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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala detuvo el miércoles a nueve personas acusadas de delitos de lesa humanidad por una masacre cometida durante el conflicto armado interno que se extendió entre 1960 y 1996.

La fiscalía confirmó el arresto de nueve hombres, entre ex miembros del ejército y ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de una masacre ocurrida el 29 de junio de 1982 en la que habrían muerto 25 personas en el caserío El Rancho Bejuco de la aldea Pacoj en el departamento de Baja Verapaz, al occidente de país.

Durante 1982 y 1983, época en la que gobernó el fallecido dictador Efraín Ríos Montt, se produjo la mayor cantidad de masacres de la guerra civil: al menos 400 fueron documentadas por informes. Muchas de ellas fueron cometidas en Baja Verapaz, donde fueron asesinadas miles de personas.

Según la constitución guatemalteca los hechos cometidos durante la guerra civil no prescriben por lo que pueden ser investigados sin importar el tiempo transcurrido.

Según un informe de las Naciones Unidas, durante la guerra civil murieron 200.000 personas y otras 45.000 desaparecieron. El informe responsabilizó a miembros del ejército y grupos paramilitares del 97% de las muertes y a la guerrilla del otro 3%.

TEGUCIGALPA (AP) — Los hondureños están expectantes y esperanzados ante la llegada al poder de la presidenta electa Xiomara Castro, quien asumirá el jueves. Sin embargo, el país centroamericano seguía atrapado en una división legislativa que podría dificultar que la nueva líder izquierdista comience a abordar de inmediato los problemas más apremiantes de la nación.

Hastiados de años de corrupción por parte de un gobierno que no cumplió con sus expectativas, los hondureños le dieron en noviembre pasado a Castro, de 62 años, un mandato sólido en las urnas, pero la presidenta electa ha tenido que lidiar, incluso antes de asumir, con una pugna de liderazgos en el nuevo Congreso.

El caos en el Legislativo inició el viernes pasado, cuando Héctor Leonel Ayala, ministro del Interior del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, presidió la primera reunión del nuevo Congreso y no permitió que el presidente del Legislativo fuera el que respaldaba Castro en una alianza entre su bloque político —el Partido Libre— y otra agrupación que la llevó al poder. Por el contrario, 20 miembros disidentes del partido de la futura mandataria propusieron a alguien más y se desató la confrontación.

En la víspera, los presidentes del Congreso en competencia —Luis Redondo, respaldado por Castro, y Jorge Cálix, apoyado por los disidentes— discutieron sus prioridades y se mostraron listos para liderar sus cuerpos legislativos parciales sin importar la falta de legitimidad.

Al final de la tarde del miércoles, en un intento por desatar el nudo de la división entre el Ejecutivo y Legislativo, Castro informó a través de Twitter que propuso a Cálix integrar su gobierno “en la posición de Coordinador de Gabinete, en aras de unirnos en la Refundación de Honduras”.

Cálix aún no se pronuncia sobre el ofrecimiento, ni respondió llamada telefónicas para saber su respuesta.

Salvador Nasralla, el líder del Partido Salvador de Honduras, que se alió a Castro para lograr la victoria presidencial, dijo el miércoles a The Associated Press que no ha habido negociaciones ni acuerdos sobre la situación del Legislativo, pues la alianza sostiene que Redondo “fue electo en ley” para presidir el Congreso.

“Luis Redondo está legitimado por la gente que nos eligió a nosotros para la presidencia. En cambio Cálix no está legitimado y ha hecho alianza con el Partido Nacional, el partido que le ha hecho mucho daño a Honduras en estos 12 años (de gobierno). No veo ninguna posibilidad de negociación salvo que Cálix se integre a la directiva, (pero no a la presidencia)”, dijo Nasralla.

El miércoles la sede del Legislativo hondureño aún permanecía tomada por simpatizantes de Castro que rechazan la división. Afuera, en un carro con bocinas, sonaba a todo volumen “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, que avizora el cambio de un gobierno de derecha a uno de centroizquierda en el país centroamericano.

 

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal guatemalteco condenó el lunes a 30 años de prisión a cinco expatrulleros civiles que en 1982 abusaron de más de 30 indígenas Achí como método contrainsurgente durante la Guerra Civil.

Cinco de las mujeres acusaron directamente a los paramilitares de violaciones sexuales mientras otras 29 de forma indirecta. Las originarias de varias aldeas del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, esperaron más de 30 años para obtener justicia. Relataron ante el tribunal que tras los abusos sufrieron desplazamientos, culpa y estigmatización, además del daño físico y emocional.

