Por JONATHAN LEMIRE y ZEKE MILLER
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, sumió el lunes en el caos la transición presidencial. El mandatario bloqueó la colaboración de los miembros del gobierno con el equipo del presidente electo, Joe Biden, mientras que el secretario de Justicia, William Barr, autorizó al Departamento de Justicia a investigar acusaciones sin base de fraude electoral.
Algunos republicanos, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, apoyaron los esfuerzos de Trump por impugnar los resultados de las elecciones. Pocos en el Partido Republicano reconocieron la victoria de Biden o condenaron otra iniciativa más preocupante de Trump el lunes: su destitución del secretario de Defensa, Mark Esper.
Las noticias pusieron en duda que el país vaya a asistir a un traspaso de poder tranquilo como los que han consolidado su democracia durante años. El Colegio Electoral tenía previsto confirmar oficialmente la victoria de Biden el 14 de diciembre, y el demócrata asumirá el cargo a finales de enero.
Barr autorizó el lunes a los fiscales estadounidenses a investigar acusaciones “sustanciales” de irregularidades y fraude electoral, aunque no existen pruebas generalizadas de esa clase de problemas en las elecciones de 2020. De hecho, funcionarios electorales de ambos partidos han declarado públicamente que la votación marchó bien, y también los observadores internacionales confirmaron que no hubo irregularidades graves.
El abogado de campaña de Biden, Bob Bauer, dijo que el comunicado interno de Barr autorizando las pesquisas “sólo alimentará las ‘afirmaciones engañosas, especulativas, imaginativas o remotas’ que dice combatir”.
Biden siguió adelante con sus preparativos para formar un gobierno, reuniendo un equipo de expertos para afrontar la creciente pandemia. Pero la agencia federal que debe dar luz verde al inicio de la transición demoró hacerlo. Y la Casa Blanca maniobró para expulsar a aquellos considerados como no lo bastante leales, mientras Trump seguía negándose a admitir la derrota.
El presidente se mantuvo alejado de las cámaras en la Casa Blanca mientras continuaba la conversación sobre cómo pasaría los próximos días y semanas al tiempo que impugnaba la voluntad popular. No se esperaba que Trump admitiera la derrota oficialmente, aunque era probable que abandonara reacio la Casa Blanca al final de su mandato, según varias personas de su entorno.
También se especulaba sobre la celebración de más mítines en un intento de mantener motivados a los seguidores de Trump a pesar de la derrota. Era posible que incluyeran la participación de su familia y de importantes aliados, pero no la del presidente.
Algunos colaboradores de Trump creían que la destitución de Esper, el responsable del Pentágono, sería la primera de varias, ya que el presidente ya no tiene que responder de nuevo ante los votantes y está molesto con los miembros del gobierno a los que considera insuficientemente leales. Otros que podrían verse señalados son el director del FBI, Christopher Wray; la directora de la CIA, Gina Haspel, y el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas.
El presidente recibió el visto bueno de McConnell para seguir peleando. Muchos republicanos ven al líder republicano en el Senado como el hombre que tendrá que señalar la salida a Trump en algún momento.
“En realidad, nuestras instituciones están diseñadas para esto”, dijo McConnell al abrir la sesión del Senado el lunes. “Tenemos el sistema para considerar las preocupaciones, y el presidente Trump está en pleno derecho de investigar acusaciones de irregularidades y estudiar sus opciones legales”.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, replicó que la resistencia de los republicanos a aceptar los resultados de las elecciones era “extremadamente peligrosa, extremadamente venenosa para nuestra democracia”.
“Joe Biden ganó las elecciones con justicia”, añadió Schumer.
Unos pocos senadores republicanos hicieron tibios gestos admitiendo un cambio de gobierno. El senador de Nebraska Ben Sasse felicitó a Biden, y la senadora Susan Collins de Maine mencionó la “aparente victoria” demócrata. Pero muchos congresistas republicanos eran reacios a hablar sobre las elecciones, viendo poco incentivo político a tomar una postura firme sobre la salida de Trump de la Casa Blanca.
Los republicanos en el Capitolio han sido reacios a presionar al presidente para que admita la derrota, sabiendo que molestaría a su base de seguidores devotos de Trump. La mayoría tampoco avivaba abiertamente las afirmaciones sin base del presidente sobre un fraude, aunque no despejaban los cuestionamientos sin pruebas sobre el proceso electoral.
