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ZANATEPEC, México (AP) — El Instituto Nacional de Migración de México dijo el miércoles que ha entregado 800 visas humanitarias o de residente permanente a personas que viajaban con la caravana de migrantes que partió el 23 de octubre de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, y que aceptaron la propuesta del gobierno mexicano para regularizarse.

Según explicó la agencia migratoria en un comunicado, parte de ellas son personas vulnerables -menores, mujeres embarazadas o enfermos- y otras eran personas que ya tenían “una respuesta positiva de refugio, así como sus familiares”.

El gobierno mexicano había lanzado esta propuesta hace días pero muchos de los migrantes desconfiaban porque para recibir los documentos tenían que dejar la caravana y trasladarse a otros estados y temían ser devueltos a sus países.

Las visas se entregaron en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Hidalgo y Guerrero, agregó el INM.

En los últimos días, cada vez más migrantes, la mayoría centroamericanos, se han acercado a las autoridades porque después de recorrer más de 300 kilómetros, muchos con niños en brazos, no podían más, El miércoles en torno a un millar seguía caminando en grupo pero la caravana había llegado a juntar en su momento álgido a unas 4.000 personas.

“Ya me estaban dando ganas de entregarme porque ya no aguanto, me duelen mucho mis piernas y mi hija igual anda igual”, explicaba la salvadoreña Marisol Guzmán desde Zanatepec, en Oaxaca. Sin embargo, su madre la animó a seguir.

Guzmán dijo sentirse más desanimada porque mucha gente ha desistido. Ella reconoció que no está muy de acuerdo con algunas cosas que les indican los activistas que les acompañan “pero tenemos que seguir porque el señor que nos dirige es el que sabe... yo no conozco por estos lados”.

El grupo se encontraba el miércoles en Zanatepec, en la zona del istmo, la más estrecha del sur de México.

Algunos tenían miedo hasta de ir al médico por miedo a que les detuvieran y les devolvieran a sus países. Otros en cambio, como Byron Villafuente, que viajaba con su esposa y su hija, dijo que lo detuvieron cuando fue a comprar pero aunque le tuvieron tres días encerrado luego le soltaron.

En las dos semanas y media de caminata solo un día se registró un choque violento entre un pequeño grupo de migrantes y miembros de la Guardia Nacional que acabó con cinco agentes heridos.

 

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — El gobierno de Estados Unidos se comprometió el martes a reforzar la Policía Nacional de Haití mientras el país enfrenta un aumento de la violencia de las pandillas y una grave escasez de combustible que ha agravado su crisis económica.

Estados Unidos ha proporcionado 19 de los 60 vehículos policiales prometidos a las autoridades haitianas y pronto entregará un par de cientos de equipos de protección, explicó Todd Robinson, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley.

Además, Washington trabajará con la policía haitiana para hacer frente a las pandillas e implementará programas de desarrollo comunitario y prevención de la violencia, agregó el funcionario estadounidense.

“Seamos claros. Haití enfrenta una serie de desafíos, pero las pandillas son la mayor amenaza a la estabilidad ciudadana. El gobierno de Estados Unidos se toma esta amenaza muy en serio”, afirmó Robinson durante una visita oficial de dos días al país, que trata de recuperarse del asesinato de su presidente el 7 de julio y de un sismo de magnitud 7.2 que remeció el suroeste del país a mediados de agosto y dejó más de 2,200 fallecidos.

Aunque afirmó que Estados Unidos trabajará con otras autoridades gubernamentales, “Al final del día, no va a ser la comunidad internacional la que salga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos”, añadió.

Según Robinson, Washington no planea enviar tropas pero trabaja muy de cerca con Haití “para liberar de forma segura y lo antes posible” a los 16 ciudadanos estadounidenses y al canadiense que fueron secuestrados el 16 de octubre. El líder de la pandilla 400 Mawozo que secuestró a los misioneros de Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, ha pedido un recate de un millón de dólares por cabeza.

Horas más tarde, altos cargos gubernamentales haitianos ofrecieron una conferencia de prensa acerca de la escasez generalizada de combustible que se achaca al bloqueo de las terminales de distribución por parte de las pandillas. La crisis afecta a hospitales, escuelas, transporte público, empresas de telefonía, bancos, periódicos o emisoras de radio, entre otros.

“Estamos trabajando sin descanso para resolver la crisis del gas”, dijo el ministro de Justicia Liszt Quitel. “La crisis es complicada”.

También el martes, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) expresó en un comunicado su preocupación extrema por la falta de combustible y pidió a todos los actores implicados que hagan todo lo necesario para garantizar un suministro estable de gasolina.

TAPACHULA, México (AP) — Al menos 12 personas, que se presume eran migrantes, fallecieron el martes en un accidente entre dos vehículos de transporte de pasajeros que tras chocar se incendiaron en una carretera del sur de México, indicaron las autoridades estatales.

