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PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las escuelas de Haití están cada vez más a merced de las pandillas, advirtió el martes la UNICEF, lo que convierte a los niños en objetivo para robos o secuestros para exigir un rescate.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia dijo que al menos siete escuelas de la capital, Puerto Príncipe, se han visto obligadas a pagarles a pandillas no identificadas a cambio de seguridad en los últimos dos meses y que otras instituciones han recibido amenazas.

“Más y más miedo en las escuelas significa cada vez menos aprendizaje”, señaló la UNICEF. “Las pandillas están convirtiendo rápidamente los templos del conocimiento en escenarios de violencia”.

En tanto, las autoridades haitianas informaron hace unos días que los miembros de una pandilla mataron a un profesor universitario que habían secuestrado. Patrice Derenoncourt trabajaba en la Facultad de Economía Social y Política en la Universidad de Notre Dame de Haití, en Puerto Príncipe.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses y haitianas siguen tratando garantizar la liberación de 17 misioneros de una organización religiosa de Estados Unidos que fueron secuestrados el 16 de octubre cerca de la capital. Los 16 estadounidenses, un canadiense y su conductor haitiano fueron secuestrados por la pandilla 400 Mawozo, cuyo líder ha amenazado con matarlos si no se cumplen sus demandas. Hay cinco niños en el grupo, incluido un bebé de ocho meses.

“Mientras esperamos que Dios dé solución a esta circunstancia tan difícil, creemos que Dios ha escuchado y está escuchando nuestras oraciones”, señaló la organización Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, en un comunicado emitido el martes.

Haití atraviesa problemas con un resurgimiento en los secuestros relacionados con pandillas, los cuales habían disminuido después del asesinato del presidente Jovenel Moïse perpetrado el 7 de julio y de un sismo de magnitud 7,2 que sacudió al suroeste de Haití a mediados de agosto, provocando la muerte de más de 2.200 personas.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los cuerpos de once personas ejecutadas, entre ellas seis menores de edad, fueron localizadas en una localidad del occidente de México donde operan organizaciones criminales que mantienen enfrentamientos por el control territorial, anunciaron el martes las autoridades estatales.

En el poblado de Tarecuato del municipio de Tangamandapio, estado de Michoacán, fueron hallados la noche del lunes los cadáveres de once habitantes de esa localidad, con edades comprendidas entre los 15 y 36 años, con impactos de balas, indicó en un comunicado la Fiscalía General de la entidad.

En lugar donde fueron localizados los cuerpos se encontró un camioneta y tres motocicletas, precisó la Fiscalía.

Los cadáveres, que presentaban disparos en varias partes del cuerpo y tiros en la cabeza, fueron encontrados separados entre sí con escasos centímetros y acostados en un predio rural ubicado a orillas de una carretera estatal que une los poblados indígenas purépechas denominados como Tarecuato y Los Úcares, informaron medios locales. En algunas fotografías difundidas en las redes sociales se observan los cuerpos aglomerados en medio de un campo cerca de una camioneta.

En el estado de Michoacán se han reportado frecuentes enfrentamientos armados entre miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, integrantes de Cárteles Unidos y otros grupos delictivos por el control de la zona.

Michoacán es uno de los seis estados del país, junto con Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, y Chihuahua, que concentraron la mitad de los homicidios que se registraron entre enero y septiembre que alcanzaron los 25.392, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo a las autoridades los homicidios dolosos ocurridos en los primeros nueve meses del año disminuyeron 3,4%, en comparación con igual período del año pasado.

Las políticas de seguridad desarrolladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su gobierno han sido cuestionado por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo aplican acciones aisladas que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad en México.

PUEBLA, México (AP) — Tres explosiones consecutivas ocurridas por una fuga de gas en una toma clandestina de un gasoducto dejaron la madrugada del domingo a por lo menos un muerto, 11 personas heridas, cuatro de ellas menores, y medio centenar de casas derrumbadas o fuertemente dañadas en un barrio al norte de la ciudad de Puebla, en el centro de México.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acompañado de autoridades civiles, militares y de Petróleos Mexicanos, explicaron en conferencia de prensa que se evitó una tragedia mayor gracias a una llamada de emergencia previa a las explosiones, alertando de una nube blanca y olor a gas, lo que permitió la evacuación de 2.000 personas en un radio de un kilómetro.

La fuga fue tan grande que en algunas partes las casas quedaron convertidas en escombros, y más de doce horas después todavía había llamas en el lugar de la toma clandestina, las cuales cesaron una vez que comenzó una fuerte lluvia.

No obstante, los vecinos se encontraban un poco más tranquilos después de las horas de miedo de la noche anterior.

“Cuando oí el escándalo, el griterío de la gente, ahí fue donde nos dimos cuenta de que ya venía el humo del gas (...) y ya no nos dio tiempo de sacar documentación ni animales ni nada”, dijo un vecino que no quiso dar su nombre pero habló ante las cámaras de AP poco después de que le informaran que su casa quedó completamente destruida.

