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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cientos de mujeres marcharon el domingo por el centro de la Ciudad de México y un suburbio para protestar por la horrenda muerte de una joven de 18 años en la ciudad de Monterrey, en el norte del país.

Hubo protestas adicionales en el suburbio de Ciudad Nezahualcóyotl, donde dos mujeres fueron asesinadas la semana pasada. Los manifestantes, mujeres en su mayoría, portaban letreros en los que se leía: “No al acoso” y “México es una fosa común”.

En la Ciudad de México la marcha fue pacífica en su mayor parte, a diferencia de muchas otras protestas por los derechos de la mujer en años recientes. Las manifestantes no realizaron pintas con grafiti en el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

En lugar de ello, le pegaron pequeños afiches, cada uno describiendo la desaparición de una mujer. Muchos de los afiches tenían la imagen de Debanhi Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la cisterna de un motel de Monterrey el jueves, casi dos semanas después de su desaparición.

Las manifestantes gritaban “¡Justicia! ¡Justicia!” y portaban una pancarta que decía “Nos faltan 24.000 ”, refiriéndose al número de mujeres desaparecidas en el país. En México, el total de personas desaparecidas —hombres y mujeres— ya supera los 100.000.

Los activistas dicen que las policías y los fiscales no han actuado de manera oportuna ni efectiva en la investigación de los casos.

Esas críticas fueron reforzadas cuando el padre de Debanhi Escobar dijo que las autoridades habían registrado varias veces el motel. Pero no fue sino hasta que los trabajadores reportaron un olor fétido en el tanque subterráneo que los investigadores finalmente encontraron el cadáver. La joven murió de un golpe en la cabeza, aparentemente poco después de que fue vista por última vez el 8 de abril.

Su caso estremeció al país, debido a que ella se bajó a un costado de la carretera a altas horas de la noche después de que el chofer de un taxi aparentemente la tocó de forma indebida.

Su desaparición llegó hasta los titulares debido a una fotografía que le tomó el taxista, quien se suponía debía llevarla a su casa aquella noche.

El conductor, quien trabajaba para una aplicación de taxis, tomó la foto para mostrar que la joven se había bajado de su vehículo con vida a las afueras de la ciudad. Ahí se veía a una joven sola en medio de la noche y a un costado de la carretera, vestida con falda y zapatillas deportivas.

La imagen revela la vulnerabilidad y la seguridad en sí misma — o desesperación — de la joven.

Nadie volvió a verla hasta el jueves por la noche, cuando los investigadores lograron sacar su cuerpo de la cisterna de 4 metros (12 pies) de profundidad ubicada cerca de una piscina del motel a orillas de la carretera.

A los críticos les perturba el hecho de que incluso cuando las autoridades se ven obligadas a actuar debido a la indignación pública, los investigadores rara vez son oportunos y eficientes.

Según estos, 200 elementos usaron drones, perros entrenados y revisaron imágenes de las cámaras de seguridad en sus intentos por localizar a Escobar, aunque su cuerpo fue encontrado a poca distancia del lugar donde se bajó del taxi.

Los asesinatos de mujeres han ido en aumento en México en los últimos años, incrementándose de 977 en 2020 a 1.015 en 2021. La cifra refleja únicamente los casos clasificados como “feminicidios”, el término legal utilizado en el país para describir a las mujeres asesinadas debido a su género. La cifra de homicidios de mujeres en general es mucho mayor.

El número de mujeres desaparecidas sigue siendo elevado, con alrededor de 1.600 reportes de desapariciones en lo que va del año. Las autoridades aseguran que 829 de ellas continúan desaparecidas y 16 han sido encontradas sin vida.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El pánico se apoderó el lunes de turistas que corrieron desesperados después de escuchar fuertes estruendos en el aeropuerto internacional de Cancún.

Los vuelos fueron suspendidos durante casi tres horas luego de que las autoridades recibieron reportes de disparos en el aeropuerto de esta ciudad del Caribe mexicano, informó la Guardia Nacional en un comunicado.

Videos publicados en redes sociales mostraban a los viajeros apresurándose a salir de una terminal.

La Guardia Nacional indicó que no hubo evidencia de que se realizaran disparos, y señaló que los estruendos pudieron deberse a que alguien derribó tres letreros de publicidad dentro de la terminal.

Posteriormente, el aeropuerto difundió un comunicado en el que dijo que la situación de alarma fue causada por tres señalizaciones que se cayeron después de que alguien las empujó accidentalmente, provocando un ruido que causó que los usuarios salieran del aeropuerto a toda prisa.

El nerviosismo refleja la oleada de violencia y muerte que ha ensuciado la reputación de Cancún como un destino para relajarse.

La semana pasada, las autoridades encontraron cuatro cadáveres en matorrales en Cancún, y señalaron que eran parte de un total de 13 asesinatos que ha cometido el Cártel Jalisco Nueva Generación en la ciudad desde septiembre pasado. La mayoría de los cuerpos fueron localizados en terrenos o casas desocupadas.

