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NUEVA YORK (AP) — Más de un millón de hondureños en Estados Unidos se han quedado sin la nueva tarjeta de identificación de su país y, por el momento, sin la posibilidad de votar en las elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras.

El problema va más allá de los comicios: las tarjetas de identidad con las que cuentan expiran el 15 de octubre y sin las nuevas se teme que no puedan realizar ningún trámite en los 14 consulados que hay en Estados Unidos.

La falta de carnets se debe a que no se ha incluido a la mayoría de los hondureños que viven aquí en el nuevo proceso de “enrolamiento”, como se conoce en Honduras, o depuración del registro de personas que realiza el país. La inscripción arrancó en 2020 en Honduras y se hace a través de máquinas especializadas que toman huellas dactilares y otros datos. Una vez registrada la persona, se genera el carnet, que puede tardar meses en ser entregado al respectivo hondureño o hondureña.

El Registro Nacional de Personas (RNP), encargado del “enrolamiento”, asegura que la cancillería es la encargada de realizar el proceso en Estados Unidos mientras que la cancillería asegura que es el RNP quien debe enviar los equipos especializados y personal a Estados Unidos para registrar a los hondureños allí. Mientras tanto, la frustración aumenta entre la comunidad hondureña, que vive sobre todo en estados como Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

Juan Flores, presidente de un grupo llamado Fundación 15 de Septiembre, aseguró que se siente “indignado” porque los hondureños que viven en el extranjero aportan millones de dólares a su país en remesas. Sin embargo, ahora se quedarán sin identificación a menos que Honduras amplíe el plazo de expiración de las viejas tarjetas, dijo.

“Estamos haciendo ese llamado al Congreso”, afirmó Flores. “Este es un problema al que hay que poner atención porque es un problema de seguridad nacional, tanto para Honduras como para Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que en territorio de Estados Unidos van a haber ciudadanos que no se sabe de qué país son? Que no tienen identificación y que no pueden obtenerla”.

Entre 1,5 y dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, calculan las autoridades hondureñas. Según los últimos datos del censo estadounidense son poco más de un millón pero muchos llegan por vías irregulares y no se inscriben en el censo, así que la cifra podría ser más alta.

Se espera que el 28 de noviembre Honduras escoja a un nuevo presidente tras los ocho años que Juan Orlando Hernández lleva en el puesto. Hay 15 candidatos a la presidencia pero Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Partido Liberal, Xiomara Castro, de Zelaya de Libre y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, son los que tienen más posibilidades de ganar.

La participación de los hondureños que viven en Estados Unidos en el proceso electoral de su país suele ser muy baja. El problema a corto plazo para muchos será si llega el 16 de octubre y no pueden hacer trámites como renovar pasaportes, el documento que Estados Unidos acepta en escuelas, bancos o hospitales.

La cancillería de Honduras asegura que hace meses se solicitó personal al RNP y equipos de “enrolamiento” para iniciar el proceso de inscripción en varias ciudades estadounidenses. La vicecanciller Nelly Jerez dijo a la AP que el RNP llevó equipos a 14 ciudades pero que, al cabo de poco, éstos presentaron daños y fallas y tuvieron que ser devueltos a Honduras.

“De 26 equipos, 21 regresaron completamente quemados y malos”, dijo Jerez. “Se quedaron el resto en Seattle, Boston, Charlotte y Miami. Los de Miami y Charlotte también ya presentaron problemas así que por ende nosotros no podemos hacer más”.

“Mientras el Registro no salga con los equipos y no salga con las brigadas, en los consulados no podemos hacer nada porque los equipos no los tenemos nosotros,” dijo la vicecanciller. Añadió que mientras funcionaron los equipos en Estados Unidos se logró inscribir a unos 13.000 hondureños. “A la fecha el Registro no nos ha enviado la tarjeta de identidad (para ellos)”, aseguró.

El magistrado del RNP, Óscar Rivera, afirmó que su entidad no es la encargada de realizar el “enrolamiento” en el extranjero, sino la cancillería. “Nosotros sólo acompañamos, quien opera ese servicio es la cancillería”, declaró a The Associated Press. “Hace más de seis meses les asignamos (a cancillería) 100 kits (de “enrolamiento”) para instalarse en los consulados”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que los hondureños que no tienen su identificación no puedan votar en las elecciones, Rivera dijo que “Votar es labor del CNE (Consejo Nacional Electoral)”. Si el CNE mantiene su posición de que sólo se puede votar con la tarjeta nueva, entonces se confirmaría que muchos hondureños en el extranjero se quedarán sin participar en las elecciones.