De los once hospitalizados, algunos con quemaduras hasta en el 75% del cuerpo, tres se encontraban intubados y otros dos en estado grave. Las autoridades no especificaron la situación de los menores, de entre 3 y 16 años.

Las labores de rescate comenzaron desde la mañana con binomios caninos por si pudiera haber personas entre los escombros, aunque Barbosa indicó que no hay reportes de desaparecidos. El funcionario agregó que, según un balance preliminar, hay 54 casas derrumbadas o con daños muy graves.

El domingo por la mañana ya había en San Pablo Xochimehuacán un total de 1.400 efectivos entre militares, Guardia Nacional, policías y bomberos municipales y estatales e incluso efectivos de emergencia llegados del vecino estado de de Tlaxcala.

El general Alfredo González dijo que, además, otros 870 militares estaban en camino desde el Valle de México con todo tipo de herramientas, maquinaria y excavadoras y cuatro binomios caninos.

La explosión tuvo lugar en San Pablo Xochimehuacán, un barrio al norte de la ciudad de Puebla, poco antes de las tres de la madrugada.

El primer reporte de la nube de gas se recibió a la 1:34 y casi de forma inmediata las autoridades comenzaron la evacuación, primero en un radio de 300 metros hasta llegar al kilómetro. La primera de las tres explosiones fue casi 80 minutos después.

“Si no hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación, hubiera habido una tragedia de grandes proporciones, terrible”, aseguró Barbosa.

Incluso se tuvo que evacuar de forma preventiva durante algunas horas a 37 pacientes de un hospital de traumatología cercano, el cual reanudó operaciones normales poco después.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban grandes llamaradas y se escuchan las explosiones, que sembraron el pánico en la zona. Pero Javier González, de Petróleos Mexicanos, insistió la mañana del domingo en que el riesgo estaba “completamente controlado”.

Protección Civil de la ciudad tuiteó poco antes de las 7 de la tarde que, en trabajo coordinado con otros cuerpos, efectivos de Pemex “han cerrado la válvula y controlado la fuga”.

Desde por la mañana, las autoridades pidieron a los habitantes no acercarse al área.

“No pueden regresar por el momento”, dijo Eduardo Rivera, alcalde de Puebla. “Los riesgos de derrumbes, cables, pueden ser motivo de accidente grave”.

Según los datos preliminares, el origen de la fuga fue en un predio particular desde donde se estaba robando gas. Frente a ese lugar hay una empresa de gas.

En el predio de la toma clandestina había un camión cisterna y 25 cilindros de gas de 20 kilos cada uno, que los delincuentes estaban probablemente cargando, explicó González. La nube de gas se expandió a ras de suelo y al encontrar puntos calientes surgieron las explosiones.

Esa podría ser la explicación de que el lugar de la fuga estuviera como a medio kilómetro de la zona con más viviendas destruidas, según el mapa divulgado por protección civil de la ciudad.

En México ha proliferado el robo de hidrocarburos, sobre todo de petróleo, y Puebla es uno de los estados más afectados, pues se encuentra entre la capital y la zona petrolera del Golfo de México.

Los criminales perforan los ductos pese a los riesgos que eso provoca. Uno de los sucesos más graves fue en enero de 2019 en Tlahuelilpan, al norte de Ciudad de México, donde murieron más de 130 personas, muchas de las cuales fueron afectadas porque tras detectarse la fuga de combustible acudieron a llenar garrafas de gasolina y quedaron atrapadas en el incendio.

El gobernador de Puebla se comprometió a indemnizar a las víctimas, reconstruir las casas e investigar a profundidad lo ocurrido. Según dijo, los primeros implicados están a la vista: los dueños del lugar donde estaba la toma y del camión cisterna, así como sus socios. También dijo que se investigaría a la empresa de gas situada enfrente.

“Este hecho no va a quedar impune, vamos a ir a fondo”, aseguró

Recordó que es muy grave que haya dos ductos que pasan por Puebla porque, aunque se construyeron fuera de la zona urbana, la ciudad fue creciendo y se fueron levantando casas sobre ellos. De hecho, una de las zonas siniestradas está junto a una calle llamada Gasoducto.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció sus condolencias vía Twitter, hizo de la lucha contra el millonario negocio del robo de combustible uno de sus grandes compromisos y desplegó a miles de militares para custodiar los ductos. En Puebla había patrullajes constantes desde hace seis meses, dijo el domingo el general González.

Pero aunque las tomas clandestinas se han reducido en este gobierno, el problema no está solucionado.

Según un informe oficial de marzo, México perdía en promedio 4.000 barriles diarios de gasolina y diésel debido a las tomas ilegales, pero el presidente dijo que los robos, apoyados por los habitantes de poblaciones enteras, eran ya muy pocos.