El accidente ocurrió la madrugada del martes en el tramo carretero Palenque-Playas de Catazajá del estado sureño de Chiapas, una usual ruta de tráfico de personas, en el que estuvieron involucradas dos vagonetas de transporte de pasajeros, informó Protección Civil de la entidad.

La Fiscalía General de Chiapas dijo en un comunicado que en el accidente perecieron 12 personas que aún no han sido identificadas y resultaron lesionados tres hondureños.

Entre los heridos está un menor que presentó quemaduras de segundo grado y fue trasladado al Hospital General de Palenque.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio y la Guardia Nacional intervino para resguardar la escena.

Un funcionario del área de comunicación de la Fiscalía General de Chiapas dijo que al parecer las víctimas eran centroamericanos, pero aún se están realizando trabajos de identificación.

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las protestas antigubernamentales no cesan en varias ciudades de Bolivia tras la muerte de un manifestante en el tercer día de paro convocado por vendedores callejeros, transportistas y organizaciones opositoras contra leyes que impulsa el gobierno y en demanda de medidas de reactivación económica.

Un manifestante de 22 años falleció el martes en la noche en la sureña ciudad de Potosí, informó el Defensor del Pueblo en un comunicado.

El joven falleció supuestamente por broncoaspiración en medio de enfrentamientos callejeros entre grupos oficialistas que pretendían romper los bloqueos en calles y avenidas y manifestantes antigubernamentales, declaró Juan Carlos Manuel, dirigente del Comité Cívico de Potosí que convocó al paro. Las autoridades no han confirmado la causa del deceso.

Varios vehículos fueron quemados en esa ciudad -a 410 kilómetros al sur de La Paz- donde la víspera se vivió la jornada más violenta desde que inició la protesta nacional. Arce suspendió su visita a esa ciudad, que el miércoles celebra su aniversario, por “los hechos de violencia”, dijo el portavoz gubernamental Jorge Richter.

Santa Cruz, en el oriente; Cochabamba, en el centro, y Tarija, en el sur, han sido las otras ciudades donde se registraron choques entre policías y manifestantes con varios heridos. Los organizadores de la protesta llamaron a continuar el paro, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, epicentro de las protestas contra una ley “de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo” que el gobierno impulsa por exigencia de las potencias mundiales y los organismos financieros internacionales.

Las protestas exigen la derogación de la norma a la consideran “confiscatoria”, dijo Francisco Figueroa, dirigente de los vendedores callejeros y pequeños comerciantes, el gremio con más de medio millón de afiliados en un país donde la informalidad está por encima del 70%, según expertos.

Los manifestantes también reclaman medidas de reactivación para una economía castigada por la pandemia. En tanto, Arce acusó a los opositores de pretender desestabilizar su gobierno.

Arce cumplió el lunes su primer año de mandato en una Bolivia confrontada y enfrenta un creciente descontento social de sectores aliados que reclaman medidas contra la crisis. Además, gobierno y oposición están fuertemente enfrentados por revanchismos derivados de la crisis política de 2019 cuando unas elecciones denunciadas de fraudulentas encendieron una protesta social con 37 muertos que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, y es acusado por la oposición de influir en el gobierno de su heredero político.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los cuerpos de siete hombres, con mutilaciones en sus extremidades, fueron localizados en el interior de un taxi abandonado en una localidad del occidente mexicano donde grupos criminales mantienen enfrentamientos por el control territorial, anunciaron autoridades estatales.

El hallazgo se realizó la noche del sábado en una calle del municipio de Hidalgo, en el estado de Michoacán, indicó un comunicado la Fiscalía General de la entidad.

Las autoridades no han logrado hasta el momento determinar la identidad de los siete cuerpos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Algunos medios locales señalaron que en el taxi se encontró un escrito amenazante con las iniciales de CJNG que corresponden al Cartel Jalisco Nueva Generación que es una de las organizaciones criminales que operan en Michoacán y mantiene una pugna con los integrantes de Cárteles Unidos y otros grupos delictivos.

En un poblado indígena del noroccidente de Michoacán fueron localizados hace cinco días los cuerpos baleados de 11 personas, seis de ellos menores de edad.

Michoacán es uno de los seis estados del país, junto con Guanajuato, Baja California, Jalisco, México, y Chihuahua, que concentraron la mitad de los homicidios que se registraron entre enero y septiembre que alcanzaron los 25.392, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los homicidios dolosos ocurridos en los primeros nueve meses del año en México disminuyeron 3,4%, en comparación con igual período del año pasado, se indicó.

Las políticas de seguridad aplicadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas que sostienen que no hay un plan definido y que sólo ejecuta acciones aisladas que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad en el país.

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