Hondureños en Estados Unidos se han manifestado este año en varios consulados para pedir su nuevo documento de identidad. “Muchos migrantes que han salido de Honduras después de 2017 se les extravía su identificación o se la quita inmigración (estadounidense). Muchos no tienen identificación (hondureña) en Estados Unidos para hacer trámites,” dijo Flores. “Entonces estamos en un serio problema”.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos aumentó el miércoles las presiones contra el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a cuatro mexicanos que fueron identificados como miembros de la organización criminal que es responsable del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

A dos días del primer encuentro en la capital mexicana del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) entre las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que fueron designados como narcotraficantes los integrantes del CJNG Aldrin Miguel Jarquin, José Jesús Jarquin, César Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Anton, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Con esta decisión las autoridades prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés de los cuatro mexicanos designados.

Los cuatro sancionados son señalados de manejar las operaciones del CJNG a través del puerto de Manzanillo en el estado occidental de Colima, y sus alrededores.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses el referido puerto, ubicado en las costas del Pacífico, sirve de importante puerta de entrada para la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo para su distribución hacía los Estados Unidos.

La OFAC indicó que la acción contra los cuatro miembros del CJNG se logró gracias a un trabajo conjunto entre la oficina, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).

Al referirse a las operaciones de la CJNG la directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo en el comunicado que el éxito de la organización criminal, que es considerada como la de mayor expansión en México, se debe en parte a “su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”.

La UIF confirmó en un comunicado el bloqueo en México de las cuentas de los cuatro integrantes de la CJNG luego que la OFAC anunció las sanciones. El jefe de la UIF, Santiago Nieto, indicó que seguirán trabajando de forma coordinada con las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero generado por el crimen organizado.

Hace seis meses la OFAC sancionó a Carlos Andrés Rivera, alias “La firma”, y a Francisco Javier Gudiño, alias “La gallina”, quienes son identificados como dos altos mandos del CJNG. Rivera y Gudiño fueron acusados de haber ayudado a orquestar asesinatos.

Como parte de las sanciones la OFAC les bloqueó el acceso al sistema financiero estadounidense y congeló cualquier activo que tengan en ese país.

La OFAC ha ejecutado 15 acciones contra el CJNG desde hace seis años entre las que se incluye el líder de la organización, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por su rol significativo en el tráfico internacional de drogas. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y procesamiento de Oseguera Cervantes.

El mes pasado la OFAC también sancionó al mexicano Sergio Valenzuela al identificarlo como narcotraficante de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Valenzuela, quien está radicado en el estado norteño de Sonora, es señalado de ser el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa y supervisar un importante corredor de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El secretario de Estado, Antony Blinken, arribará el viernes a la Ciudad de México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el fiscal general, Merrick Garland, para participar junto a las autoridades mexicanas en el encuentro del DANS.

Sobre las propuestas que se llevarán al encuentro el canciller Marcelo Ebrard adelantó la víspera que México propondrá un cambio en la política de seguridad para dejar atrás la Iniciativa Mérida, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y exigirá reciprocidad en el control de tráfico de armas, la asistencia jurídica y las extradiciones.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Centenares de estudiantes y activistas políticos marcharon el domingo por el centro de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que averigüen qué les sucedió a los 43 estudiantes de una escuela normalista desaparecidos en 2014.

La policía de la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, entregó a los estudiantes a un grupo de narcotraficantes, que supuestamente los asesinaron y calcinaron sus cadáveres porque creyeron que trabajaban para una banda delictiva rival.

Los manifestantes, que portaban fotografías de los jóvenes, coreaban: “¿dónde están? También mostraban carteles y pancartas alusivas a ellos.

Pero siete años después de aquel secuestro colectivo de los alumnos de la Escuela Normal Rural de la localidad de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, ha sido lenta la presentación de evidencia real sobre la suerte de los estudiantes.

Omar Gómez Trejo, el principal investigador del caso, dijo en la semana que los fragmentos óseos encontrados cerca de un basurero próximo a Iguala coinciden con tres de los 43 estudiantes.

Pero a diferencia de las investigaciones anteriores, ya desacreditadas porque presuntamente se torturó a sospechosos y hubo manipulación de pruebas, Gómez Trejo dijo que los restos de los estudiantes posiblemente fueron diseminados en diversos lugares y que no a todos se les calcinó en el basurero.