Para aumentar la sensación de incertidumbre, la Administración de Servicios Generales (GSA, por servicios en inglés) demoró el inicio oficial del traspaso de poder, impidiendo que los equipos de Biden accedieran a las agencias federales. Un portavoz de la agencia dijo el lunes por la noche que aún no había una “constatación” sobre el ganador de las elecciones.
Señalando a las acciones de la agencia durante el recuento ampliado en los comicios de 2000, el vocero señaló que podría no iniciar el proceso de transición hasta que Trump admitiera la derrota o el Colegio Electoral se reuniera el mes que viene.
Ese recuento en Florida implicaba un margen de apenas 537 votos en un estado que podría haber determinado qué candidato obtenía los 270 votos electorales para proclamarse presidente. Las ventajas de Biden en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que le dieron los votos para llegar a la Casa Blanca, son mucho mayores, y más amplias que las ventajas de Trump en esos mismos estados en 2016.
En una llamada el lunes por la noche con periodistas, un funcionario encargado de la transición dijo que el equipo de Biden cree que es hora de que el administrador de la GSA certifique que Biden es el presidente electo. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que “desde luego hay una posibilidad” de acciones legales si eso no ocurre, aunque también se barajan otras opciones.
Mientras tanto, el gobierno parecía ir reduciendo su actividad a todos los niveles.
Empleados de la Casa Blanca y cargos políticos nombrados por Trump informaron a los funcionarios de carrera del gobierno de que no debían iniciar el proceso de transición hasta que la GSA lo aprobara, según personas familiarizadas con la situación.
Un miembro del gobierno dijo que el director presidencial de personal, John McEntee, exasesor personal del presidente, había transmitido a los departamentos que debían cancelar por ahora cualquier nombramiento político. Otro funcionario dijo que la advertencia no se interpretó como un preliminar a despidos, sino para recalcar que no se tomaran decisiones en contra de Trump mientras el mandatario no aceptara la derrota. Estos funcionarios y otros que no estaban autorizados a comentar políticas internas o describir conversaciones privadas pidieron anonimato.
Pero algunos elementos del gobierno federal ya se habían movilizado para preparar el relevo. El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación ampliaron hasta el día de la investidura una restricción de vuelo en torno a Wilmington, Delaware, donde vive Biden. También se ha reforzado su equipo de seguridad con agentes de la División de Protección del Presidente.
Y pese a la postura pública de Trump, en su círculo interno iba ganando fuerza la idea de que el resultado electoral sería imposible de cambiar. Algunos miembros importantes del gobierno han intentado argumentar que Trump debe centrar sus esfuerzos en consolidar su legado, pero temen que se los señale como desleales por siquiera pensarlo.
Las acciones legales en estados en disputa como Georgia y Wisconsin ya han sido desestimadas. Y los esfuerzos de Trump sufrieron otro golpe el lunes cuando el asesor de campaña David Bossie, encargado de dirigir la ofensiva legal, dio positivo en coronavirus.
Bossie estuvo en la fiesta electoral en la Casa Blanca, celebrada en interior, que ahora se está planteando como un posible evento masivo de contagios tras los positivos del jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows; el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, y otros asesores.
En la Casa Blanca, el número de colaboradores presentes ha ido cayendo desde la noche electoral, debido en parte al resultado, y en parte a que varios están en cuarentena tras contagiarse o verse expuestos a personas con COVID-19. El vicepresidente, Mike Pence, tenía previsto salir el martes a unas vacaciones en Florida tras visitar el Capitolio.
La agenda pública de Trump no ha incluido una reunión informativa con personal de inteligencia desde el 1 de octubre. La Casa Blanca no ha proporcionado ningún resumen de llamadas del presidente con líderes extranjeros en semanas. No se ha reunido en meses con miembros del equipo de trabajo contra el coronavirus. Tampoco ha hecho declaraciones públicas sobre la tormenta tropical Eta, que está castigando los Cayos de Florida.
La prolongada resolución de los comicios sólo ha agravado la cultura de suspicacia que ha inundado la ahora vacía Ala Oeste de la Casa Blanca.