La costa del Caribe, el destino turístico más rentable de México, atraviesa una desbordada ola de violencia.

En enero, la fiscalía señaló que el asesinato de dos canadienses cerca de Cancún fue por deudas entre organizaciones delictivas internacionales aparentemente dedicadas al tráfico de drogas y armas.

A finales de octubre, en el centro turístico y arqueológico de Tulum, al sur de Cancún, dos turistas — una bloguera californiana nacida en la India y una alemana_, murieron al verse inmersas en un tiroteo entre narcotraficantes de grupos rivales.

LIMA (AP) — El Congreso peruano debate el lunes un pedido de la oposición para destituir al presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral permanente.

Castillo irá a defenderse al Legislativo, donde leerá un discurso. La sesión empezará a las 15 (4:00 PM ET) y luego se iniciará un debate que finalizará con una votación. Se necesitan al menos 87 de los 130 congresistas para remover al mandatario pero no está claro si se alcanzará ese número.

El presidente dijo de forma breve a la televisión pública mientras visitaba una escuela local que esperaba “cerrar la página” en su confrontación con el Parlamento para “seguir trabajando juntos”.

El gobierno invitó a tres funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presenciar el debate que debe realizarse con “la mayor transparencia” porque es clave “para la gobernabilidad del país y para la preservación y plena vigencia de la democracia en el continente”.

Se desconoce si el Parlamento dejará ingresar por la tarde a los funcionarios de la OEA.

Esta es la segunda ocasión en que el Legislativo busca destituir al mandatario. En diciembre no obtuvo la cantidad de votos requerida.

Los legisladores que buscan destituir a Castillo alegan que el presidente tiene tres investigaciones por corrupción y la acusación de una aspirante a colaboradora que lo señaló de presuntamente integrar un grupo criminal que recibe dinero a cambio de obras públicas. Castillo ha negado todas las acusaciones.

La incapacidad moral permanente es una cláusula incorporada hace más de 180 años en las leyes constitucionales peruanas y “no tiene una definición objetiva”, según los expertos. En el siglo XIX significaba “locura”, pero ahora muchos la relacionan con la corrupción.

Desde 2017 el Parlamento han usado seis veces la causal de “incapacidad moral permanente” para intentar remover presidentes, contribuyendo a la inestabilidad política.

Desde 2016 Perú ha tenido cinco mandatarios y tres Parlamentos, cuando lo normal hubiese sido dos presidentes y dos Congresos. En noviembre de 2020 el país tuvo tres mandatarios durante poco más de una semana en medio de confrontaciones que provocaron dos muertos y más de 200 heridos.

El Parlamento y Castillo son impopulares en Perú, aunque la desaprobación del Congreso es mayor. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en febrero por el diario La República, indica que el Parlamento tiene 82% de desaprobación, mientras que Castillo alcanza 63% de impopularidad.

Castillo inició su gobierno el 28 de julio de 2021.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes el grupo internacional que investiga el caso.

Los expertos, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe —el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador— que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años. Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario.

El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso.

También indica que el ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.

Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares.

El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.

Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes.

Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.

Los expertos mostraron videos de un dron entregados por la Secretaría de Marina donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.

Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el video también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas.

Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el ejército había dicho que en ese lugar no había nada.

El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. Confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió.

La existencia de tortura, corroborada por la CIDH y la ONU, llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas. Ahora el grupo tuvo acceso a 60 videos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática.

El entonces jefe principal de la investigación, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada. México ha pedido su captura y extradición pero todavía está pendiente.

Sobre el móvil, no hay nuevos datos. El anterior gobierno barajó que se confundió a los estudiantes con delincuentes o que estaban infiltrados por el crimen, pero este punto no se ha probado. La actual fiscalía general dijo en 2020 que todo se enmarca en el tráfico de drogas y la protección que el cártel local tenía de los funcionarios. Autoridades mexicanas y estadounidenses tienen documentado el tráfico de heroína de Iguala a Chicago en autobuses como los que intentaron tomar los estudiantes. Los expertos de la CIDH denunciaron la existencia de un autobús que podía ser sospechoso de tal tráfico pero esta línea nunca se investigó y los archivos militares no tienen información al respecto.

Los padres de los estudiantes denunciaron que se quiso cerrar en falso el caso e insistieron en investigar al ejército. Con la llegada al poder de López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y una fiscalía especial dentro de la federal que en 2020 ordenó capturar por primera vez a militares. El anuncio tuvo una gran carga simbólica, dado el cada vez mayor poder que ha dado el presidente a las fuerzas armadas, pero sólo se ha informado de un militar capturado. La relación de los padres con el mandatario se ha tensado ante la falta de respuestas.

Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría fueron excarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.

El grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain y que lleva investigando el caso desde 2015, aseguró que ahora la colaboración de las autoridades es mayor, pero que sigue habiendo bloqueos. La Marina, por ejemplo, negó al fiscal encargado del caso la existencia del video del dron que sí les facilitó a ellos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, inaugurará el lunes uno de sus emblemáticos proyectos de infraestructura, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual refleja los contrastes y contradicciones de su administración.