En menos de un mes el tribunal escuchó los testimonios de víctimas y expertos y revisó documentos que demostraron que Gabriel, Francisco y Damien Cuxum Alvarado, así como Bernardo y Benvenuto Ruíz Aquino violentaron a las indígenas cuando eran patrulleros civiles.

Gabriel Cuxum también deberá cumplir una pena extra de ocho años por tratar de cambiar su identidad para evadir la justicia.

Los patrulleros civiles fueron grupos de particulares organizados por militares durante el conflicto armado para ejercer controles a la población.

El juez Gelvi Sical leyó la sentencia y detalló que informes psicológicos realizados a las mujeres daban cuenta que se encontraban lúcidas y con buena memoria. Añadió que según los expertos los abusos se cometieron para infligir dolor y destruir a las comunidades que los expatrulleros consideraban enemigas porque creían que apoyaban a la guerrilla enemiga.

“Eso explica las desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones sexuales”, aseguró el juez. Añadió que el tribunal se sentía consternado por lo sufrido por las mujeres, pues evidenció “una muestra clara de esclavitud” y que ellas “han esperado años para romper el silencio ser escuchadas y demandar justicia”.

Pedrina Lopez, que tenía 12 años cuando los aliados de los militares llegaron a su comunidad y durante seis horas abusaron de ella, dijo que quería “que se escuche mi verdad, que se haga justicia”.

A varios kilómetros de la sala de audiencias, a través de videoconferencia, los acusados escucharon su condena.

Según un informe de la verdad de lo ocurrido durante la guerra en Guatemala (1960-1996), unas 200 mil personas murieron y 45.000 fueron desaparecidos. Añade que el 97% de los crímenes fueron cometidos por miembros del ejército y paramilitares y el restante 3% por la guerrilla.

TIJUANA, México (AP) — “Alto a los asesinatos a periodistas, ni un muerto más!” se lee en una de las pancartas que se levantaron durante la movilización que se realizó la noche del martes por las calles de Tijuana para exigir justicia por los homicidios de los comunicadores Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa ocurridos este mes.

Más de doscientas personas, vestidas de negro, salieron en silencio desde el monumento de Las Tijeras rumbo a la sede de la Fiscalía General para protestar por los recientes asesinatos de los periodistas que han conmocionado a un país que no se acostumbra a la violencia.

“Es el dolor y es la rabia lo que nos saca a la calle”, afirmó el periodista Daniel Salinas al reconocer que cuando intentaba reponerse de la muerte de su amigo Martínez, ocurrida el 17 de enero en Tijuna, recibió la noticia del asesinato de Maldonado, también en esa ciudad.

“Siento esto como una agresión a todos nosotros. Como si estas balas nos hubieran caído a cada uno de nosotros”, dijo Salinas, quien duda que los responsables de los asesinatos sean sancionados. “La experiencia me dice que la impunidad suele triunfar en estos casos”.

“¡Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más!”, gritaron cientos de personas que se concentraron la noche del martes frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para solicitar al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acciones para enfrentar los homicidios de los comunicadores.

Como parte de la protesta, se colocaron velas encendidas en la entrada de la dependencia, además que se proyectó sobre las paredes externas del edificio un video con las imágenes de algunos de los periodistas asesinados en los últimos años.

Las manifestaciones de Tijuana y la Ciudad de México cerraron una jornada de protesta que se extendió por al menos 18 ciudades del país.

Las movilizaciones se replicaron en algunas ciudades de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Quintana Roo, Baja California, Campeche y Oaxaca, donde decenas de periodistas se concentraron de manera pacífica en plazas y calles con carteles que decían “no se mata la verdad” y “ni un periodista más asesinado”.

“Emocionalmente quedamos devastados”, afirmó la reportera y activista Sonia de Anda, integrante del colectivo “Yo sí soy periodista” de Tijuana, al hablar de cómo han afectado los asesinatos de Martínez y Maldonado a los periodistas del estado de Baja California.

De Anda dijo a la AP que, tras los recientes homicidios, hay “mucho temor” entre los periodistas de Tijuana, y agregó que “salimos a trabajar porque tenemos que salir”. Reconoció que en la ciudad fronteriza la violencia ha escalado debido a la lucha de grupos criminales. Sobre el caso de Maldonado, precisó que aún no se conoce el móvil de su asesinato, pero sostuvo que es una “víctima de la libertad de expresión”.

Según los datos del gobierno federal, Baja California fue el segundo estado con más homicidios por cada 100.000 habitantes durante el mes de diciembre. Tan solo en Tijuana fueron asesinadas casi 2.000 personas.

