ULTIMAS NOTICIAS

SANTO DOMINGO (AP) — El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a disparos el lunes por un amigo cercano en su oficina, informó la oficina del presidente en un comunicado.

Las autoridades señalaron que Jorge Mera murió al ser baleado por Miguel Cruz, quien ha sido arrestado. No dieron información sobre algún posible motivo y se desconoce si Cruz cuenta con un abogado.

“En nombre del gobierno y del presidente de la República, Luis Abinader, expresamos nuestras más profundas condolencias”, indicó la presidencia en un comunicado.

Jorge Mera proviene de una poderosa familia política. Es hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y su hermana es viceministra en el gobierno de Abinader. El hijo de Jorge es diputado por el Partido Revolucionario Moderno, del cual es miembro fundador.

La familia emitió un comunicado en el que afirma que Cruz había sido amigo de Jorge Mera desde la infancia y que el ministro recibió varios disparos.

“Nuestra familia perdona al autor de los hechos. Uno de los legados más grandes de nuestro Orlando era no guardar rencor”, se lee en el documento.

La policía y personal de emergencias se arremolinaron en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Santo Domingo, la capital dominicana, y prohibieron el ingreso mientras que los dolientes se reunían en los alrededores. La oficina de Jorge Mera está ubicada en el cuarto nivel de un edificio que también alberga al Ministerio de Turismo.

“Estamos consternados por la situación”, señaló el Ministerio del Medio Ambiente en un comunicado breve.

Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación, lamentó el homicidio en una publicación en Twitter.

“Su muerte es una tragedia”, afirmó. “Los dominicanos tenemos que reencontrarnos para lograr un pacto por la paz y la convivencia pacífica. No más violencia”.

Jorge Mera también era abogado y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno. Fue nombrado ministro de Medio Ambiente en agosto de 2020.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno mexicano anunció el jueves una tercera autopsia al cadáver de una joven cuyo cuerpo fue hallado en el depósito de agua de un motel debido a las diferencias que existen entre la necropsia oficial, que sugería la posibilidad de un accidente, y una ordenada por la familia que concluyó que fue agredida sexualmente y asesinada.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, indicó durante la conferencia presidencial matutina que una comisión especial había decidido la víspera hacer un “tercer dictamen” para unificar criterios y esclarecer la muerte de la muchacha.

Debanhi Escobar fue vista por última vez con vida la madrugada del 9 de abril cuando un taxista la dejó en una carretera cerca de la ciudad de Monterrey. Su foto, desamparada en medio de la noche, se hizo viral.

El hallazgo de su cuerpo en la cisterna subterránea de un hotel cercano dos semanas después y las irregularidades en la búsqueda e investigación denunciadas por la familia hicieron que el caso -uno entre las muchas desapariciones y feminicidios que hay en México- acaparara gran atención y determinara la intervención del gobierno federal.

La autopsia de las autoridades del estado de Nuevo León, donde está Monterrey, no mencionaba agresión sexual alguna, decía que la causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza y dejaba abierta la posibilidad de un accidente al indicar que la joven se había puesto de pie dentro del depósito que se abría en el suelo y que no tenía agua en sus pulmones.

Mejía confirmó que la segunda necropsia -pedida por la familia a peritos independientes- sí habla de una agresión sexual y agregó que indica otra causa de muerte que no detalló. Sin embargo, el padre de la joven, Mario Escobar, aseguró que su hija había sido asesinada.

Desde antes de conocerse la discrepancia entre las autopsias la fiscalía de Nuevo León separó a dos funcionarios a lo que investiga por errores y omisiones.

La nueva autopsia se realizará en la Ciudad de México.

Las irregularidades en los casos de feminicidio han sido habituales durante mucho tiempo en México y como ocurre en otro tipo de asesinatos, la impunidad es muy alta y sólo la insistencia de las familias ha logrado, en algunas ocasiones, llegar a la verdad.

Los casos consignados como feminicidios -asesinatos por motivos de género- han subido de 977 en 2020 a 1.015 en 2021, según datos del gobierno federal, aunque la cifra general de homicidios de mujeres es mucho mayor.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos periodistas murieron baleadas en el estado de Veracruz, con lo que ya son 11 los comunicadores asesinados en México en lo que va del año, considerado el más mortífero para la prensa mexicana, anunciaron autoridades estatales el lunes.

La periodista Yessenia Mollinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y la reportera Sheila Johana García Olivera, quien también laboraba para el medio, murieron en el municipio de Cosoleacaque, indicó en su cuenta de Twitter la Fiscalía de este estado con litoral en el Golfo de México al anunciar la apertura de una investigación sobre el caso.

