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BOGOTÁ (AP) — Intensas lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que causó la muerte de al menos 14 personas el martes en Risaralda, al oeste de Colombia, informaron las autoridades.

Otras 35 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos para su recuperación y una persona más fue reportada como desaparecida.

El deslizamiento se registró en la madrugada en un sector popular en el que hay casas de madera en el barrio La Esneda, del municipio de Dosquebradas, y la Avenida del Río, que pertenece a Pereira, capital de Risaralda.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien confirmó la cifra de víctimas mortales, dijo a la prensa que desde 1977 no se registraba un deslizamiento en la ciudad. El funcionario advirtió que el riesgo de deslizamiento continúa en la zona y, por tanto, instó a los ciudadanos que se retiren del lugar para evitar más víctimas.

“El factor detonante de la emergencia fue una ruptura en el canal de la acequia que, al colapsar, generó una acumulación y flujo constante de agua hacia la ladera”, explicó la Alcaldía de Pereira en un comunicado.

Más de 60 viviendas fueron evacuadas y equipos técnicos continúan evaluando los daños y los riesgos.

El presidente colombiano, Iván Duque, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Mi acompañamiento al pueblo Risaraldense en este difícil momento”, indicó en un tuit.

Duque añadió que solicitó al equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a cargo de las labores de búsqueda y rescate, estar “en alistamiento para intervenir cuando se requiera”.

TIJUANA, México (AP) — Cerca de un centenar de policías y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, que permanecían desde hace casi un año en un improvisado campamento que fue instalado en la entrada de un cruce fronterizo entre la ciudad mexicana de Tijuana y Estados Unidos.

Las cientos de carpas, cubiertas con bolsas y lonas, que habían colocado los migrantes en los alrededores de la garita “El Chaparral” en Tijuana, estado de Baja California, fueron derribadas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras que sus habitantes cargaban en bolsas y maletas sus escasos enseres, ropa y juguetes, para ser trasladados a tres alberges de la localidad.

“Fue una reubicación que se tenía que llevar a discreción para evitar algún colapso”, afirmó el domingo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al explicar a la prensa las razones que llevaron al desalojo del campamento, y agregó que las familias se encontraban en una situación de “inseguridad” especialmente por razones de salubridad.

El grupo de 381 migrantes, integrado por 86 núcleos familiares, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres personas de la comunidad LGBT, fue repartido entre los albergues Centro Integrador del Migrante, proyecto Salesiano y el Santuario del Migrante, precisó la alcaldesa.

Caballero Ramírez indicó que la movilización de los habitantes del campamento se realizó de manera pacífica y que participaron elementos de seguridad para evitar que los migrantes sufrieran alguna eventualidad.

Asimismo, la alcaldesa descartó que la decisión de desarmar el campamento respondiera a una presión de Estados Unidos. “Ustedes saben que la autoridad tijuanense se rige por sus propias normas jurídicas”, agregó.

“Es inhumano porque lo hicieron en la madrugada y los niños están dormidos”, afirmó la migrante mexicana Guadalupe Omeca, al quejarse del desalojo del campamento donde vivió por siete meses. Acompañada por sus tres hijos, un nieto y su pareja, Omeca confesó que temía por el traslado al albergue, y dijo que “tarde o temprano nos van a sacar pues uno trae niños”.

Cerca de la migrante mexicana se encontraba la hondureña Marleni Hernández, quien también se quejó del trato de las autoridades, e indicó que “no lo están haciendo bien porque prácticamente nos vinieron a levantar... como si fuéramos unos delincuentes”.

“Es duro, no es fácil”, dijo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada Hernández al reconocer que se sentía muy vulnerable porque se encontraba en un país extranjero sólo con sus dos hijas pequeñas pidiendo asilo.

El campamento de “El Chaparral” comenzó a formarse a finales de enero de 2021, luego de la llegada al gobierno del presidente Joe Biden y que las autoridades estadounidenses comenzaran contener el flujo de extranjeros en cumplimiento de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en cortes de inmigración y por las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus.

El campamento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de los dos países debido a que estaba afectando el tránsito por uno de los tres pasos peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego, por el que solía pasar una media de unas 12.000 personas a diario.

Activistas y organizaciones humanitarias habían expresado preocupación por la situación en la que vivían los cientos de migrantes, muchos de ellos niños, en el improvisado campamento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México exhortó el año pasado a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto a los derechos humanos de los habitantes del campamento de “El Chaparral” y privilegiar las acciones de seguridad y protección a dicho grupo.

El desalojo del campamento generó el domingo cuestionamientos de algunos activistas y defensores de derechos de los migrantes.

