Por ELLIOT SPAGAT
SAN DIEGO (AP) — El gobierno de Joe Biden acordó permitir que unas 250 personas crucen cada día los pasos fronterizos con México para solicitar asilo en Estados Unidos, como parte de las negociaciones para resolver una demanda sobre una política relacionada con la pandemia del coronavirus que niega a los migrantes el derecho a pedir protección, dijo un abogado el lunes.
El ejecutivo dijo también que dejará de llevar a familias migrantes desde el Rio Grande Valley, en Texas, a El Paso, también en Texas, y San Diego en avión para expulsarlas desde allí en base a la política migratoria, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó una demanda en una corte federal en Washington, D.C. El gobierno se ha reservado el derecho a reanudar los vuelos “si considera que las circunstancias los justifican”.
Las concesiones gubernamentales reformularían drásticamente la política conocida como “Título 42”, llamada así por una sección de una oscura ley de 1944 que el expresidente Donald Trump usó para permitir que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades terminaran de facto con el asilo en la frontera mientras trataban de atajar la propagación del coronavirus.
Biden emitió del “Título 42” a los menores no acompañados, pero se mantiene en vigor para adultos solteros y para muchas familias. Ha sido criticado por los progresistas por dejar el asilo fuera del alcance de muchos y por alentar a algunos padres a mandar a sus hijos al otro lado de la frontera. Los críticos partidarios de la aplicación de la ley señalan que eximir a los menores que viajan solos provocó un récord de cruces y que el final de las restricciones tendrá un efecto llamada.
El gobierno y la ACLU acordaron “un proceso simplificado para asesorar y evaluar las solicitudes de exención presentadas por familias vulnerables en especial y por otros”, afirmó Gelernt. Una vez el mecanismo esté en pleno funcionamiento, se estima que 250 personas vulnerables podrán cruzar a diario para solicitar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales. Deben someterse a una prueba de detección del COVID-19 antes de ingresar al país.
Alrededor de 2.000 personas han podido entrar ya al país, exentas de la política derivada de la pandemia, para pedir asilo u otras formas de protección en Estados Unidos, agregó el abogado.
“Aunque se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen a la eliminación del Título 42 y la plena restauración del proceso de asilo”, apuntó.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una petición de comentarios el lunes en la noche.
Los defensores de la inmigración han aumentado la presión para eliminar por completo las medidas impuestas por la pandemia alegando que no pueden defenderse únicamente por motivos de salud pública. Los migrantes suelen ser expulsados a México en las dos horas posteriores a su detención por parte de agentes de la patrulla fronteriza.
Funcionarios gubernamentales, aunque insisten en que esta política se estableció por motivos de salud pública, han afirmado repetidamente que necesitan más tiempo para desarrollar el sistema de asilo “humano” prometido por Biden durante la campaña a la Casa Blanca.
El gobierno de Biden ha efectuado vuelos diarios con hasta 135 personas desde Brownsville, Texas, a El Paso y San Diego desde que las autoridades mexicanas del estado de Tamaulipas limitaron drásticamente el número de familias centroamericanas que admitían, citando una ley mexicana que entró en vigor en enero contra la detención de menores migrantes. Las familias son expulsadas desde El Paso y San Diego, ciudades fronterizas donde las autoridades mexicanas se han mostrado más dispuestas a recibirlas que en el Rio Grande Valley de Texas, el paso ilegal más concurrido.
La Patrulla Fronteriza tuvo más de 173.000 encuentros con migrantes en la frontera mexicana en abril, el récord desde abril de 2000, aunque la cifra no es directamente comparable porque más de seis de cada 10 fueron expulsados en base a las normas pandémicas. La expulsión no tiene consecuencias legales por lo que muchos lo intentan varias veces.
Las autoridades encontraron 17.171 menores que viajaban solos en abril, por debajo del récord histórico de 18.960 en marzo.
