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HUIXTLA, México (AP) — Tras caminar tres días por el sur de México y descansar en Huixtla, una localidad del estado de Chiapas, una caravana de migrantes retomó el miércoles su rumbo hacia la Ciudad de México con ánimo renovado y más integrantes.

La caravana había partido el sábado de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, con unas 2.000 personas. Aunque es difícil medir la cantidad de migrantes, activistas que los acompañan aseguran que ahora son unos 4.000.

“La caravana es como un imán, va chupando gente, se van uniendo migrantes que se han quedado en los municipios (de la costa de Chiapas)”, dijo Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras.

Uno de ellos fue Bayron Zavala, un nicaragüense que se enteró de que el grupo se movía lentamente, tomó una bicicleta y decidió alcanzar la caravana en Huixtla para caminar con ella “hasta donde Dios nos dé la fuerza”, dijo. “Si se puede, continuar a Estados Unidos”, agregó.

Los migrantes cruzaron sin contratiempos un punto de inspección aduanero, militar y de migración donde cotidianamente las autoridades decomisan drogas, armas y detienen a traficantes de personas y extranjeros que entraron irregularmente a México.

Aunque de mucho menor tamaño que las caravanas de 2018 y 2019, éste es el mayor grupo movilizado por el sur de México desde la pandemia. En enero, una caravana partió de Honduras pero las autoridades guatemaltecas la disolvieron antes de llegar a México.

Los grupos que salieron este año de Tapachula estuvieron integrados por menos de un millar de personas y todos fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza por elementos de la Guardia Nacional y los agentes de migración.

En un primer momento se trató mayoritariamente de migrantes haitianos, pero ahora la mayoría son centroamericanos.

Esta semana la Guardia Nacional se ha dedicado a vigilar el avance de la caravana sin hacer un intento de contención como sí lo hizo el sábado cuando establecieron un cerco a la salida de Tapachula que se saldó con al menos un niño herido.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró el lunes que iban a actuar “con prudencia” en apego a la ley y los derechos humanos.

México tiene desplegados en el sur a decenas de miles de efectivos militares, policiales y agentes migratorios y desde hace años ningún grupo grande ha logrado salir caminando de los estados fronterizos con Guatemala.

Este miércoles los migrantes pretenden recorrer 21 kilómetros para hacer su cuarta escala en el municipio de Villa Comaltitlán, todavía en Chiapas.

HUIXTLA, México (AP) — Después de caminar durante tres días por una carretera bajo el sol abrasador en el sur de México, un par de miles de migrantes decidieron descansar el martes y aprovecharon para recibir atención médica en las ampollas de los pies, lavar su ropa en el río y dormitar bajo cualquier sombra que pudieran encontrar en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas.

Nitza Maldonado y Omar Rodríguez se acostaron sobre la acera junto a una iglesia con su hijo de 6 años. La familia, originaria de Honduras, le había pagado a un traficante 12.000 dólares el año pasado para llegar a Estados Unidos, pero fueron detenidos en Texas y posteriormente deportados.

Debido a la pandemia de coronavirus, perdieron sus trabajos en su país natal —ella como asistente en un bufete de abogados y él como empleado de una lavandería. En Honduras, se enfrentaban al desempleo y a las deudas como resultado de su fallido intento por emigrar, así que decidieron partir nuevamente, pero esta vez por su cuenta.

Durmiendo en el suelo y a veces comiendo una sola vez al día, decidieron que ante la posibilidad de ser maltratados o deportados por las autoridades mexicanas, lo mejor era unirse a un gran contingente en su avance hacia el norte de México.

“Hay que migrar porque en nuestro país hay mucho desempleo, no hay educación”, dijo Maldonado. “Por eso nos toca esto que estamos pasando”.

Han pasado años desde que las autoridades mexicanas no permitían que un grupo tan numeroso de migrantes saliera a pie del estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala. Intentos recientes de menor tamaños fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, por elementos de la Guardia Nacional y de los agentes de inmigración.

El martes, aún no había indicios de que las autoridades mexicanas intentarían detener al grupo. La caravana, que incluye a cientos de niños, ha avanzado lentamente, recorriendo apenas 41 kilómetros (25 millas) en tres días.

Los migrantes aprovecharon la pausa para cargar sus teléfonos, secarse de la lluvia del lunes y refrescarse en el río.

Dayana Flores, de 17 años, y su esposo Kevin Ortiz, de 20, salieron de Honduras hace cuatro meses cuando su bebé apenas tenía 20 días de nacido. Desde entonces, han estado en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, acudiendo regularmente a la oficina de asilo y formándose antes del amanecer para tratar de obtener estatus legal, pero nada parecía avanzar.

“Mejor correr el riesgo, quizás pueda pasar uno (hacia el norte), que estar allá encerrados, sin trabajo, sin donde trabajar, sin comida, sin nada”, comentó Flores.

Otros expresaron una frustración similar con la lentitud de la oficina de asilo de México.

Rosibel Maldonado dijo que esperó los 45 días hábiles que la agencia le comentó que tardaría en procesar su solicitud de asilo, pero no recibió noticias, así que se fue.