Maldonado fue asesinada el domingo tras llegar a su casa, donde fue abordada por tres hombres, uno de los cuales le disparó, según la Fiscalía General de Baja California. La periodista, que había sido colaboradora en distintos medios pero que en los últimos tiempos hacía un programa de internet centrado en noticias locales, sufrió un ataque en marzo del año pasado cuando su vehículo recibió un disparo en el vidrio trasero. A raíz de ese incidente, se le incluyó en el mecanismo estatal de protección a periodistas y durante las noches era custodiada por policías, indicó de Anda.

A dos días del ataque, la vivienda de Maldonado sigue cerrada y acordonada. En el lugar sólo permanecen sus cuatro gatos y su leal perro “Chato”, de color canela, que no se ha movido de la entrada esperando a su dueña, según relataron vecinos.

El semanario Zeta de Tijuana publica desde hace más de 30 años una página en negro en cada edición para exigir que se busque al autor intelectual del asesinato de uno de sus directores en 1988. Este martes, saldrá a la calle para exigir justicia por los últimos homicidios, entre ellos el de su colaborador, Margarito Martínez.

“Vamos a salir a manifestarnos, vamos a llorar, vamos a sufrir”, dijo Adela Navarro, directora de Zeta, en el programa por Internet Los Periodistas, del reportero Julio Astillero.

Como recordaron muchos de los convocantes, incluida Navarro, las muertes de los comunicadores son un ejemplo de la inseguridad y la impunidad que viven todos los mexicanos en un país en el que la cifra de homicidios no baja de 30.000 al año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el martes en que habrá justicia por los últimos crímenes al plantear que en su gobierno no hay impunidad, aunque los datos parecen indicar lo contrario.

En un reciente encuentro con integrantes del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, Encinas reconoció que más del 90% de los asesinatos quedaban impunes.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) eleva el porcentaje al 95%, explicó su representante en México, Jan-Albert Hootsen, quien recordó que cientos de agresiones que no llegan al asesinato ni siquiera se denuncian y sólo se saben cuando los ataques incrementan su gravedad.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el CPJ, una ONG de protección a la prensa con sede en Nueva York. Según sus datos, hasta diciembre había nueve periodistas asesinados y de ellos tres fueron por represalias por su labor informativa, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.

LOS ÁNGELES (AP) — Seis hombres han sido acusados en Estados Unidos de intentar contrabandear armas de asalto y cientos de miles de municiones, incluyendo balas antiblindaje calibre .50, para uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México, informaron las autoridades el lunes.

El supuesto líder de la operación, Marco Antonio Santillán Valencia, de 51 años, originario de Whittier, California, fue arrestado la semana pasada junto con otros tres hombres, mientras que un quinto se encuentra detenido en Carolina del Norte por otros cargos. Se cree que el sexto implicado está en México, informó la fiscalía federal.

Los hombres están acusados de asociación delictuosa para violar las leyes federales de exportación al contrabandear armas hacia México para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Varios otros enfrentan otros cargos por contrabando o lavado de dinero.

Los hombres utilizaron dinero producto del narcotráfico para adquirir varias armas de venta legal en Oregon y Nevada, así como municiones en varios estados, y en ocasiones ordenaron el envío de cajas de municiones a una “ubicación de almacenamiento” en Nevada, según el comunicado de la fiscalía federal.

La operación comenzó en marzo de 2020 y duró alrededor de un año, durante el cual se enviaron algunos de los artículos a México y las autoridades incautaron otros, incluyendo fusiles de asalto y varios cientos de miles de municiones, entre los que había alrededor de 10.000 balas incendiarias antiblindaje calibre .50 que fueron adquiridas en Arizona, señalaron las autoridades.

También se confiscaron partes de fusiles de asalto y equipos para la fabricación de miniguns, una ametralladora de seis cañones capaz de disparar hasta 6.000 balas por minuto, señalaron las autoridades.

“Este caso se refiere a un plan para abastecer de un arsenal de grado militar a una importante organización del narcotráfico que comete indescriptibles actos de violencia en México para cumplir con su objetivo de inundar a Estados Unidos con peligrosos y letales narcóticos”, dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkinson en un comunicado.

Un jurado investigador acusó formalmente a los seis hombres en Los Ángeles el mes pasado. Santillán y otros dos hombres del sur de California se declararon inocentes el 19 de enero en Los Ángeles. El hijo de Santillán, Marco Santillán Jr., de 29 años, residente de Pahrump, Nevada, será instruido de cargos el 2 de febrero. Se desconoce de momento si cuenta con un abogado que hable a su nombre.

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