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CIUDAD GUATEMALA (AP) — Casi siete años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentaron el lunes a un tribunal que les juzgará por acusaciones de corrupción por una millonaria defraudación aduanera.

En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas —entre políticos, exfuncionarios y particulares— acusadas de formar una organización criminal que defraudó al Estado por varios millones de dólares.

Tras la denuncia en 2015, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval —hoy exiliado en Estados Unidos debido a sus investigaciones— y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), determinaron la existencia de una mega estructura, a la que llamaron “la Línea” que defraudaba en las aduanas del país y que supuestamente lideraban Pérez Molina y Baldetti.

Tras la acusaciones los funcionarios renunciaron al cargo y fueron detenidos. Entre los delitos que enfrentan están: asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Durante la audiencia la ex vicepresidenta pidió al tribunal no estar en las audiencias y asistir a éstas de forma virtual por temor a contagiarse de coronavirus.

Según la investigación de la fiscalía, a través de escuchas telefónicas, análisis financieros, testimonios y pruebas documentales se determinó cómo operaba la estructura que presuntamente sobrevaloraba la mercadería que ingresaba a los puertos del país para definir los sobornos a los integrantes de la organización. Los productos entonces no pagaban los respectivos impuestos.

Por CLAUDIO ESCALÓN

SAN PEDRO SULA, Honduras (AP) — Decenas de migrantes que intentaban ingresar por la fuerza en Guatemala desde Honduras se enfrentaron la noche del sábado con piedras, palos y botellas contra cientos soldados y policías, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. En el incidente resultaron heridos al menos 15 funcionarios guatemaltecos, anunció el gobierno.

El enfrentamiento se inició cuando el grupo de migrantes intentó romper un cordón de varios cientos de policías. Agentes con escudos plásticos y equipos antimotines se formaron junto con militares en territorio guatemalteco para impedir el ingreso de los extranjeros, que venían de la localidad hondureña de San Pedro Sula.

Tras un forcejeo, del lado de los migrantes se comenzaron a lanzar piedras, palos y botellas hacia los militares y policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos, según imágenes que difundieron medios locales.

El enfrentamiento dejó como saldo al menos siete policías y ocho militares heridos, informaron las autoridades guatemaltecas durante una conferencia de prensa. No se precisó si hubo migrantes lesionados.

Más temprano, unos 300 migrantes, entre hondureños y nicaragüenses, arribaron a la localidad hondureña de Corinto y luego pasaron hacia el departamento guatemalteco de Izabal, próximo a la frontera, donde fueron interceptados por centenares de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil y el Ejército.

El Instituto Guatemalteco de Migración reportó que inició un diálogo con los migrantes para regresarlos a su país de origen. Las personas que deseen permanecer en Guatemala deberán presentar su documento personal de identificación, su carné de vacunación contra el COVID-19 y una prueba negativa del virus.

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales, dijo a la prensa que se está “regresando gente, todo en orden, humanitariamente”, pero no ofreció detalles.

“Estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos protegiendo la salud de todos los guatemaltecos”, sostuvo Morales, y agregó que “se está viendo un pequeño contingente que ya está siendo analizado y ya está siendo estudiado por medio de la Inteligencia del Ejército, de la policía, de Migración”.

El gobierno guatemalteco informó que 36 personas fueron deportadas a Honduras porque no cumplían con los requisitos y se dejó avanzar a un grupo de 10 que cumplían con las exigencias migratorias y sanitarias.

El grupo que llegó a Guatemala forma parte de una gran caravana de unas 600 personas que salió la mañana del sábado de la Gran Central Metropolitana de autobuses de San Pedro Sula con el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

La caravana, la primera que se registra en el año, se dividió en varios grupos para tratar de evadir el control de las autoridades guatemaltecas y pasar por los diferentes pasos fronterizos y rutas ilegales.

(AP)- Un pasajero entró a la cabina de un avión de American Airlines en Honduras y causó daños antes de ser arrestado.

El vuelo que debía partir para Miami el martes por la tarde se vio demorado varias horas, hasta que se asignó un avión de remplazo. El vuelo arribó a Florida el miércoles por la madrugada, unas ocho horas tarde.

American Airlines dijo que la puerta de la cabina estaba abierta antes del incidente en el aeropuerto de San Pedro Sula, Honduras.

“Los tripulantes intervinieron y el individuo fue eventualmente aprehendido por agentes locales del orden”, dijo un portavoz de la aerolínea.

El vuelo tenía 121 pasajeros y seis tripulantes.

Por HAROLD ISAAC y DÁNICA COTO

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La Policía Nacional de Haití informó el sábado que un exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido detenido en Jamaica.

El portavoz policial Gary Desrosiers dijo a The Associated Press que John Joel Joseph estaba bajo custodia. No hubo más información disponible por el momento.

Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia. Precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles.

“No compartimos más información por más de una razón”, afirmó.

Joseph es un político haitiano y opositor del partido Tet Kale al que pertenecía Moïse.

Entre quienes celebraron el arresto estuvo Claude Joseph, exministro de Relaciones Exteriores de Haití que fungió brevemente como primer ministro tras el asesinato de Möise.

“El arresto de John Joel Joseph muestra que no habrá escondite para quienes están directa o indirectamente involucrados en el asesinato”, escribió, y agregó que el esfuerzo internacional que él inició comienza a rendir frutos.

Joseph es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A fines de octubre, las autoridades de Jamaica arrestaron al exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios.

Palacios fue extraditado recientemente a Estados Unidos y espera otra audiencia en la corte tras ser imputado de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de proveer respaldo material resultante en muerte, a sabiendas de que tal respaldo sería usado para preparar o realizar una conspiración para asesinar o secuestrar.

Más de 40 personas, incluyendo 18 exsoldados colombianos, han sido arrestadas por el asesinato de Moïse, que fue baleado varias veces en su residencia privada en un ataque en el que resultó herida su esposa, Martine Möise.

Funcionarios del gobierno colombiano han dicho que la mayoría de los exsoldados fueron engañados y no conocían su verdadera misión. Los soldados, que siguen encarcelados en Haití, han acusado a las autoridades de tortura, al tiempo que el gobierno colombiano dijo recientemente que el cónsul en Haití fue amenazado tras tratar de proveer asistencia humanitaria.

WASHINGTON (AP) — Para esta mujer de 30 años, lo peor parecía haber pasado ya. Atrás quedaron los duros momentos de 2018, cuando funcionarios estadounidenses la separaron de su hijo de entonces seis años en la frontera estadounidense bajo las políticas de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump ante la inmigración ilegal.

Ella vive ahora con su hijo y trabaja en la construcción en Carolina del Norte. Sin embargo, enfrenta un nuevo problema: intentos de extorsión a familiares suyos en Honduras por parte de pandillas que creen que ella ha recibido miles de dólares en compensación económica.

La madre de esta hondureña ha recibido notas escritas exigiendo 5.000 dólares mensuales, asegura ella.

“Aparentemente yo soy millonaria,” dijo la inmigrante, quien habló en condición de anonimidad por motivos de seguridad. “Porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad y la verdad es que yo tampoco sé cómo hacer. Yo realmente estoy desesperada,” agregó.

Las denuncias recientes de extorsión, reportadas por pocas familias a un abogado, han ocurrido tras titulares recientes en los medios de comunicación hablando sobre posibles pagos a estas familias por parte del gobierno estadounidense.

Los casos parecen incidentes aislados. Aun así, el problema de la extorsión en América Central es generalizado y la razón por la cual muchos piden asilo en Estados Unidos. Activistas y abogados temen que potencial compensación económica a familias que fueron separadas genere más amenazas. Ningún pago se ha realizado y no está claro que se realice ninguno en el futuro.

Ricardo de Anda, un abogado de la mujer y de otras familias ha pedido al gobierno estadounidense que considere la admisión de más parientes en Estados Unidos, debido a esta extorsión.

Las negociaciones entre las familias y el gobierno estadounidense se paralizaron después de que el diario Wall Street Journal reportara que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar 450.000 dólares por persona —o 900.000 por padre e hijo— para compensar por el sufrimiento tras las separaciones. Una persona familiarizada con las negociaciones y que habló con The Associated Press en condición de anonimidad porque las reuniones fueron privadas confirmó que esa cifra había sido mencionada.

“La gente piensa que tengo muchísimo dinero,” dijo un hombre de 47 años, dueño de un negocio en el norte de Guatemala y cuya esposa e hijo fueron separados en la frontera estadounidense hace más de tres años. El guatemalteco dice que vive con miedo y cambia de número de teléfono celular cada dos semanas. Su ansiedad aumentó tras las noticias de potenciales pagos del gobierno estadounidense a familias separadas.

El comerciante vive en Guatemala con su hija de 14 años. Su esposa e hijo de ahora 18 años viven en Atlanta tras haber sufrido la separación en la frontera en 2018 por más de un mes. El hombre dijo que ambos tuvieron que huir de su país porque él recibía mensajes de texto que amenazaban con el secuestro de su hijo si no pagaba dinero.

Al igual que la inmigrante hondureña, el guatemalteco habló con AP bajo condición de respetar su anonimato por razones de seguridad. “Mi vecino me dijo, ‘ya tienes dinero... porque te dieron lo de las personas que están separadas en Estados Unidos’. Y le dije ‘no, no sé nada de eso’”, explicó.