La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, dijo en un comunicado que “no habrá impunidad, se agotarán todas las líneas de investigación, incluida su actividad periodística”.

Las autoridades estatales activaron el operativo “Código Rojo” para iniciar la búsqueda y localización de los agresores.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo en Twitter que puso a disposición del gobernador de la entidad y la Fiscalía estatal las capacidades operativas y de investigación para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

“Daremos con los perpetradores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad”, dijo en la red social el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, del partido oficial Morena.

Al confirmar los asesinatos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas indicó que las comunicadoras fallecieron en un ataque con armas de fuego cuando se encontraban afuera de una tienda de autoservicio.

Las muertes ocurren menos de una semana después del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, cuyo cuerpo fue localizado el 5 de mayo envuelto en una bolsa negra de plástico en un camino de tierra cerca de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa en el norte del país.

El sitio de noticias para el que trabajaba Ramírez Ramos, “Fuentes Fidedignas”, informó que había sido secuestrado cerca de su casa.

Doscientas personas se concentraron el lunes por la tarde en el monumento Ángel de la Independencia, en el centro de la capital mexicana, para protestar por el asesinato de Ramírez Ramos y otros comunicadores.

“En todo este tiempo no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México”, dijo en la concentración Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez, asesinado en 2017.

Valdez era un reportero galardonado que se especializaba en cubrir el narcotráfico y el crimen organizado en Sinaloa.

“Es mucho el enojo, la indignación, la impotencia, saber que venimos aquí a manifestarnos por el asesinato de Luis Enrique Ramírez, ocurrido hace unos días en Culiacán, Sinaloa, y nos agarra aquí la noticia del asesinato de dos mujeres periodistas en Veracruz”, expresó Triana. Hay que solicitarle a las autoridades que pongan freno a “esta matanza de periodistas”, añadió.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York. De acuerdo con sus datos, nueve periodistas fueron asesinados en 2021 en el país.

La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, dijo en su cuenta de Twitter que los gobiernos federal y estatal trabajarán juntos para investigar los asesinatos.

“El compromiso es que no haya impunidad”, manifestó.

Las víctimas son en su mayoría integrantes de medios de comunicación pequeños y locales. Un ejemplo de ello son las víctimas del lunes. El Veraz operaba una página de Facebook y parecía publicar casi exclusivamente avisos sobre eventos o información pública del gobierno del municipio.

Los gobiernos estatales y el federal de México han sido criticados por no prevenir los asesinatos ni investigarlos suficientemente.

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un programa de “impunidad cero” para investigar los asesinatos, las autoridades nunca resuelven la mayoría de los homicidios en México. López Obrador también ha mantenido sus habituales ataques verbales a periodistas que critican a su gobierno.

En febrero, la Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a López Obrador a “suspender de inmediato las agresiones e insultos, porque este tipo de ataques desde la cúpula del poder fomentan la violencia contra la prensa”.

Un mes después, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que hizo un llamado a las autoridades de México, y en particular a las más altas, a “abstenerse de emitir cualquier comunicado que pueda estigmatizar a los defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios, exacerbar el ambiente en su contra o tergiversar sus líneas de investigación”.

López Obrador rechazó firmemente esa resolución.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez denunció ser víctima de amenazas que aumentaron desde que emitió un fallo que envió a juicio a nueve expolicías y exmilitares acusados de crímenes durante la guerra civil.

“Me mandan mensajes, me llaman por teléfono, hay seguimiento de vehículos; todo eso está pasando”, dijo el magistrado en una entrevista con The Associated Press.

Gálvez, que participó en otros casos de impacto como el del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, dijo que está seguro de que el amedrentamiento está vinculado con este último caso. “Antes me han amenazado, pero ahora hasta llegan a las audiencias a fotografiarme”, relató.

La semana pasada y en el marco del caso conocido como “Diario Militar” —uno de los más emblemáticos de la guerra civil en Guatemala—, el juez envió a juicio a nueve expolicías y exmilitares y pidió a la fiscalía que investigue y busque a Toribio Acevedo Ramírez, un abogado y jefe de seguridad de la cementera Cementos Progreso, que fue jefe de inteligencia militar y que estaba prófugo.

Acevedo Ramírez, sobre quien pesaba una alerta de la Interpol por los delitos de desaparición forzada, asesinato y contra los deberes de la humanidad, fue detenido el martes por la noche en Panamá y enviado de regreso al país. Ahora se encuentra bajo resguardo de la Policía Nacional Civil.

