hernández de la firma Oasis Legal Group. Hernández es especializado en asuntos de inmigración y estará ofreciendo sus servicios en Grand Rapids. Su oficina está localizada en la 250 Monroe Ave NW en la suite 400, oficina 440 y estará abierta publico a partir del 1 de octubre.

FOTO NOTICIAS