Los expertos forenses han rechazado las conclusiones alcanzadas durante el gobierno anterior de que casi todos los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero. Los expertos señalaron que no había evidencia de un fuego de grandes proporciones para haber quemado los 43 cadáveres en el lugar.

Gómez Trejo señaló que algunos fragmentos óseos fueron encontrados en un lugar a casi 800 metros (media milla) de distancia, y algunos no estaban quemados.

“Muchos de ellos no presentaban exposición al fuego, sino a la intemperie”, agregó.

En lugar de que se haya recurrido a un solo sitio y un solo método para deshacerse de los restos, Gómez Trejo señaló que testigos cooperantes, algunos de los cuales participaron en la eliminación de los cadáveres, han mencionado “varios costalillos en distintos tramos”.

Después de siete años de investigaciones en el caso, las autoridades mexicanas han encontrado decenas de fosas clandestinas y otros 184 cuerpos, pero únicamente han recuperado tres fragmentos óseos de los estudiantes desaparecidos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México propondrá a Estados Unidos un cambio en la política de seguridad para dejar atrás la Iniciativa Mérida, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, y exigirá reciprocidad en el control de tráfico de armas, la asistencia jurídica y las extradiciones, anunció el martes el canciller Marcelo Ebrard.

Las propuestas serán presentadas durante la visita que realizará el viernes a la capital mexicana el secretario de Estado, Antony Blinken, en el marco del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS). Blinken vendrá acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland.

“Tiene que haber una nueva etapa. Dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista”, afirmó Ebrard, durante la conferencia matutina presidencial que se realizó en la ciudad suroriental de Veracruz, al preguntarle sobre la agenda que llevarán las autoridades mexicanas al encuentro con Blinken y Mayorkas.

El canciller explicó que México buscará construir con la administración de Joe Biden un “entendimiento simétrico, respetuoso”, y no recurrir a la asistencia como se hacía en el pasado. La Iniciativa Mérida fue un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que acordaron Estados Unidos y México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) que se centró en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Ebrard adelantó que México ya presentó diez prioridades para el encuentro binacional que contemplan la “reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó en agosto una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas bajo el argumento de que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han provocado un gran derramamiento de sangre en México.

Sobre los puntos que se discutirán en el encuentro, la Casa Blanca adelantó la víspera que el diálogo con México se basará “en los debates de meses anteriores sobre la protección de nuestro pueblo, la prevención de la delincuencia transfronteriza y la persecución de las redes delictivas”.

La activación del DANS fue uno de los acuerdos a los que llegó López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris durante la reunión bilateral que sostuvieron en junio en la capital mexicana.

CIUDAD ACUÑA, México (AP) — Un campamento donde hace días más de 14.000 migrantes se encontraban junto a la frontera de Texas se había reducido drásticamente el jueves, mientras al otro lado del río, en México, los migrantes haitianos se encontraron rodeados al amanecer por efectivos de seguridad mientras un helicóptero atronador sobrevolaba el lugar.

Hasta el jueves, unos 4.000 migrantes permanecían debajo del puente entre la localidad Del Río, en Texas, y México, luego de que el número alcanzara un máximo de 15.000 el fin de semana, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Se les estaba proporcionando comida, refugio y atención médica a quienes lo necesiten, dijeron los funcionarios.

Aproximadamente 1.400 han sido rápidamente enviados a Haití en 13 vuelos bajo la ley de salud pública pandémica conocida como Título 42, dijeron los funcionarios del Departamento de Seguridad a los periodistas. Otros 3.200 están bajo custodia de Estados Unidos y están siendo procesados, mientras que varios miles han regresado a México, dijeron funcionarios de dicha agencia, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar públicamente sobre una operación en curso.

El Departamento de Estado está en conversaciones con Brasil y Chile para permitir el regreso de algunos haitianos que anteriormente residían en esos países, pero el tema es complicado porque algunos ya no tienen estatus legal allí, dijeron los funcionarios.

Estados Unidos y México parecían ávidos de poner fin a una situación humanitaria altamente politizada en la frontera, al tiempo que la expulsión de haitianos por Estados Unidos a su país en llamas le valió fuertes críticas al gobierno del presidente Joe Biden.

El enviado especial de Biden a Haití, Daniel Foote, presentó una carta de renuncia en la que denunció las “inhumanas” expulsiones masivas de migrantes haitianos, dijeron funcionarios estadounidenses el jueves.

En México, los migrantes acampados en un parque junto al río en Ciudad Acuña se encontraron con camiones de la policía estatal colocados a cada 10 metros entre sus carpas y la orilla. Después de varios minutos de indecisión, docenas de familias optaron por echarse al río y cruzar por un punto donde había un solo vehículo de la policía municipal, pensando que era preferible arriesgarse con las autoridades de Estados Unidos.