PIJIJIAPAN, México (AP) — La fiscalía federal comenzó a investigar el incidente ocurrido el domingo en el sur de México, en el que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta que evadió a un control con 14 migrantes a bordo. Un migrante murió y otros cuatro resultaron heridos.

La Fiscalía del estado de Chiapas, la primera en presentarse al lugar de los hechos, informó el martes en un comunicado que trasladaba la investigación a la Fiscalía General de la República, considerando que los elementos de la Guardia Nacional “son señalados como sujetos activos” del delito de homicidio calificado y por tanto la competencia del caso es federal.

Dos personas de áreas distintas y al tanto de la investigación, que habían pedido el anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones, habían confirmado a AP el martes que un segundo migrante había fallecido. Sin embargo, ambas se retractaron horas después diciendo que esa persona seguía con vida, aunque en estado crítico.

La Guardia Nacional reconoció que la madruga del domingo elementos de su cuerpo dispararon a una camioneta con 14 migrantes a bordo por evadir un control. Según el comunicado divulgado el lunes, abrieron fuego cuando el vehículo había intentando embestirles y vieron en riesgo su integridad.

En la camioneta viajaban nacionales de Cuba y de Ghana, entre ellos, dos menores. El fallecido y las personas heridas eran todos cubanos, confirmó una autoridad federal el lunes.

El conductor fue puesto a disposición de la fiscalía, los heridos trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las autoridades como presuntas víctimas de un delito de tráfico de personas. El cadáver del fallecido, un hombre cubano, fue localizado en la parte de atrás de la pick-up con lesiones de arma de fuego.

Según los datos de la fiscalía estatal, en la camioneta también había un arma larga y un cargador. La Guardia Nacional no hizo mención alguna a ese detalle en la explicación ofrecida el domingo. Tampoco mencionó haber visto a nadie armado en la camioneta ni haber recibido disparos. Sí afirmó que su personal, armamento y equipo estaba a total disposición de los investigadores.

Los migrantes supervivientes, en sus declaraciones, indicaron que nadie del vehículo en el que viajaban estaba armado, dijo una de las personas conocedoras de la investigación. Sin embargo, fotos que están en la carpeta de las pesquisas muestran al migrante muerto, boca abajo con el arma larga bajo su cuerpo. Según un funcionario estatal que también pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones de una investigación en curso, el arma es de uso militar.

El incidente ocurrió en un área de ranchos ganaderos, bastante despoblada y muy cerca de la zona por la que estos días transita una caravana de migrantes, aunque los implicados en el letal evento no pertenecían al grupo de pocos miles que salió el 23 de octubre de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, y avanza poco a poco caminando hacia Ciudad de México.

Según la explicación de la Guardia Nacional del lunes, tres vehículos evadieron un control de seguridad en la zona y los agentes salieron en su busca. En un camino de tierra, la Guardia se encontró de frente con una de las camionetas, que no atendió la orden de detenerse e “intentó embestir a los elementos”. Los agentes, al ver “en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo”, que se detuvo a 50 metros. Aunque tanto el chofer como los pasajeros intentaron escapar, no lo consiguieron.

Campesinos de la zona, dijeron a AP que en la madrugada del domingo escucharon el rechinar de los carros que huían de las autoridades, así como las sirenas de patrullas. Después comenzaron las detonaciones en forma de ráfagas. Todos pidieron no mencionar su nombre por miedo, ya que esa zona, es usada habitualmente por los traficantes de migrantes para evadir un control de las fuerzas de seguridad que hay cercano.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos —la entidad oficial que vigila la actuación de los funcionarios públicos— también ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Once trabajadores de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) que trabajaban en una planta metalúrgica al norte del país, en el estado fronterizo de Coahuila, resultaron heridos el miércoles con quemaduras y daños auditivos debido a una explosión, informó la empresa en un comunicado.

Según AHMSA, el accidente tuvo lugar durante las labores de reparación del cableado de un motor. En ese momento hubo una fuga de aceite en una tubería que entró en ignición con la llama de un soplete de corte lo que produjo un gran flamazo y estruendo.

Cuatro de los heridos fueron dados de alta y otros siete con quemaduras permanecían hospitalizados el miércoles por la tarde “en observación, estables y sin riesgos mayores”.

El primer suceso, que dañó el cableado eléctrico, tuvo lugar la medianoche del martes cuando hubo un “amago de incendio” en un motor que fue “inmediatamente controlado por los trabajadores y el personal de emergencia”.

El área fue desalojada y el miércoles por la mañana cuando se procedía a la reparación de los daños es cuando ocurrió la fuga de aceite, según la compañía.

AHMSA es la principal empresa acerera de México. Su dueño, Alonso Ancira, fue acusado de delitos de corrupción y blanqueo de dinero este año y estaba encarcelado pero quedó en libertad en abril después de acordar un pago de 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos como compensación de una venta con sobreprecio de una planta de fertilizantes ocurrida en 2013.

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