No todos los migrantes buscan llegar a Estados Unidos. Las solicitudes de asilo en México se han disparado en los últimos años. Hasta septiembre, México había recibido 90.000 solicitudes, y más de dos terceras partes de ellas se realizaron en la oficina de Tapachula.

Aunque el gobierno ha tratado de contener a los migrantes al sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos, muchos migrantes buscan llegar a las ciudades del norte, donde hay muchas más oportunidades de empleo que en el sur del país.

Carlos Fuentes viajaba con su esposa y seis hijos. Quieren llegar a la ciudad norteña de Monterrey.

Fuentes estuvo seis años en Estados Unidos antes de ser deportado hace una década. Dijo que los miembros de una pandilla intentaron reclutar a sus hijos —a los niños para que vendieran drogas y a las niñas para que fueran sus novias— así que tuvieron que marcharse.

“Nos quedamos sin dinero y por eso decidimos venir en la caravana, y pues gracias a Dios no nos han detenido”, comentó.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rick tocó tierra el lunes por la mañana cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán en el occidente de México, como huracán categoría dos provocando fuertes lluvias y vientos de hasta 165 kilómetros por hora (105 mph).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el meteoro se encontraba 25 km (15 m) al nor-noreste de Lázaro Cárdenas y 75 km (50 m) al noroeste de Zihuatanejo. Se trasladaba hacia el norte a una velocidad de 13 km/h (8 mph) pero se preveía que girara hacia nor-noreste adentrándose en el territorio mexicano a lo largo del día y que fuera debilitándose en las próximas horas.

Los meteorólogos dijeron que los vientos y la lluvia generados por Rick también podrían afectar el puerto turístico de Acapulco, localizado al sureste en el estado de Guerrero.

Los gobiernos de Michoacán y Guerrero se mantenían en alerta y abrieron varios albergues de emergencia en Lázaro Cárdenas y el turístico destino de Zihuatanejo, en Guerrero.

El centro de huracanes advirtió que Rick podría producir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la costa, en la que abundan las montañas.

Durante su paso por tierra el huracán provocará lluvias de intensas a torrenciales y posibles deslizamientos de tierra e inundaciones, así como crecientes niveles en arroyos y ríos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, indicó la Comisión Nacional del Agua.

NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán esperan presentar el lunes los argumentos ante una corte de apelaciones para que se anule la sentencia de cadena perpetua que un juez impuso al narcotraficante mexicano en julio de 2019.

Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, se sometió a un juicio en Nueva York y fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas. Gozaba de una fama casi mítica tras fugarse de la cárcel dos veces en México, la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su celda. Fue recapturado, extraditado a Estados Unidos en 2017 y sometido a confinamiento solitario.

Sus abogados aseguran que muchas de las pruebas presentadas en el juicio son inválidas. También han citado informes de que antes de declararlo culpable, algunos miembros del jurado accedieron a informes periodísticos sobre denuncias de abusos sexuales que fueron excluidas del proceso.

En el juicio, los abogados de Guzmán argumentaron que sirvió de chivo expiatorio de otros narcos que supieron sobornar a políticos y jefes policiales mexicanos para que los protegieran.

Según la apelación, “el enjuiciamiento de Chapo Guzmán se vio alterado por excesos y extralimitaciones tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios si él fuera realmente un capo de capos como insistían sus adversarios”.

SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó el miércoles reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, cerrando así las puertas para permitirlo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Con los votos de 73 de los 84 diputados, el Congreso unicameral rechazó la solicitud presentada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para reformar el artículo 133 del Código Penal para autorizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad.

“Esta reforma es inconstitucional. Aquellos colectivos que se aprovechan de las mujeres organizadas parta sacarlas en marchas, ya basta. La reforma al 133 jamás va a garantizar el aborto porque es tan inconstitucional desde el artículo 1 de la Constitución”, dijo tajantemente le diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas.

“Me parece que el aborto debería ser penalizado más drásticamente porque aún hoy en día sigue habiendo muchos abortos clandestinos”, agregó el diputado Guillermo Galles del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):

Los diputados argumentaron su rechazo señalando que, en una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto para contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”.

Esta es la cuarta iniciativa que desde 1998 se presenta al Congreso para pedir la despenalización del aborto.

El aborto está penalizado de manera absoluta en El Salvador desde la reforma del Código Penal en 1998. Antes de la reforma, desde 1974, el aborto era permitido en tres causales: cuando la vida de la mujer estuviera en riego, por malformaciones previsibles y graves en el feto y cuando el embarazo era producto de violación.

Recientemente el presidente Nayib Bukele descartó que dentro de un proyecto de reformas constitucionales que presentará en los próximos meses, se esté pensando incluir temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

“He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, no proponer ningún tipo de reformas A NINGUN ARTICULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.

El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas víctimas de violación, la ley lo castiga. Actualmente hay más de 40 mujeres cumpliendo condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso, el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de los dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años de prisión.

Entre 2014 y 2020 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registró 190 mujeres procesadas. De éstas 46 fueron condenadas por homicidio agravado y unas 30 por aborto.

Se estima que, en El Salvador, una nación de casi siete millones de habitantes, unas 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas cada año y se realizan miles de abortos clandestinos.

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