El “Diario Militar” es un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 183 personas durante la década de 1980.

Además de los casos por crímenes cometidos durante la guerra civil, Gálvez también investiga casos de corrupción que involucran a exfuncionarios, políticos y civiles.

“Tengo información de que el Ministerio Público está recabando información para presentar denuncias contra mí. Intentarían retirarme la inmunidad como venganza por los fallos”, aseguró Gálvez.

La AP intentó contactar al MP para pedir un comentario al respecto, sin recibir respuesta de momento.

Juan Pappier, de Human Rights Watch, dijo que la organización rechaza las intimidaciones al juez y que es obligación de las autoridades evitar eventuales ataques.

“Este caso sigue un patrón de intimidaciones en contra de jueces y fiscales independientes que investigan y persiguen penalmente la corrupción y los delitos a los derechos humanos en el país. Estos ataques han dejado a la democracia guatemalteca pendiendo de un hilo”, sostuvo Pappier.

En tanto, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó las amenazas y dijo que “atentan de manera directa en contra de la independencia judicial” y “ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de un administrador de justicia por el cumplimiento de sus funciones”.

El juez mostró que durante una audiencia un número telefónico ubicado en Estados Unidos le hizo al menos 20 llamadas, y cuando contestó una persona del otro lado de la línea le advirtió: “Si usted me corta, se va a recodar de mí”.

Gálvez responsabilizó del acoso a varias personas, entre ellas a Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.

Méndez Ruiz publicó en redes sociales: “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCT se hace cargo”, y posteriormente “...la FCT lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura... Lo vamos a ver preso o exiliado”. Según él, el juez habría incurrido en abuso de autoridad, prevaricato y por supuestas resoluciones violatorias, entre otras cosas.

El activista anunció el miércoles en redes sociales que presentó una denuncia contra el juez.

Gálvez dijo que la Corte Suprema de Justicia debe investigar las amenazas, pero el máximo tribunal aún no se ha pronunciado al respecto.

La comunidad internacional —incluyendo a Estados Unidos y Gran Bretaña— han manifestado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala y llamaron a frenar la criminalización de los funcionarios judiciales que luchan contra la corrupción.

En un año más de 20 fiscales y jueces han abandonado el país y se han autoexiliado, mayormente en Estados Unidos, alegando persecución por su trabajo.

El viernes, al anunciar su fallo sobre el “Diario Militar”, el juez Gálvez relató parte de los testimonios recabados por la fiscalía.

“Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas”, señaló el magistrado, que enumeró los tormentos —arrancar las uñas o la lengua, violaciones y electrocuciones— cometidas presuntamente por órdenes de los acusados.

El “Diario Militar” fue hallado en 1999 y entregado al Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, en Estados Unidos, para su resguardo.

PHOENIX (AP) — Una autopsia concluyó que una mujer mexicana que fue hallada colgando en el muro fronterizo erigido en el sur de Arizona murió por estrangulamiento de manera accidental al quedar enredada en equipo para trepar.

El reporte del forense del condado Pima realizado para la oficina del sheriff del condado Cochise dice que Griselda Anaís Verduzco Armenta, de 31 años, fue hallada suspendida del muro, y enredada con una cuerda, fajas y un cinturón de seguridad alrededor de cuello, el pecho y los brazos.

El reporte dado a conocer esta semana indica que Verduzco tenía abrasiones en la cabeza, el torso y las extremidades, además de contusiones, una laceración en la pierna derecha y una vértebra fracturada.

La oficina del sheriff de Cochise había dicho que la mujer estuvo colgada de cabeza “un tiempo significativo” en el muro cerca de la ciudad de Douglas, en el este de Arizona, el 11 de abril, antes de que las autoridades la descubrieran y la bajaran.

El cuerpo mostraba señales de intentos de reanimarla.

Ocasionalmente, algunos migrantes mueren cuando tratan de cruzar el muro fronterizo, a veces por caídas.

Las autoridades no describieron el tipo de muro donde fue hallada la mujer.

Parte de la construcción del muro realizada antes del fin de la presidencia de Donald Trump fue en el área de Douglas, con columnas de acero de 9 metros (30 pies) de altura erigidas en propiedad de la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior.

EVH Impresa

GALERÍA DE VIDEO

FOLLOW US

 
   

 

Video de hoy

Interviews with El Vocero Hispano: Wyoming Police Chief Kim Koster

 

Edith Reyes interviews the head of Public Safety of the city of Wyoming, Michigan, Kimberly Koster.

FOTO NOTICIAS