La austeridad del gobierno —la principal promesa de campaña de López Obrador— se exhibe plenamente en la terminal, así como su acostumbrada dependencia excesiva en el Ejército mexicano.

Pero también hay afirmaciones gubernamentales ampliamente ridiculizadas sobre cuánto tardarán los pasajeros en llegar a la nueva terminal, ubicada a 43 kilómetros (27 millas) del centro de la ciudad, y reiteradas quejas del presidente de que hay una conspiración en la prensa para mancillar su nuevo aeropuerto, que lleva el nombre, por supuesto, del general Felipe Ángeles.

El presidente ve en el nuevo aeropuerto un símbolo de su batalla crepuscular contra el privilegio, el conservadurismo y la ostentación, cosas que él desprecia.

López Obrador canceló un costoso proyecto vanguardista iniciado por su predecesor sobre un pantano en el extremo este de la ciudad, mucho más cerca del centro, y decidió construir el nuevo aeropuerto en suelo más firme hacia el norte. Se proyecta que este costará 4.100 millones de dólares, lo que, según López Obrador, representa un ahorro en comparación con el proyecto que iba a estar en el sitio pantanoso.

El nuevo aeropuerto funcionará en conjunto con el aeropuerto existente de la Ciudad de México.

López Obrador se ve a sí mismo como líder de una “transformación” histórica e irreversible de México, y ha recurrido a proyectos de construcción —y al Ejército— para proteger ese legado.

“López Obrador, por esa prisa revolucionaria, esa prisa de entregar lo que ofrecían en seis años, lo cual es obviamente imposible, ha hecho casi todo de manera improvisada”, opinó el analista político José Antonio Crespo. “Varias veces ha dicho eso no es un cambio de gobierno, es una revolución”, agregó.

Cuando el Tren Maya se topó con problemas —los ingenieros descubrieron que no podían construir un tramo elevado a lo largo de la costa del Caribe porque significaría cerrar la única carretera de la región— simplemente comenzaron a atravesar la selva. Nunca se elaboró una declaración integral de impacto ambiental o un plan de factibilidad para el proyecto. Nadie sabe cuántos turistas realmente lo usarán.

La prisa por completar proyectos antes de que finalice el mandato de un político no es poco común en México, pero ha resultado peligrosa en el pasado. El actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apresuró en 2012 la finalización de una línea del Metro antes de dejar el cargo de jefe de gobierno (alcalde). Una sección elevada de esa línea del Metro colapsó debido a defectos de construcción en 2021, matando a 26 personas.

Hasta el momento se han programado pocos vuelos para el nuevo aeropuerto y aún no se han construido enlaces viales.

López Obrador ha desestimado las preocupaciones sobre la viabilidad y la rentabilidad de la nueva terminal. Está tan alejado del centro de la ciudad que las principales aerolíneas internacionales lo han evitado. Hasta el momento, el único vuelo internacional está a cargo de una aerolínea venezolana que está bajo sanciones de Estados Unidos y solo viaja a Caracas.

La mayoría de las decisiones del presidente sobre dónde y qué construir parecen ser muy personales. Para justificarlas, ha realizado “referendos” a los que solamente asiste un número relativamente pequeño de votantes, principalmente sus partidarios.

El gobierno afirma que la gente tardará nada más una hora y media en llegar a la nueva terminal desde el sur de la megalópolis. Eso puede ser cierto si las avenidas están despejadas, pero las calles normalmente enredadas podrían convertir eso en un viaje impredecible de dos horas y media, más que algunos de los vuelos nacionales.

José Antonio López Meza, consultor de ingeniería que ha visitado la nueva terminal, dice esta es “de difícil acceso todavía y lo sabemos. Es muy largo el trayecto, dos horas al hilo, saliendo de Polanco”, una zona más cercana al centro.

Quizás para compensar, el gobierno de López Obrador ha manipulado las reglas.

La administración cambió las reglas que generalmente requieren que los pasajeros se presenten dos horas antes de un vuelo nacional y tres horas antes de un vuelo internacional. En la terminal de Felipe Ángeles, solo se requerirá que se presenten una o dos horas antes de esos vuelos.

López Meza, el ingeniero, dice que el Ejército ha hecho un buen trabajo construyendo la nueva terminal en solo un par de años y acepta el argumento de López Obrador en contra del antiguo proyecto.

“Este aeropuerto es más austero. Sí el otro iba a ser algo muy lujoso, muy bonito, muy vistoso, pero como ingeniero puedo decir que en la zona donde se iba a construir era un error… se iba a hundir”.

“Es bueno que (el nuevo aeropuerto) sea más barato y funcional”, dijo. “No quiero un aeropuerto lujoso y bonito. La verdad es que las condiciones de mi país y de nuestra gente no son las adecuadas para el aeropuerto que iban a construir”.

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