El hombre dijo que él y su hija intentaron ir a Estados Unidos en 2019. Fueron secuestrados en México durante dos semanas y entregados a las autoridades mexicanas tras pagar 3.000 dólares. Después fueron deportados a Guatemala. “No vivo tranquilo y debo estar alerta todo el tiempo,” dijo. “Me gustaría que Estados Unidos me brinde la oportunidad de reunirme con mi familia, de tener a mi hija con la mamá. Me gustaría estar juntos otra vez con ella. Ya van a ser cuatro años separados”

De Anda, abogado de la mujer hondureña y el guatemalteco, dijo a la AP que cinco de las 72 familias que fueron separadas y que él representa le dijeron que fueron amenazadas tras titulares hablando de esos posibles pagos. Una familia en Guatemala fue blanco de un intento de secuestro, dijo.

“Estas familias nos han dicho que ahora se rumorea sobre ellas en sus comunidades (en Latinoamérica) por la supuesta riqueza de la que gozan sus familiares que se encuentran en Estados Unidos. Dicen que están siendo vigilados por supuestos grupos criminales, y que han sido avisados de que tengan cuidado ya que las pandillas los consideran víctimas de extorsión,” escribió De Anda a Michelle Brané, la directora ejecutiva de la Junta de Reunificación Familiar, del Departamento de Seguridad Interna estadounidense o DHS, por sus siglas en inglés.

“Como resultado de información filtrada a la prensa, parientes en Estados Unidos, y los que están en su país natal, viven ahora con un miedo constante,” escribió el abogado.

La junta, que busca reunir a casi 2.000 niños con sus padres en Estados Unidos, no ha recibido quejas específicas sobre extorsión, dijo Brané durante una entrevista en diciembre. Sin embargo, debido a lo comunes que son estas amenazas en América Central, estableció un mecanismo para canalizar esas denuncias a través de la agencia de refugiados de la ONU.

El peligro de la extorsión demuestra la necesidad que tiene la junta de completar su tarea de reunificación de familias, dijo Brané. Hasta el martes de la semana pasada, 112 niños o adolescentes se han reunido con sus padres en Estados Unidos. De momento, pueden permanecer en ese país bajo un alivio migratorio de tres años. Ese plazo podría alargarse si se aprueba una nueva legislación.

Otros abogados de familias separadas dijeron que no saben de amenazas específicas de extorsión debido a noticias recientes sobre posible compensación económica, pero dijeron que éstas son inevitables. “No tengo ninguna duda de que eso está ocurriendo en más casos de los que sabemos,” dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, un grupo que estuvo involucrado en las negociaciones con el gobierno sobre compensación económica.

Las negociaciones han sido delicadas para la administración del presidente Joe Biden. Ésta ha sido criticada por funcionarios que favorecen menos inmigración y consideran impensable que Estados Unidos baraje la idea de compensación económica para las familias. El propio Biden dijo: “Eso no va a pasar”, cuando se le preguntó en noviembre sobre posibles pagos de 450.000 dólares. Más tarde, clarificó que apoyaba la idea de ofrecer alguna compensación.

El mes pasado, el Departamento de Justicia se retiró de las negociaciones sobre compensación económica tras ocho meses de conversaciones, pero no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con las familias. “Mientras que ambas partes no han podido llegar a un acuerdo global en estos momentos, seguimos comprometidos con hablar con los demandantes y ofrecer justicia a las víctimas de esta política despreciable,” indicó el departamento en un comunicado.

La semana pasada, abogados de las familias pidieron a un juez que ordenase al gobierno entregar pruebas sobre cómo la política de separación de familias fue concebida y ejecutada. Es un pedido que quizás signifique una larga batalla judicial. Las negociaciones han proseguido para hablar sobre temas no relacionados con compensación económica, como por ejemplo la reunificación de familias, el cuidado de la salud mental y otros servicios, señalaron varios abogados.

De Anda ha pedido al gobierno que admita en Estados Unidos a parientes de familias que fueron separadas y que han sido amenazados tras los titulares sobre pagos. El gobierno de Biden se ha enfocado en reunir a padres y niños que fueron separados, pero ha asegurado que considerará sumar a parientes adicionales dependiendo de cada caso.

La mujer hondureña dijo que su madre de 56 años ha recibido en Honduras notas escritas por parte de pandilleros que le piden 5.000 dólares al mes. La madre cuida de otros dos hijos de la mujer inmigrante: un niño de 11 años y una niña de siete. La inmigrante espera que todos ellos puedan vivir algún día con ella en Carolina del Norte.

Conocidos de la familia en Honduras les han dicho que los niños podrían correr peligro allí, dijo la mujer. “Yo tengo miedo”, aseguró la inmigrante, quien explicó que acabó en la sala de emergencias de un hospital debido a dolores en el pecho y la ansiedad que le provocaron las amenazas hechas a su madre. “Yo no sé qué pueda pasar con mis hijos.”

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