“Los migrantes centroamericanos y los mexicanos desplazados son seres humanos. Ellos no representan amenaza a México”, afirmó en su cuenta de Twitter Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, al rechazar el desalojo del campamento, hecho que consideró como una “vergüenza”.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ocho personas, entre ellas un extranjero, fallecieron y al menos 15 resultaron heridas al volcarse en una carretera de Cancún, en el Caribe mexicano, un autobús que transportaba turistas.

El accidente se registró la mañana del domingo en la carretera Kantunilkin-Cancún, casi a la altura del tramo El Tintal, donde una unidad de la empresa ADO que transportaba unos 40 pasajeros, algunos de ellos extranjeros, se volcó y se fue hacia una área boscosa.

En el hecho perecieron cinco hombres y tres mujeres. Tras la identificación de cuatro de las víctimas, la Fiscalía del estado de Quintana Roo informó en su cuenta de Twitter que tres son mexicanos y uno es extranjero, pero no ofreció más detalles.

Medios locales indicaron que en el accidente resultaron lesionadas al menos 15 personas, quienes fueron trasladados a diferentes centros de salud.

Las autoridades no ha informado hasta el momento las causas del accidente, pero algunos medios locales señalaron que el autobús, que cubría la ruta Cancún-Mérida, se volcó luego de impactar contra un camión de volteo que salió de un banco de materiales de las obras del Tren Maya.

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Escuelas y comercios en Haití cerraron sus puertas el lunes y grandes cantidades de policías patrullaban las calles conforme el país se preparaba para un aniversario sombrío.

El lunes no sólo se cumplieron siete meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su residencia privada, sino que también era el final de su periodo, y opositores exigieron que el primer ministro Ariel Henry deje el cargo argumentando que su gobierno es inconstitucional.

“Estamos en una situación en la que el temor toma el lugar de la paz”, dijo a The Associated Press Bocchit Edmond, embajador de Haití en Estados Unidos. “Nuestro país no puede seguir viviendo así”.

Miles de personas optaron por quedarse en casa el lunes, temerosos de que hubiera más violencia conforme se profundiza la inestabilidad política en Haití, aumenten los secuestros y las pandillas adquieren incluso más poder en un momento de derrumbe económico. Lionel Fortuné, un estudiante de leyes de 33 años, estaba entre los pocos que se aventuraron afuera y esperó mucho tiempo para que un autobús público pasara por las calles vacías.

“Este país se ha deteriorado por completo”, dijo. “No sabes con quién contar, en quién puedes confiar para dirigir al país por el camino correcto”.

Henry, el primer ministro, ha prometido crear un consejo electoral provisional pronto para allanar el camino a elecciones y afirma que se llevarán a cabo para finales de este año, mientras su gobierno intenta mejorar las condiciones de seguridad.

“El atroz asesinato del presidente Jovenel Moïse del año pasado ha llevado al país al borde del caos y nuestras instituciones son totalmente disfuncionales”, escribió en una columna de opinión publicada el domingo por The Miami Herald. “Mi misión y aquella del gobierno que presido es que nuestro país retome su curso para lograr la democracia lo más pronto posible”.

Haití actualmente solamente tiene 10 funcionarios electos, ya que no logró llevar a cabo elecciones legislativas en octubre de 2019 en medio de un estancamiento político y protestas masivas, con Moïse gobernando por decreto durante más de un año antes de ser asesinado. Desde entonces, varios opositores han desafiado a Henry y nominado a sus propios líderes, medidas que el primer ministro no ha reconocido.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala detuvo el miércoles a nueve personas acusadas de delitos de lesa humanidad por una masacre cometida durante el conflicto armado interno que se extendió entre 1960 y 1996.

La fiscalía confirmó el arresto de nueve hombres, entre ex miembros del ejército y ex patrulleros de autodefensa civil, acusados de una masacre ocurrida el 29 de junio de 1982 en la que habrían muerto 25 personas en el caserío El Rancho Bejuco de la aldea Pacoj en el departamento de Baja Verapaz, al occidente de país.

Durante 1982 y 1983, época en la que gobernó el fallecido dictador Efraín Ríos Montt, se produjo la mayor cantidad de masacres de la guerra civil: al menos 400 fueron documentadas por informes. Muchas de ellas fueron cometidas en Baja Verapaz, donde fueron asesinadas miles de personas.

Según la constitución guatemalteca los hechos cometidos durante la guerra civil no prescriben por lo que pueden ser investigados sin importar el tiempo transcurrido.

Según un informe de las Naciones Unidas, durante la guerra civil murieron 200.000 personas y otras 45.000 desaparecieron. El informe responsabilizó a miembros del ejército y grupos paramilitares del 97% de las muertes y a la guerrilla del otro 3%.

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