La entrada al parque estaba bloqueada, y afuera efectivos de la Guardia Nacional y agentes de inmigración aguardaban junto a tres buses. Un helicóptero sobrevolaba el lugar.

El murmullo matutino habitual del campamento quedó en silencio mientras los migrantes trataban de tomar una decisión.

Guileme Paterson, una haitiana de 36 años, parecía aturdida. “Es un momento difícil”, dijo antes de iniciar el vadeo del río Bravo con su esposo y cuatro hijos.

El objetivo de la operación mexicana aparentemente era forzar a los migrantes a volver a cruzar el río a Texas. Una barda y una hilera de vehículos los obligaban a enfilar hacia el cruce que habían utilizado durante toda la semana.

Los buses partieron vacíos. La mayoría de los migrantes permanecieron en el campamento.

“Mal, mal, mal, las cosas van mal”, dijo Michou Petion, al caminar hacia el río con su hijo de 2 años en brazos. Su esposo portaba las bolsas con sus pertenencias y llevaba varios pares de zapatillas colgados del cuello.

“Estados Unidos hace muchas deportaciones a Haití, ahora no sé si puedo entrar o salir”, dijo Petion.

“Hablamos con mucha gente y están nerviosos, tienen miedo, están desesperados”, dijo Christoph Jankhoefer, de Médicos Sin Fronteras, que trabaja en el campamento de Ciudad Acuña. El despliegue de fuerzas de seguridad generó mucho miedo e incertidumbre, agregó. “Dos mujeres lloraban porque no quieren ser deportadas a Guatemala”.

En las últimas semanas las autoridades mexicanas han transportado a migrantes de otros países a la frontera guatemalteca.

Del lado estadounidense, el gobierno había acelerado los esfuerzos para vaciar el campamento. Había dejado en libertad a muchos migrantes con órdenes de comparecer luego ante las autoridades de inmigración y transportado a cientos de regreso a su país.

El campamento llegó a tener más de 14.000 personas el fin de semana, de acuerdo con algunas estimaciones.

“Ayer... tuvimos 54 buses grandes y después otros 12 que llegaron y luego 60 vans de pasajeros y seis más desde El Paso”, dijo Owens, el funcionario de Val Verde.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estado transportando a los haitianos desde Del Rio, una población de 35.000 habitantes, a El Paso, Laredo y el Valle del Río Grande junto a la frontera de Texas y esta semana añadió vuelos a Tucson, Arizona, dijo el funcionario. En esos lugares los reciben efectivos de la Patrulla Fronteriza.

Afuera del campamento, agentes de la patrulla y la policía de Texas recorrían los altos cañaverales, aparentemente en busca de migrantes.

Los escombros y la basura del campamento estaban apilados prolijamente.

En tanto, Foote, designado enviado estadounidense a Haití en julio, escribió al secretario de Estado Antony Blinken que renunciaba inmediatamente “con profunda desilusión y disculpas a los que buscan cambios cruciales”.

“No permitiré que me asocien con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde funcionarios estadounidenses están encerrados en cuarteles seguros debido al peligro que significan las pandillas armadas en la vida cotidiana”, escribió. “El enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no modificadas para proyectar una narrativa distinta de la mía”.

Se sabía que el diplomático de carrera sentía profunda insatisfacción con lo que consideraba la falta de urgencia en Washington y la lentitud de los esfuerzos para mejorar las condiciones en el país caribeño.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó las afirmaciones de Foote y dijo que sus propuestas habían sido objeto de “plena consideración en un proceso riguroso y transparente”.

“Se consideró que algunas de esas propuestas eran perjudiciales para nuestro compromiso de promover la democracia en Haití y se las rechazó en el proceso de elaboración de los planes. Su declaración de que se ignoraron sus propuestas es falsa”, dijo Price.

Al menos un alto funcionario en Haití aplaudió la renuncia de Foote y acusó a la Patrulla Fronteriza de violar los derechos de los migrantes haitianos.

“Es la primera vez que vemos que un diplomático estadounidense se pronuncia contra la voluntad del gobierno estadounidense”, dijo Mathias Pierre, ministro de elecciones de Haití, a The Associated Press. “Lo felicitamos por ello”.

Exhortó al gobierno estadounidense a tratar mejor a los migrantes y se preguntó por qué parecía estar tan empeñado en deportarlos.

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